El gobierno aprista, está claro, pretende seguir imponiendo nuevas minas por encima de la voluntad de los pobladores y mantener impuestos bajísimos a las existentes. El cálculo económico de Alan García es simple: hay miles de millones de dólares en juego y les quedan sólo 15 meses de gobierno. No hay que dejarlo.
Pedro Francke publicado en Aeperú.blogspot
12/04/2010. Un par de meses atrás, la minera Antamina informó que dejaría de pagar impuestos por 300 millones de dólares acogiéndose a unas exoneraciones tributarias sinvergüenzas establecidas por Fujimori y derogadas una década atrás.
Hace unas semanas, las ganancias de las empresas mineras nuevamente llamaron la atención. Southern Copper ha tenido ganancias netas de 5,300 millones de dólares en los últimos 5 años, más de 3 veces su inversión. La sobreganancia de esta sola empresa, su ganancia por encima de lo razonable, supera los 800 millones de dólares anuales, y alcanzaría para que todos los 800 mil peruanos mayores de 65 años pobres que hoy no cuentan con apoyo alguno del estado para sobrevivir, reciban una pensión básica.
La semana que pasó fue el conflicto de los mineros informales. El gobierno trató de resolver de muy mala manera el problema de los desastres ambientales que está dejando esta minería, atrás de la cual hay grandes empresas inescrupulosas. El premier Velásquez Quesquén dijo que había brasileños y rusos atrás de la protesta: ¿por qué el gobierno no los identifica y expulsa del país? Mientras tanto, el gobierno sigue permisivo frente al daño ambiental causado por las grandes mineras y petroleras.
Un mes atrás, un informe de la Organización Internacional del Trabajo insistió en que no se viene cumpliendo el Convenio 169 que establece que los pueblos indígenas deben dar su consentimiento previo antes de cualquier explotación de los recursos naturales en su territorio. La OIT propuso que no se otorguen nuevas concesiones mineras y petroleras mientras esto no se cumpla. Recientemente, en Colombia la Corte Constitucional ordenó suspender el mayor proyecto de explotación de cobre del país, a cargo de la multinacional Muriel Mining Corporation, por no consultar con las comunidades indígenas sobre el impacto ambiental y cultural que causaría.
Este tema, el de la consulta a la población afectada, saltará nuevamente esta semana en Islay y Cocachacra, Arequipa. Este 19 de abril la empresa Southern Copper que quiere sacar como sea su proyecto “Tía Arpía”, piensa hacer una llamada “consulta” que no cumple con los requisitos mínimos para garantizar la participación ciudadana. Meses atrás, en un referéndum más de 90% de la población de la provincia rechazó el proyecto. Tremendo rechazo no es por gusto: el Estudio de Impacto Ambiental de Southern deja muchas, muchísimas, dudas, respecto de si quedará agua para los agricultores de la zona luego de que la empresa se lleve al año 7 billones de litros de agua. Debido a ello, las organizaciones sociales de la provincia de Islay preparan un Paro Indefinido desde el miércoles 14 de abril. En Cajamarca hay conflictos similares frente a las mineras La Conga y La Zanja.
El gobierno aprista, está claro, pretende seguir imponiendo nuevas minas por encima de la voluntad de los pobladores y mantener impuestos bajísimos a las existentes. El cálculo económico de Alan García es simple: hay miles de millones de dólares en juego y les quedan sólo 15 meses de gobierno. No hay que dejarlo.
