La Ley de Consulta -vilipendiada por toda laya de racistas que sobreviven como especies en extinción en el siglo XXI- es un acto de justicia que marca un punto de inflexión en la conducta y quehacer del estado peruano -funcional a todos los grupos de poder dominantes- y los pueblos indígenas andino-amazónicos.
Por Róger Rumrrill
01/09/2011.
En el ojo de la tormenta
Sin ninguna duda dos de los acontecimientos políticos más importantes de la semana que acaba de pasar han sido la aprobación de la Ley de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas y la exposición de la política del Gobierno y principales medidas de gestión por el primer ministro Salomón Lerner ratificando la hoja de ruta trazada por el presidente Ollanta Humalaque se propone construir un país social, económica y culturalmente inclusivo, que borre las intolerables asimetrías e injusticias que aún laceran al Perú.
La Ley de Consulta -vilipendiada por toda laya de racistas que sobreviven como especies en extinción en el siglo XXI- es un acto de justicia que marca un punto de inflexión en la conducta y quehacer del estado peruano -funcional a todos los grupos de poder dominantes- y los pueblos indígenas andino-amazónicos.
Pero la Ley de Consulta es solo un primer paso de un proceso de decisivas connotaciones políticas, económicas, culturales y sociales. Sobre todo porque se hace realidad en un contexto de grave crisis económica global -aunque Noam Chomsky e Inmanuel Wallerstein se refieren a una crisis sistémica y civilizatoria- que seguramente empujará aún más al extractivismo primario-exportador manejado por las multinacionales a penetrar a saco partido en las regiones del mundo poseedoras de agua, energía, minerales y biodiversidad como es el caso de la cuenca amazónica.
Los costos del extractivismo son- sin negar sus beneficios de corto plazo porque se come la gallina de los huevos de oro- cuantiosos: pérdidas de las mejores tierras agrícolas, contaminación irreversible de las fuentes hídricas y de los suelos, devastadores impactos en la salud humana, destrucción de las economías regionales e incluso -como señala Eduardo Gudynas- bloquea y anula las iniciativas y proyectos que intentan construir una economía diversificada. El ejemplo del ciclo del caucho en la Amazonía es una lección que nunca más debe ser olvidada.
La Ley de Consulta, como parte de un proceso, obliga de ahora en adelante a fortalecer la institucionalidad indígena y estatal responsables de la consulta; a concluir el proceso de titulación de las tierras y territorios indígenas suspendidos por el alanismo con las írritas leyes del “perro del hortelano”; a avanzar sin pausa en la zonificación económica y ecológica y el ordenamiento territorial de las regiones andino-amazónicas; a efectuar evaluaciones rigurosas de los impactos ambientales y sociales de los proyectos extractivos, a someter a consulta la Ley Forestal y de Fauna, entre otras medidas.
En suma, la Ley de Consulta abre un debate sobre el extractivismo interesado solo en obtener enormes utilidades sin importarle los costos ambientales ni sociales y pone en cuestión el comportamiento de un Estado casi siempre solo preocupado en el reparto de excedentes.
En adelante, las grandes metas deben ser el desarrollo sostenible donde la calidad de vida y la calidad ambiental son las condiciones fundamentales de la actividad económica.
Ha llegado la hora de pensar en una economía post-extractivista en el Perú.
