El rechazo social al proyecto minero Tía María, de la transnacional Southern Cooper, se mantiene en forma masiva, según una encuesta difundida hoy, tras el fin del estado de emergencia decretado ante protestas en su contra.
Fuente: Prensa Latina
El sondeo, de la asociación civil Labor, indica que 72 por ciento de la población de la zona de influencia del proyecto, en la provincia de Islay de la región sureña de Arequipa, además de exigir el fin del estado de emergencia, plantea la suspensión del proyecto cuprífero, rechazado por temor a la contaminación.
La gobernadora de Arequipa, Yamila Osorio, dijo tras recibir el estudio que la Presidencia del Consejo de Ministros debe decidir sobre el tema, mientras el gobierno ha dejado en manos de Southern la tarea de convencer a la población de que acepte el proyecto.
La empresa desarrolla una millonaria campaña de publicidad en la que alega que Tía María dará beneficios al país y a Islay, así como al valle del Tambo, cuyos pobladores mantienen desde hace años el rechazo por temor a que el proyecto dañe el ambiente, lo que la propaganda empresarial niega.
Los efectos del despliegue parecen nulos, como pronosticó en días pasados la gobernadora Osorio, pues 87 por ciento de los encuestados considera que el estudio de impacto ambiental que Southern defiende como garantía de que no dañará el entorno debe ser revisado por una consultora independiente.
El análisis de las encuestas indica que la población podría aceptar el proyecto siempre y cuando no sea ejecutado por la transnacional norteamericana de capitales mexicanos.
De otro lado, el alcalde de la provincia de Islay, Richard Ale, dijo que el estado de emergencia no ha servido para concertar posiciones sino solo para someter a la población con un despliegue policial y militar y para cesar a autoridades que, como él, apoyan la lucha contra Tía María.
También dijo que no descarta que, una vez levantada la medida, decretada hace dos meses y que permitía allanamientos y detenciones a discreción, se reanuden las protestas sofocadas con el decreto de emergencia.
Las manifestaciones dejaron un saldo de tres civiles y un policía muertos, tragico saldo que se sumó a tres vidas de manifestantes perdidas en otra huelga similar en 2011.
