En conferencia de prensa especialistas ambientales analizaron monitoreos de la provincia cusqueña. La única unidad minera en etapa de explotación es la de Xstrata Tintaya, por lo que podría estar generando los mayores problemas de contaminación. De los ocho monitoreos practicados en la zona que se conocen, solo cuatro fueron participativos, y se realizaron en un periodo de 8 años. Los monitoreos y estudios practicados prueban que los problemas de contaminación fueron registrados desde el 2002 y que, por lo menos desde el 2010, el Ministerio de Salud conocía varios de ellos.

Fuente: CooperAcción

11/06/2012. Una sistematización realizada sobre los monitoreos y evaluaciones ambientales y de salud, a los que se tuvo acceso, confirman que en la provincia cusqueña de Espinar existe contaminación ambiental con metales pesados. Este análisis -elaborado por la Ing. Patricia Rojas de CooperAcción y la doctora Ana Leyva de Fedepaz, instituciones miembro de la Red Muqui y presentado hoy en conferencia de prensa- pone en evidencia que los reclamos de la población de esta localidad tienen fundamento y requieren ser atendidos.

Un dato importante de la evaluación es el relacionado a la actividad desarrollada por Xstrata Tintaya en la zona. Según información del Ministerio de Energía y Minas, en la provincia de Espinar se desarrollan en total cinco proyectos mineros. Tres de ellos (Tintaya, Antapaccay y Coroccohuayco) pertenecen a la compañía minera Xstrata Tintaya S.A. Del total de proyectos, solo la Unidad de Tintaya se encuentra, actualmente, en etapa de producción, lo que permitiría deducir que podría ser una de las responsables de la generación de los problemas de contaminación en el lugar, junto con los pasivos ambientales.

Cabe precisar que, si bien el proyecto Antapaccay formalmente es nuevo, en la práctica forma parte del mismo espacio territorial de la Unidad de Tintaya y supone una producción mayor a la que tiene ésta en un 60%.

Por otro lado, en el área donde se encuentran los proyectos mineros, entre ellos la Unidad Tintaya, se han realizado varios monitoreos de agua o evaluaciones ambientales y de salud. De estos se han difundido solo ocho. En este punto es necesario precisar que de los ocho monitoreos conocidos, solo cinco contaron con la participación de las comunidades afectadas y se practicaron en un periodo de ocho años.

En lo referido a Censopas, es necesario precisar que existen dos estudios realizados por este Centro. Uno sobre el ámbito de influencia del proyecto Quechua y otro sobre los proyectos mineros de la Provincia de Espinar, ambos elaborados a partir de muestras y resultados de monitoreos iguales.

Este último, titulado «Riesgos a la salud por Exposición a Metales Pesados en la Provincia de Espinar Cuzco, 2010» -elaborado entre agosto y octubre de 2010 y que evalúa metales pesados en seres humanos, alimentos, suelo, aire y agua- determinó la existencia de niveles sobre los límites permitidos de metales pesados en algunas de las muestras analizadas.

En este punto cabe precisar que, de las siete comunidades monitoreadas por Censopas, cinco formaron parte del ámbito de influencia de los proyectos mineros Tintaya, Coroccohayco, Antapacay y Quechuas, los que, junto a los pasivos ambientales dejados por antiguas minas, de alguna manera podrían tener relación con los resultados presentados en el mencionado estudio.

El análisis de las especialistas considera que, ante ello, el Ministerio de Salud debe aclarar la situación que se ha suscitado con la confusión de ambos informes. Su silencio ha permitido que se dañe la imagen de una Congresista de la República y de una autoridad local.

Sobre el río Salado, si bien en su naciente se registra una contaminación natural por los aportes de aguas termales altamente mineralizadas con sodio, boro, arsénico, entre otros, en su trayectoria esta contaminación natural debería irse diluyendo por el aporte de agua de los ríos tributarios que desembocan en el río Salado. Por lo tanto, el argumento de que la contaminación que puede existir en la zona no necesariamente se cumple para los ríos tributarios.

Por todo lo expuesto, el hecho de que muchos de los puntos que están en zonas de influencia directa de los proyectos mineros y de pasivos ambientales tienen indicios de contaminación que son recurrentes en los diferentes monitoreos, hace necesario que el gobierno conforme una comisión multisectorial con amplia participación de la sociedad civil, reconociendo a sus autoridades democráticamente elegidas, y que entre otras acciones realice un estudio integral de salud en la zona que involucra los proyectos mineros en desarrollo.

Consideramos que el gobierno central debe comprometerse con el fortalecimiento de los gobiernos locales en vez de desestabilizarlos. Y debe fortalecer los mecanismos de diálogo y la participación de la población, en especial de los actores que expresan su preocupación por los posibles impactos ambientales.

Respecto del monitoreo se debe recordar que éstos tienen la finalidad de determinar la situación de un recursos natural o de la salud en un lugar y en momento dado. Pero también, tiene fines de fiscalización y busca orientar y corregir la política pública. Este último objetivo no suele materializarse.

Asimismo, es necesario que se revisen periódicamente los Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que presentan las empresas al Estado. Los EIA establecen medidas de mitigación para los impactos negativos que puede tener una actividad. Con el tiempo, esas medidas pueden resultar insuficientes por múltiples razones. En el Perú no se exige esa revisión periódica, habría que hacerlo.

Es necesario también que se realicen los balances hídricos para saber con qué recursos se cuenta y cómo se están usando. No hay manera de tomar decisiones sobre el agua sin la información necesaria.

Los problemas descritos exigen una gestión del recurso hídrico más fina. Creemos que además de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca se deben implementar Comités de Gestión Hídrica por micro-cuenca.

Agradecemos su difusión