Las afirmaciones calumniosas sufridas por Lupo Canterac en Piura, así como por otros líderes, promotores sociales e instituciones de derechos humanos en Cajamarca y Espinar, Cusco,son parte de toda una campaña lanzada por intereses económicos, que tiene diversos operadores para deslegitimar las actividades de defensores/as e instituciones de derechos humanos y ambientales, y las que promueven el desarrollo local sostenible, cuya tarea sólo suple la falta de un Estado que tutele los derechos de la comunidades y poblaciones afectadas.
Fuente; Servindi
No es un caso aislado. Se trata de una campaña orquestada para denigrar la imagen de dirigentes y activistas sociales que la gran prensa pretende estigmatizar en un nuevo delito imaginario: “defender la vida, el ambiente y los derechos de las comunidades”.
No solo son los líderes que defienden el ambiente y los recursos de los campesinos de Cajamarca frente al megaproyecto minero Conga. La campaña ahora se extiende a Piura donde se calumnia a Lupo Canterac.
Ante la incapacidad del Estado peruano para implementar procesos de consulta previa en el ámbito minero y respetar los derechos colectivos de las comunidades originarias los sectores empresariales se han lanzado a desacreditar a quienes han elegido defender el ambiente y los recursos naturales.
Miguel Santillana, un servidor de la empresa Yanacocha es la persona encargada del trabajo sucio de enlodar honras ajenas y presentar casi como delincuentes a líderes y promotores sociales que actuan en el marco de la ley.
La Red Muqui -un colectivo de 27 instituciones que hace más de 10 años promueve el respeto a los derechos de las comunidades afectadas por actividades mineras- denunció las calumnias periodísticas contra Lupo Canterac, responsable de la Red Muqui Norte.
Lupo Canterac es una persona reconocida en Piura por su honestidad, integridad y apertura al diálogo. Coordina la Red Agua, Democracia y Desarrollo (REDAD), una articulación que promueve la salida pacífica frente a los conflictos socioambientales que involucran a comunidades locales.
Medios de prensa han divulgado la presencia de Lupo Canterac como “parte de un relazamiento de las fuerzas antiinversión y antimineras”.
Como si trata de un peligroso prontuariado un diario reportó que “observadores locales informaron (…) que Lupo Canterac arribó a la Comunidad Campesina de Locuto (…) donde se ha registrado creciente agitación política y violencia en el marco de una campaña ultra izquierdista para impedir proyectos de inversión en la zona”.
La Red Muqui denunció que las acusaciones que tienen como fuente instigadora a Miguel Santillana, servidor de Yanacocha, “son parte de toda una campaña lanzada por intereses económicos, que tiene diversos operadores para deslegitimar las actividades de defensores/as e instituciones de derechos humanos y ambientales”.
Solidaridad internacional
La campaña mediática que pretende desacreditar a los activistas sociales recibió una amplia condena de parte de una amplia red de asociaciones democráticas, organizaciones sociales, sindicatos y personalidades extranjeras que expresaron su indignación y solidaridad.
Mediante un pronunciamiento público con fecha 31 de enero afirman que la campaña de desprestigio lanzada en la prensa peruana arremete contra organizaciones y personalidades conocidas por su compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos y ambientales.
La campaña también tiene como meta específica desacreditar a quienes se oponen al proyecto minero “Conga” a quienes acusa de recibir apoyo del extranjero y de oponerse al desarrollo en el Perú.
Piden al gobierno peruano desaprobar la “campaña de difamación contra las organizaciones y personalidades reconocidas por su defensa de los derechos democráticos en Francia, Europa, Perú y en el mundo entero” que tiene al grupo mediático El Comercio, como su principal vector.
El comunicado internacional coincide con la Red Muqui en que la campaña es “iniciada por un asesor habitualmente al servicio de las empresas mineras” en alusión indirecta a Miguel Santillana, servidor de la empresa minera Yanacocha.
El pronunciamiento internacional menciona el contexto represivo que se vive en el Perú con la promulgación de la Ley 30151 que garantiza la impunidad de la policía y del ejército en casos de abuso y violencia así como en la instalación de puestos policiales en las ciudades en conflicto.
Finalmente, llama a las organizaciones democráticas que defienden los derechos humanos y ambientales en Francia y Europa a que renueven su solidaridad con el pueblo de Cajamarca y se unan a la coordinadora que actualmente están conformado.
