En proceso penal en los cuales se incluyó como procesados a 28 personas que fueron torturadas. A fines de julio e inicios de agosto de 2005, los comuneros de las Comunidades Campesinas de Segunda y Cajas, Yanta, y otras comunidades de la región, afectadas por la presencia ilegal de la Empresa Minera Río Blanco Copper S.A. (antes Majaz S.A.), realizaron una marcha pacifica hacia el Campamento Henry´s Hill a fin de iniciar un dialogo con las autoridades y los representantes de las empresa, sin embargo, fueron brutalmente reprimidos , 28 de ellos detenidos arbitrariamente en las instalaciones del campamento minero, y sometidos a actos de torturas físicas y psicológicas.
Fuente: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
23/11/2010. El Fiscal Provincial de Huancabamba en esa fecha , Félix Lorenzo Toledo Leyva, quien se apersonó al campamento de la empresa y observó a los comuneros ensangrentados y golpeados, en lugar de tomar medidas de protección para las personas torturadas, por el contrario, sin fundamento alguno decidió denunciar a 107 personas, entre ellas alcaldes distritales y provinciales, así como las 28 personas que fueron víctimas de las torturas arriba citadas.
En enero de 2009, se archivó la denuncia contra los alcaldes procesados por supuesto delito de malversación de fondos, subsistiendo la denuncia sobre los otros 104 procesados, quienes durante estos últimos cinco años han tenido que defenderse de las graves imputaciones formulados en su contra como son la supuesta comisión de los delitos de sustracción y arrebato de armas de fuego, complicidad en el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la figura de lesiones, delito por entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, etc.,
imputaciones que carecían de todo fundamento, como ha que ha quedado plenamente acreditado a través de este proceso y que ha llevado a que la propia Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Huancabamba, después de 5 años de investigación judicial señale ahora que respecto de 102 procesados no hay mérito alguno para formular acusación fiscal por ningún delito materia de dicha investigación, por lo que ha solicitado el sobreseimiento (archivamiento) del proceso penal con relación a estos procesados.
Sin embargo, amparada en argumentos que no tienen fundamento alguno ni en los hechos ocurridos ni en la ley, la referida fiscalía si ha formulado acusación contra dos comuneros, Mario Alberto Tabra Guerrero (por delito contra la seguridad pública-sustracción y arrebato de arma de fuego) y Arsenio Guevara Ojeda (por delito contra la seguridad pública-entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos).
Al respecto, FEDEPAZ señala que a lo largo de estos 5 años de investigación judicial se ha acreditado que la denuncia penal fue motivada, únicamente, para ocultar la brutal represión policial contra centenares de comuneros y, los gravísimos actos de tortura, así como, para intentar criminalizar a los comuneros y a sus dirigentes por actos que en realidad significan ejercicios legítimos de sus derechos a exigir diálogo para la solución de su problemas comunales, de efectuar protestas públicas pacíficas (mediante marchas de sacrificio), etc..
Ello explica porque a la fecha los actos de tortura se encuentran en pleno desarrollo de investigación fiscal; porque respecto del ex fiscal Félix Lorenzo Toledo Leyva la Oficina de Control Desconcentrada de Piura-Tumbes del Ministerio Público ha declarado procedente una denuncia por la comisión del delito de omisión de denuncia y otro (en relación a su actitud de no denunciar los actos de tortura antes referidos), porque el apartamiento, antes, de los 3 alcaldes procesados y ahora de 102 comuneros procesados en la misma investigación judicial.
Por eso, FEDEPAZ, expresa que continuará con la defensa legal de todas estas personas injustamente procesadas y, sobre todo, de las dos acusadas hasta lograr que el Juez Mixto de Huancabamba emita sentencia absolviéndolos de la injusta acusación fiscal formulada en contra de los mismos.
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