Samantha Hargreaves de WoMin—una alianza africana dedicada a las cuestiones de género y las industrias extractivas— habla con Andrew Dey, miembro de IRG, sobre las relaciones entre el género, las industrias extractivas y el militarismo en África, y sobre las acciones que está llevando a cabo esta alianza para contrarrestar la situación.
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Fuente:Internacional de Resistentes a la Guerra – IRG
– Cuéntenos sobre la labor que realizan. ¿Qué es WoMin? ¿Cuándo se formó y cómo está compuesta esta alianza? ¿Cuáles son los asuntos críticos en los que trabajan?
– WoMin se puso en marcha en octubre del 2013. Trabajamos con aproximadamente 50 organizaciones afiliadas en 14 países de África meridional, oriental y occidental. La mayor parte de nuestros socios se dedican a tratar cuestiones relativas a las tierras, los recursos naturales, las industrias extractivas, la justicia ambiental y climática, y los derechos de las mujeres. En general, nuestro trabajo con las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres ha representado un desafío debido al hincapié que hacen en cuestiones de género más “tradicionales”, como la violencia contra las mujeres, la educación y la salud de las mujeres y las niñas; una cantidad más pequeña trabaja en temas relacionados con el medioambiente, las tierras y otros asuntos de justicia económica.
WoMin tiene una secretaría situada en Sudáfrica y un órgano rector que representa a todas las subregiones en las que trabajamos. Relacionar las industrias extractivas, el cambio ambiental y climático y los derechos de las mujeres es una idea bastante innovadora: en el 2013, no encontramos ninguna organización que trabajara de manera directa con este entrecruzamiento de temas en África y muy pocas se dedicaban a lo mismo en el ámbito nacional. Por lo tanto, WoMin llena un vacío político importante: apoyamos el desarrollo de los movimientos de mujeres que aporta una perspectiva vital en materia económica y ambiental, y promovemos las propuestas que abordan los cambios evolutivos necesarios para una perspectiva africana sintética entre feminismo, economía y justicia ecoclimática.
– Ustedes trabajan específicamente en proyectos relacionados con el extractivismo. ¿Podría describir el vínculo entre los proyectos extractivistas, el género y la militarización o la violencia?
– La extracción de recursos es un proceso profundamente violento y brutal: les quita a las personas las tierras y los bosques; contamina el agua, el aire y el suelo; y fuerza a los mineros artesanales1 y los obreros industriales a soportar condiciones de trabajo peligrosas y violentas. En WoMin, nuestros análisis y respuestas tratan las dimensiones de género de esa violencia estructural. Hemos escrito al respecto y comenzado a organizarnos en torno a la militarización y la seguritización de las comunidades y las regiones afectadas por las industrias extractivas. También hemos empezado a señalar el efecto que tiene este proceso en el cuerpo y la vida de las mujeres.
En Sudáfrica, Bazooka Rhadebe —activista fundamental en la lucha contra la minería de titanio en Xolobeni, Cabo del Este— fue asesinado en marzo del 2016. La semana próxima, WoMin regresará a las comunidades Somkhele y Fuleni de KwaZulu-Natal (Sudáfrica), quienes luchan contra la minería de carbón y donde hubo casos de intimidación, ataques graves y amenazas de muerte contra los activistas antiminería.
En Tanzania, un gasoducto patrocinado por los chinos que se extiende desde el sur del país hasta Dar es Salaam fue motivo de una manifestación realizada en el 2013 por los habitantes locales que soportaron el costo de haber sido desplazados de las tierras pero no resultaron beneficiados por la extracción de gas. En mayo del 2013, en respuesta a los disturbios locales, el gobierno de Tanzania envió a los militares al pueblo Mtwara y sus alrededores para doblegar la resistencia. Los militares asesinaron al menos a cuatro manifestantes, hirieron a cientos más y trasladaron a los principales activistas hasta un cuartel militar de la zona, donde los golpearon y torturaron. Asimismo, al menos una mujer fue secuestrada por un soldado en la aldea Msimbati durante este período de disturbios.
En Uganda, los yacimientos petrolíferos están fuertemente militarizados y los militares trabajan en conjunto con el personal de seguridad de las minas para controlar los movimientos y la actividad de las comunidades locales. Allí las mujeres, que por tradición recolectaban leña, alimentos y plantas medicinales de los campos y los bosques de los alrededores, ahora son objeto del acoso sexual permanente y de cacheos al desnudo cuando llevan a cabo las actividades de subsistencia.
En Zimbabue, en los yacimientos de diamantes de Marange, más de 200 mineras artesanales y residentes mujeres fueron sometidas a violaciones en grupo durante una operación militar del 2008, que les abrió el camino a los militares para que asumieran el control. Más de 200 mineros fueron asesinados por los militares durante esas operaciones. En el 2011, la BBC reveló la existencia de un campo de tortura donde eran torturados los mineros y los habitantes de la comunidad y donde estaba generalizado el abuso sexual de las mujeres.
