LIMA. El Congreso de Perú aprobó por unanimidad la noche del martes (23/08/2011) la Ley de Consulta Previa que obliga a las empresas nacionales y extranjeras a contar con el permiso de las comunidades indígenas u originarias para realizar labores extractivas en sus territorios.
La ley fue aprobada por 113 legisladores del Congreso unicameral peruano, de 130 miembros, sin abstenciones ni votos en contra, en una sesión pública del Parlamento.
La norma será enviada al Ejecutivo para su promulgación por el presidente Ollanta Humala, quien durante su campaña electoral ofreció respaldarla.
El Congreso también aprobó derogar todas las leyes que se puedan oponer a la nueva.
La aprobación de la consulta previa, que fue saludada con una salva de aplausos por los legisladores de todas las bancadas, permite a Perú cumplir con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que el país ratificó en 1969.
Ese convenio exige que los pueblos indígenas sean consultados por los Estados sobre los temas que les conciernen, como el ingreso de empresas privadas a sus tierras para explotación minera, forestal o de hidrocarburos.
La falta de una legislación en favor de los indígenas fue el origen de graves enfrentamientos en junio de 2009 que dejaron 34 muertos -24 policías y 10 nativos- en la localidad amazónica de Bagua durante el anterior gobierno del conservador Alan García.
En esa ocasión los indígenas amazónicos protestaban contra leyes que permitían libremente el acceso a sus tierras de empresas mineras y petroleras.
Tras aprobarse la ley, el congresista Eduardo Nayap Kinin, un indígena de la etnia amazónica Awajun, calificó el hecho como un “acontecimiento histórico” porque -según dijo- evitará conflictos sociales y permitirá defender el medio ambiente ante la actividad indiscriminada de las empresas extractivas.
En mayo del año pasado el Congreso había aprobado la Ley de Consulta Previa, pero luego fue observada por el gobierno de García bajo el argumento de que abría las puertas a un derecho de veto.
Sin embargo, la Defensoría del Pueblo aclaró que las observaciones del anterior gobierno carecían de sustento jurídico.
