En setiembre del 2014, la organización Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) interpuso una acción de hábeas data ante el Juzgado Mixto de Wanchaq (Cusco) y consiguió que dos años después, la Región Policial Sur Oriente entregue una copia de cuatro convenios suscritos con las mineras, entre los años 2010 y 2014.
Fuente: La República
Los convenios, que ahora son públicos, ponen en tela de juicio la actuación policial en los conflictos. La minera Hudbay Perú, por ejemplo, precisa que en casos de conflictos, “la Policía asignará inmediatamente personal policial antimotín de la Unidad de Servicios Especiales”.
Agrega que el contingente debe estar adecuadamente equipado para “garantizar un operativo policial eficiente”. “Eso es como alentar la represión”, cuestiona la abogada de DHSF, Ruth Luque.
La minera MMG Limited, dueña de Las Bambas, también tiene un convenio. “La Policía hará uso de la fuerza en casos excepcionales y extremos, cuando esté en riesgo inminente la vida del personal de Las Bambas y/o sus contratistas”, exige este acuerdo.
La minera Glencore Antapaccay opera en El Espinar y el convenio con la Policía dispone “el uso de la fuerza en casos excepcionales y extremos, cuando esté en riesgo inminente la vida”.
El jefe de la región policial Cusco, Orfiles Bravo, confirmó la vigencia de los convenios con estas tres mineras. No obstante, aclaró que estos convenios son atendidos con policías que están de vacaciones.
En cada convenio se nota también el interés de la minera de aclarar que no hay ninguna relación de dependencia ni vínculo laboral. Eso es, según la abogada Luque, para evitar convertirse en tercero civilmente responsable en los procesos abiertos por la muerte de campesinos.
LOS PAGOS
Las mineras, según los convenios, fijan una tarifa para pagar a los policías. Un oficial superior percibe 110 soles diarios, mientras que un oficial se lleva a sus cuentas 100 soles.
Asimismo, por el servicio prestado la entidad policial recibe un equivalente al 0.11% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por hora. Es decir, por cada hora de servicio prestado a la cuenta de la Policía ingresa 39,49 soles.
“Esta situación demuestra la dependencia económica de la Policía con la minera y transgrede abiertamente su función constitucional al someterla a intereses privados”, remata Luque.
Si un agente resulta herido y muere, la minera asume varios compromisos. Por la muerte de un efectivo policial se paga una indemnización de 20 mil dólares y si este queda con una discapacidad permanente tendrá derecho a 18 mil dólares.
En caso de muerte la minera también corre con los gastos de sepelio con 3 mil dólares y todos los gastos que demande el traslado del cadáver