La militarización y la seguritización van de la mano de las industrias extractivas, que sacan provecho de los vínculos políticos que tienen con los funcionarios electos, los militares y la élite nacional. La militarización y la seguritización fomentan la cultura de violencia profundamente arraigada contra los trabajadores, las comunidades y las mujeres. La violencia es un elemento intrínseco e inseparable de las industrias extractivas y el extractivismo como modelo de desarrollo. Hay una concentración significativa de hombres en estas industrias, que han emigrado de sus comunidades y se han librado de las restricciones sociales y culturales relacionadas con el comportamiento y las relaciones interpersonales, lo cual contribuye a que haya niveles altos de violencia interpersonal y violencia contra las mujeres. Los trabajadores —hombres y mujeres— ejercen su labor en condiciones difíciles que, con frecuencia, ponen en riesgo la vida. Asimismo, en el sector de la minería artesanal, los trabajadores —y las mujeres, en particular— usan sustancias químicas muy peligrosas, como el mercurio. Con la introducción de la minería y los desplazamientos asociados a esta, las mujeres pierden los recursos de los cuales dependen para sustentarse y trabajar la tierra, lo cual las hace aún más vulnerables a la violencia.
– ¿Cuáles son los planes de WoMin para el futuro?
– En la reunión regional que tuvo lugar en octubre del 2015 en el delta del Níger (Nigeria), WoMin tomó la decisión de organizar una campaña popular sobre combustibles fósiles, energía y justicia climática, liderada por mujeres africanas. La campaña se desarrolla en cuatro países: Sudáfrica, Nigeria, Uganda y la República Democrática del Congo. La meta es bastante innovadora: lograr un modelo de hacer campaña que se construya desde las bases, que apoye la conformación de organizaciones y movimientos de mujeres, y que adhiera a los principios ecofeministas. También tiene por objetivo entrecruzar o hacer que converjan las luchas por los derechos de las mujeres, la justicia ambiental y climática, los recursos terrestres y naturales, y la energía.
Las otras áreas de trabajo de nuestra organización son: el extractivismo, la militarización y la violencia contra la mujer, y las alternativas de consentimiento y desarrollo. Es necesario que las alternativas surjan desde las comunidades y las mujeres en particular, sus prácticas y aspiraciones de desarrollo. La mayor parte de las comunidades africanas dependen de la tierra, del agua y de los bosques para subsistir. Necesitan que los gobiernos prioricen las inversiones en infraestructura local, como obras de irrigación, mercados, caminos, etc., que ayuden a producir alimentos, a beneficiarse de ello y mejorar los medios de subsistencia. En cambio, los estados destinan gran cantidad de fondos públicos a represas, infraestructura en materia de energía, caminos y puertos que benefician a las megacorporaciones en lugar de los habitantes locales.
Las comunidades saben lo que quieren y necesitan para lograr el desarrollo, definido en función de sus propios términos. Por ejemplo: en Fuleni, KwaZulu-Natal (Sudáfrica), las personas luchan en contra de la explotación de una mina de carbón. Se intenta instalar esta actividad en medio de una sequía significativa de ya varios años, que ha destruido la producción local de alimentos y ha empobrecido a los habitantes del lugar. Esta sequía se relaciona con el fenómeno de El Niño y el cambio climático, situación en la que los combustibles fósiles han tenido un rol fundamental por contribuir con las emisiones de carbono que causan el cambio climático. En lugar de asistir a estas comunidades para que se adapten a la sequía, brindar agua y otras alternativas de subsistencia, el estado sigue adelante con la instalación de una mina de carbón que requerirá cantidades enormes de agua que planean “importar” a la zona. La mayoría de los miembros de la comunidad rechazan la minería y apoyan la agroecología y la producción ganadera. Sin embargo, el gobierno sudafricano desoye e ignora las necesidades locales y, en efecto, el desarrollo nacional, para satisfacer las exigencias de las corporaciones —en este caso, Glencore y BHP Billiton— que tienen conexiones políticas, supuestamente con la familia Zuma2.
En el marco de sociedades que se enfrentan a crisis múltiples de cambio climático, precios de alimentos cada vez más altos, desempleo y falta de medios de subsistencia, necesitamos que los gobiernos tengan un plan de desarrollo con visión de futuro. En cambio, tenemos gobiernos empecinados con la idea de que el desarrollo equivale al aumento de la inversión extranjera y el incremento del producto interno bruto (PIB). Estamos siendo obstaculizados por gobiernos que destinan la inversión a megacarreteras, ferrocarriles industriales, proyectos hídricos y puertos imponentes, que no son inversiones en las personas ni en la sociedad. ¡Y las personas pagan por esto! Los gobiernos transfieren recursos a los militares y desvían el presupuesto para cubrir la deuda por infraestructuras que benefician a las corporaciones. Entretanto, las mujeres campesinas y de clase trabajadora de todo África son las que —debido a la división de tareas— pagan por la ausencia del estado y cargan con los costos de la devastación ambiental y social externalizada que conllevan las industrias extractivas y las inversiones en megaestructuras.
Notas
1. La minería artesanal es una actividad informal y, con frecuencia, “ilegal”, practicada usualmente por los pobres de zonas rurales, con métodos y herramientas bastante rudimentarios, para complementar la agricultura de subsistencia.
2. Jacob Gedleyihlekisa Zuma es el presidente de Sudáfrica desde 2009. También preside el partido gobernante, el Congreso Nacional Africano (ANC).
Traducción al español: Mayra Cavilla