A continuación reproducimos el comunicado de la Red Muqui y luego el pronunciamiento internacional:
*PRONUNCIAMIENTO*
DENUNCIAMOS CAMPAÑA PÚBLICA PARA DESLEGITIMAR ACTIVIDADES DE DEFENSORES E INSTITUCIONES DE DERECHOS HUMANOS, AMBIENTALES Y DE DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE A NIVEL NACIONAL
La RED MUQUI, colectivo conformado por 27 instituciones de la sociedad civil de todo el Perú, que desde hace más de 10 años promueve el reconocimiento y respeto de los derechos de las comunidades y poblaciones afectadas por las actividades mineras en el país, así como sus posibilidades de desarrollo humano, integral y sostenible, se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:
*1. *El día 27 de enero del presente, la edición norte del diario La República, publicó la nota denominada “Miguel Santillana advierte sobre presencia de Lupo Canterac en Tambogrande”. En ella se cita declaraciones del citado consultor de empresas Miguel Santillana, aludiendo que la presencia de Lupo Canterac, actual responsable de la Red Muqui Norte, y Coordinador de la Red Agua, Democracia y Desarrollo – REDAD de Piura (miembro de Red Muqui), en Tambogrande, “forma parte del relanzamiento de las fuerzas antiinversión y antimineras (…)”. El diario también señala que “observadores locales informaron (…) que Lupo Canterac arribó a la Comunidad Campesina de Locuto (en el distrito de Tambogrande), (…) donde se ha registrado creciente agitación política y violencia en el marco de una campaña ultra izquierdista para impedir proyectos de inversión en la zona”.
*2. *La Red Muqui rechaza las afirmaciones calumniosas en contra de Lupo Canterac, persona reconocida en Piura por su honestidad, integridad y apertura al diálogo, en tanto ni él ni nuestros colectivos hemos promovido, ni antes ni ahora, ningún tipo de acción violenta o agitación, pues estamos en contra de ello, y es más impulsamos salidas pacíficas a los conflictos sociales generados, a pedido de las comunidades o poblaciones que se sienten afectadas en sus derechos por las actividades mineras.
*3. *El ataque contra Lupo Canterac se produce cuando la empresa minera peruana Buenaventura, que es titular del Proyecto Minero “El Faique” en tierras de la Comunidad Campesina de Locuto en el distrito de Tambogrande en la región Piura, busca obtener la autorización de la citada comunidad para sus operaciones. La Comunidad está de acuerdo con realizar una consulta al respecto, pero no condicionada por la empresa minera, como han tratado de hacerlo en dos oportunidades. Lo cierto es que hay un rechazo de la comunidad a su realización, el que se hace patente en el pronunciamiento de la Comunidad publicado en el diario La Hora de Piura del sábado 25 de enero.
*4. *El proyecto minero “El Faique” está ubicado en la margen izquierda del Rio Piura, y era la segunda etapa del proyecto que fue sometido a una consulta vecinal realizada en junio del 2002, donde el 98% de la población local rechazó su realización.
*5. *Consideramos que las afirmaciones calumniosas sufridas por Lupo Canterac en Piura, así como por otros líderes, promotores sociales e instituciones de derechos humanos en Cajamarca y Espinar, Cusco,son parte de toda una campaña lanzada por intereses económicos, que tiene diversos operadores para deslegitimar las actividades de defensores/as e instituciones de derechos humanos y ambientales, y las que promueven el desarrollo local sostenible, cuya tarea sólo suple la falta de un Estado que tutele los derechos de la comunidades y poblaciones afectadas.
Consideramos que todos estos ataques no hacen sino restar importancia a los verdaderos problemas que están detrás de los conflictos sociales, como la no realización de procesos de consulta previa en minería hasta la fecha, la falta de mecanismos de participación efectiva, la ausencia de una fiscalización ambiental efectiva, la necesidad de una Ley de Ordenamiento Territorial que permita culminar dichos procesos, entre otras muchas, que de no afrontarse mantendrán la posibilidad de nuevos conflictos sociales, y frente a ello la respuesta represiva desde el gobierno.
Lima, 30 de Enero del 2014
Asociación Marianista de Acción Social-AMAS-Otuzco, La Libertad/Andes-Pasco/APRODEH/Arariwa- Cusco/ CADEP-Cusco/ CEDAP-Ayacucho/Centro Labor- Pasco/ Centro Pastoral de la Diócesis de Chulucanas-/CooperAcción/ Derechos Humanos sin Fronteras – Cusco/ Fedepaz/ Grufides – ajamarca/Grupo Propuesta Ciudadana/ Huñuq Mayu-Apurímac/ Instituto Natura- Áncash/ Oficina de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno/Pastoral de la Dignidad Humana-Huancayo/ Programa Democracia y Transformación Global/ Red Regional Agua, Democracia y Desarrollo de Piura/ Red Uniendo Manos/ Vicaría de Solidaridad de Jaén/ Siguen firmas…
