En Perú 148 conflictos referidos al agua están activos y hay 67 latentes. Todos tienen el acceso al agua por parte de comunidades indígenas y campesinas en disputa con compañías mineras como eje central. Para eso este 1 de febrero parte una marcha en diversas ciudades peruanas que convergerán en Lima. Ya se ha concesionado más del 70% de la Amazonía peruana y más de 20 millones de hectáreas del territorio a las mineras. Este miércoles 1 de febrero en varias ciudades y pueblos de Perú se iniciará la Gran Marcha Nacional del Agua, iniciativa en apoyo a las comunidades indígenas afectadas por los proyectos mineros en Cajamarca, al norte del país.
La movilización es en contra de la privatización del agua, la no intervención en las cabeceras de cuencas y glaciares y por el reconocimiento del acceso al agua como un derecho fundamental.
Para ello se reclama a las autoridades nacionales la protección urgente del agua y provisión de un conjunto de instrumentos de política ambiental, como la gestión adecuada de recursos hídricos, ordenamiento territorial y la moratoria de concesiones.
Las organizaciones sociales, colectivos indígenas y ecologistas que convocan a la marcha convergen en que la pelea por el agua y los recursos hídricos es una lucha contra el modelo económico neoliberal que tuvo un vigoroso impulso durante el gobierno reciente de Alan García.
En Perú 148 conflictos referidos al agua están activos y 67 latentes. La región oriental de Puno ocupa el primer lugar con 20; le siguen Ancash, Cajamarca y Cusco con 16. De estos conflictos sociales el 55% se refieren a conflictos por actividades extractivas y pasivos ambientales.
Estos conflictos ocurren luego de que empresas mineras (formales e informales) y de hidrocarburos pretenden ingresar o ingresan a territorios de comunidades campesinas quechuas, aymaras y amazónicas, sin respetar el derecho a la consulta, el medio ambiente, la cosmovisión andina y los recursos naturales indispensables para la sobrevivencia de los pueblos andinos.
El segundo semestre del 2011 en el norte de Perú, en la región de Cajamarca se vivieron ya violentos enfrentamientos entre comunidades campesinas e indígenas y el proyecto minero Conga, que afecta a las cabeceras de cuenca y el agua de la zona.
PELEA POR EL AGUA ES CONTRA EL NEOLIBERALISMO
Un comunicado de las organizaciones sociales de Puno, al oriente de Perú, acusa que “experimentamos un nuevo hecho que podría convertirse en una amenaza para toda la vida de las personas y los pueblos: el débil acceso y calidad del agua para el consumo de la población, para las actividades agropecuarias, pesca, culturales, turismo y otras actividades sostenibles y renovables, esto debido al desequilibrio ocurrido entre el modelo de desarrollo económico imperante, el aprovechamiento inadecuado de los recursos naturales y la desprotección del medio ambiente, que no contribuyen al desarrollo integral de las personas, ni garantizan para que las futuras generaciones tengan derecho a un ambiente sano y una vida digna”.
En Puno la contaminación del agua dulce alcanza al 80% y sólo el 25% de la población regional accede a agua de manera segura.
En dicha región existen más de 2.262 concesiones mineras ocupando más de 159.33 hectáreas. Sólo en el 2010 se registraron 1,656 solicitudes de concesiones mineras y en el primer semestre del 2011 se habían registrado más de 1,500 solicitudes. A la vez, los efectos de la minería irresponsable en Puno han dejado más de 522 Pasivos Ambientales Mineros PAM, definidos como instalaciones, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, abandonadas o inactivas, que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el ecosistema y la propiedad.
DESDE CAJAMARCA HASTA EL SUR DE PERÚ
En Cajamarca los pueblos empezarán su recorrido en las lagunas de las alturas de Celendín, que el proyecto Conga planea destruir.
En Lima se realizará un Pasacalle-Marcha de colectivos juveniles, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, para celebrar el arranque de esta jornada de movilización pacífica y democrática.
También se llevarán a cabo mítines y movilizaciones en Cusco, Espinar, Canchis, Arequipa, Tambo, Tacna, Ancash, Iquitos y otros lugares de las macro regiones norte, centro, sur y oriente del país.
En Lima además se realizará un Foro Nacional Agua, Minería y Bienestar los días 8 y 9 de febrero, en el que participarán organizaciones sociales, autoridades regionales y expertos nacionales e internacionales.
El 9 de febrero se espera que las delegaciones regionales lleguen a la capital peruana y el día después se instalará un Tribunal de Justicia Hídrica y el acto de cierre de la movilización que partirá de la Plaza Dos de Mayo y culminará con un Acto Político Cultural en la Plaza San Martín.
El Tribunal de Justicia Hídrica hará seguimiento a los conflictos por el agua que hay en el país y se creará una instancia de sanción ética a los destructores y contaminadores del recurso vital.
AGUA COMO DERECHO HUMANO
La exigencia fundamental de las organizaciones convocantes es que se haga una reforma constitucional que reconozca que el agua potable y el saneamiento son un derecho humano y su provisión no sea objeto de los negocios privados.
También se pide que no haya más actividad minera en las cabeceras de las cuencas hídricas y los glaciares. “La minería viene produciendo la destrucción de lagunas, glaciares o la alteración de los cursos de los ríos; utiliza agua en forma excesiva a costa de su uso para consumo humano o actividades sostenibles; y contamina las aguas superficiales y subterráneas”- declara la convocatoria.
Otra exigencia es que no se ocupe cianuro ni mercurio en las faenas mineras y una moratoria a las concesiones mineras.
Los gobiernos recientes han concesionado más del 70% de la Amazonía y más de 20 millones de hectáreas del territorio nacional para actividades mineras y de hidrocarburos, sin consulta previa a los pueblos afectados y sin participación de las autoridades locales y regionales de esos territorios.
Finalmente los pueblos amazónicos y las comunidades campesinas esperan que el Estado promulgue lo más pronto posible un Reglamento de la Ley de Consulta a las comunidades cuando se trate de proyectos que afecten sus territorios y espacios de vida.
