Una semana después de que el presidente José Mujica enviara al Congreso el proyecto de ley sobre “minería de gran porte”, las organizaciones agropecuarias, religiosas, ambientalistas y de la sociedad civil que impulsan consultas populares, a nivel municipal, no descartan un pedido de reforma constitucional que regule la actividad. La campaña comenzó en los departamentos de Tacuarembó, Lavalleja y Treinta y Tres, y ya realizó una gigantesca manifestación a pie y a caballo por las calles de Montevideo el 11 de octubre.
Fuente: Página/12
“Es una lucha que nunca pensamos que tuviéramos que dar pero estamos decididos a darla”, sostuvo Aníbal Terán, productor rural que integra una de las organizaciones del esteño departamento de Treinta y Tres, ubicado a 285 kilómetros de Montevideo.
Los movilizados necesitan conseguir las firmas del 15 por ciento del padrón electoral departamental para convocar un referéndum, mientras que la reforma constitucional ya es más complicada porque se requieren 300 mil firmas, y las organizaciones no cuentan con respaldo de ninguno de los cuatro partidos políticos con representación en el congreso. Todas las fuerzas políticas se comprometieron a promover la minería a cielo abierto en el país.
“Estamos desamparados de nuestros políticos que lideran las organizaciones. Somos uruguayos de a pie. No hay ministros, senadores ni diputados. Todos esos están en la vereda de enfrente, pero la lucha se va a dar”, recalcó Terán.
El militante contra el modelo de explotación extractivo señaló que el movimiento social, que integran 30 organizaciones de todo el país, no tiene una estructura nacional, un liderazgo único y ni siquiera un discurso global, pero “se está construyendo sobre la marcha, entre todos”.
Si prosperan los referéndums municipales y se rechaza la minería en sus territorios se creará un gran problema al gobierno central porque esos municipios podrían declararse libres de minería. “Entonces habrá que recurrir a la Suprema Corte de Justicia y entraremos en otra lucha jurídica. Pero la pelearemos por todos lados”.
Hay que “detener esto que sería catastrófico para el país desde todo punto de vista”, sostuvo Terán. “Estratégicamente no le conviene al país porque desplaza los rubros fuertes que son la agricultura, la ganadería y el turismo. No son compatibles la minería con esos otros buenos negocios”, resaltó.
El Poder Ejecutivo, que encabeza el presidente José Mujica, envió al Congreso, la semana pasada, un proyecto de ley sobre “minería de gran porte” que las organizaciones sociales quieren evitar que se apruebe.
El 10 de noviembre se realizará una nueva asamblea nacional en el balneario atlántico de La Paloma, en el departamento de Rocha para “seguir afinando detalles de cómo encarar la lucha y de ahí puede salir alguna resolución”. El 1 de diciembre realizarán otra marcha en la ciudad de Treinta y Tres.
