El Gobierno peruano anunció el sábado que elaborará un nuevo marco regulatorio que garantice el cuidado ambiental en las actividades extractivas y destacó que fiscalizará el cumplimiento de las normativas de un multimillonario proyecto minero de la estadounidense Newmont. Continúa el rechazo y el descontento de la población hacia la megaminería en amplias regiones peruanas.
Fuente: Terra
23/06/2012. El anuncio, realizado por el presidente Ollanta Humala en un mensaje a la nación, se da luego de que Newmont aceptara las recomendaciones de un equipo de peritos para implementar un plan de mitigación ambiental más estricto en el proyecto Minas Conga.
El proyecto, que tiene una inversión de 4.800 millones de dólares, es uno de los más grandes a realizarse en la historia del país.
“Constituiremos una comisión multisectorial que en treinta días entregará la propuesta de normas que nos permitan avanzar en el camino del desarrollo sostenible”, dijo el mandatario en un mensaje transmitido por varios canales y radios del país.
El presidente aseguró que su Gobierno pondrá especial énfasis en actualizar las políticas y regulaciones ambientales para evitar impactos en la salud de los habitantes y en establecer mecanismos de prevención y resolución de conflictos.
El proyecto Minas Conga, que desarrollan Newmont con la peruana Buenaventura, ha estado detenido desde noviembre por una sucesión de protestas de pobladores que temen que la explotación minera pueda dañar sus fuentes de agua y causar contaminación.
“Quiero ratificar al pueblo de Cajamarca que el requisito indispensable para dar continuidad al proyecto será garantizar el agua para la atención de las necesidades vitales y económicas de la población”, dijo el mandatario.
CONTINUA EL RECHAZO
En un intento por acabar con las protestas en la región norteña de Cajamarca -donde se ubica el proyecto-, el Gobierno peruano contrató a expertos externos para que evalúen el proyecto, tras lo cual ellos recomendaron mejoras al plan de impacto ambiental de la iniciativa.
“Hemos recibido la comunicación de la empresa minera expresando la voluntad de implementar las recomendaciones del dictamen pericial internacional y dar cumplimiento a todas las condiciones formuladas por mi Gobierno”, agregó Humala.
Por su parte, el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, uno de los principales opositores al proyecto Minas Conga, rechazó el mensaje de Humala, el que calificó como una provocación al pueblo de Cajamarca.
Santos anunció que promoverá una reforma a la Constitución para que las regiones administren sus recursos naturales.
“El presidente ha hablado de que quiere diálogo, que está dispuesto al diálogo y nunca escuchó a Cajamarca. Ha escuchado a los funcionarios de Newmont y no ha Cajamarca”, dijo Santos a la prensa.
“Vamos a empezar a recolectar firmas para un referéndum para una nueva Constitución, que permita administrar los recursos hídricos a cada región, y también (entregarle) soberanía sobre los recursos naturales”, agregó el líder regional.
Sin embargo, Humala garantizó que su Gobierno velará el cumplimiento de las mejoras comprometidas en el desarrollo del proyecto minero, fortaleciendo la fiscalización ambiental.
La minería en Perú, el segundo productor mundial de cobre, zinc y plata y el sexto de oro, es considerada clave porque aporta el 60 por ciento de los ingresos por exportaciones del país andino.
LEVANTAN ESTADO DE EMERGENCIA
Por otro lado, Humala también anunció el levantamiento del estado de emergencia que se decretó a fines de mayo en una provincia en el sur del país, luego de fuertes protestas contra la transnacional Xtrata que dejaron dos muertos y docenas de heridos tras enfrentamientos con la policía.
El mandatario puso fin a la medida tras abrirse el diálogo con los pobladores, que temen por daños ambientales.
La explotación minera despierta en Perú demandas sociales por una mayor tajada de los ingresos de las empresas y por beneficios sociales, mientras otros temen los impactos en el medio ambiente.
Los conflictos por temas mineros, que suman casi 250 en todo el país andino, amenazan con frenar proyectos por 53.000 millones de dólares en los próximos años.
