Debido a los pasos favorables que está dando la consulta popular minera en Ibagué, el Gobierno Nacional decidió enviar a la viceministra de Minas y Energía, María Isabel Ulloa, para defender ante el Concejo Municipal la política minera del Plan Nacional de Desarrollo. Durante la mañana de este viernes, se presentó la visita histórica de un funcionario del alto gobierno al Concejo Municipal de Ibagué. La razón principal es que por primera vez se está adelantando una consulta popular minera en una de las ciudades capitales del país y ello podría generarle inconvenientes a la ‘locomotora’ de Santos.
Ver también: Consulta popular en Ibagué sobre minería fue propuesta para el 5 de junio
Fuente: El Olfato
En su visita, Ulloa se dedicó a defender los proyectos mineros que existen en el Departamento con el mismo libreto que ha manejado el Gobierno Santos en diversos escenarios. Para la Viceministra, la minería es una actividad legítima que solo trae beneficios económicos para los territorios explotados.
Durante el debate, Ulloa se refirió a la necesidad de entregar títulos mineros en el Tolima y dijo que el Ministerio ha recibido 590 solicitudes nuevas de contratos y 127 solicitudes de legalización en el Tolima.
Por supuesto, la visita de la funcionaria se dio en vista de que la Corte Constitucional emitió una sentencia el pasado nueve de febrero en la cual frenaba los intereses del Gobierno Santos de quitarle autonomía a los municipios y las Corporaciones Autónomas Regionales, CAR, frente a asuntos de explotación de subsuelos (Ver: Gobierno Nacional debe respetar autonomía territorial frente a asuntos mineros, dice la Corte Constitucional).
“El mensaje desde el sector minero es que ya hay una sentencia que nos habla de coordinación y que estamos en la tarea de mirar a futuro qué se puede hacer. La razón no puede ser sí y no, minería o vida, agua o minería, debe ser las dos cosas y podemos hacer las dos cosas de manera concertada y congruente”, dijo Ulloa.
Esta posición de la funcionaria resulta inquietante si se tiene en cuenta que en el Plan Nacional de Desarrollo se contemplaba que fuera la Autoridad Nacional Minera quien subastara las licencias ambientales en zonas consideradas todo ello con el fin de adelantar los 78 megaproyectos de ‘interés especial’ (Pines) promovidos por Juan Manuel Santos.
“El sector minero es necesario. Los materiales de construcción para las vías que todos queremos en el país y en el departamento del Tolima son minería, son proyectos mineros. La minería también es de pequeña escala, de tolimenses y gente de Ibagué que han estado aquí toda la vida”, insistió la funcionaria.
Asimismo, frente al tema de la consulta popular minera, Ulloa prefirió no revelar cuál es la posición del Gobierno Nacional y más bien trató de evadir, afirmando que ahora era necesario concertar acerca de proyectos mineros.
“La decisión sobre si el Concejo puede o no hacer una consulta de esta materia no es de mi cartera ni de mi competencia. Las autoridades ya se han pronunciado, y también algunos tribunales. Ya será el Concejo si decide o no seguir con la consulta”, dijo Ulloa.
Consultas populares mineras en Piedras y Tauramena
Es posible que debido a la imagen mediática a nivel nacional que tiene el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, el Gobierno Santos haya decidido hacerle frente a la iniciativa popular que se está promoviendo en Ibagué.
Esto podría deberse a que otras consultas populares mineras en el país sí han prosperado, pese a las trabas impuestas incluso por algunas autoridades ambientales. Así, la primera de ellas, realizada en Piedras, Tolima, en el mes de julio del 2013, fue una acción de soberanía popular en la cual los habitantes se pronunciaron en contra de la llegada de AngloGold Ashanti al municipio.
La segunda consulta se realizó en Tauramena, Casanare, el pasado 15 de diciembre de 2013, y allí la mayoría de los habitantes votaron en contra de que se realicen actividades sísmicas en siete veredas de su jurisdicción.
Por supuesto, la visita de la Viceministra se dio luego de que se empezara a conocer en diversos medios de la ciudad que es posible convocar una consulta popular minera sin incurrir en ningún tipo de acción ilegal.
