Ante la situación de conflictividad social en el país. El día de hoy, se realizó la presentación del Octavo Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, que muestra los últimos acontecimientos de la problemática minera en nuestro país, el cual es elaborado por la CooperAcción Solidaria para el Desarrollo, Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES) y de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ).
Fuente: Fedepaz
20/07/2011. El referido reporte detalla los alcances del primer semestre del año, respecto de la actividad minera en: Junín, Piura, Apurímac, Cajamarca y Cusco, que deja un escenario de conflictos sociales que tendrá que asumir el nuevo gobierno.
José De Echave, representante de CooperAcción, manifestó que la Empresa Minera “Doe Run Perú” y su matriz el “Grupo Renco” de los Estados Unidos, pretenden obtener una millonaria indemnización del Estado Peruano haciendo uso de los mecanismos que plantea el Tratado de Libre Comercio.
Asimismo, De Echave, comentó que la minería artesanal e informal se ha acrecentado en el país, agregando que las actividades mineras formales e informales coexisten y en algunos casos se conectan.
Por su parte, Marco Arana, señaló que la presencia minera en Cajamarca, ha llevado a varios enfrentamientos y a la vulneración de los derechos fundamentales, como es el caso del derrame de aguas ácidas por parte de la empresa Minera Yanacocha, que afectó directamente a los caseríos de Aliso Colorado y Llagamarca.
Además, Arana, indicó que existe una solicitud de nulidad en el proceso de Ordenamiento Territorial, conducido por el Gobierno Regional, por parte del conglomerado de empresas mineras, denominado: Grupo Norte. Estos intereses ponen en riesgo el plan de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), realizado de manera participativa en la región.
Javier Jahncke de Fedepaz, informó que la problemática de la minería informal se ha agudizado en los distritos de Las Lomas y Suyo. Por ello, el Gobierno Regional ha abierto una mesa de trabajo con los actores involucrados, a fin de encontrar alternativas de solución.
Se ha iniciado una etapa participativa del proceso de Zonificación Ecológica y económica, que se lleva delante en la región Piura, la misma que se ha concretado recoger información de las comunidades y poblaciones de la sierra de Piura, representadas en el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera en el Perú, colectivo que ha iniciado un espacio de dialogo con el gobierno regional.
“Permanece latente el riesgo de que se retome el proyecto minero Rio Blanco en la Sierra de Piura, con las consecuencias que pueden traer para los ecosistemas de Paramos, generados de agua para la región y la posibilidad que se retome el como también que existen intereses económicos y políticos que el proyecto minero Tambogrande, con los riesgos que ello conlleva para la asociación agrícola, agroexpotadora y agroindustrial del Valle de San Lorenzo”, finalizó, Jahncke.
Los miembros del observatorio proponen medidas como: la moratoria de concesiones mineras a fin de revisar el marco normativo que plantea la Ley General de Minería, especialmente en lo referido a concesiones y la necesidad de dictar normas como: La Ley de Ordenamiento Territorial, la Ley Marco de Consulta Previa de los Pueblos Indígenas, la Revisión del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y el fortalecimiento de la Institucionalidad ambiental con una Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del MINAM, que asuma el rol de evaluación de los estudios de impacto ambiental (EIA) de las actividades extractivas, a fin de hacerlo de manera independiente y asumir de mejor manera su rol fiscalizador.
