El día de hoy 29 de octubre de 2012 en la provincia de Celendín en la abandonada región Cajamarca, se leyó la sentencia contra la Familia Chaupe, denunciada por Minera Yanacocha por supuesta usurpación de su propiedad. Cuatro miembros de esta familia fueron sentenciados a tres años de pena privativa de libertad, al pago de 200 soles de reparación civil a favor de Yanacocha y se les ordenó que en un plazo de 30 días abandonen el predio para ser ocupado por la minera.

Foto: integrante de la familia Chaupe con los golpes recibidos por la policía en mayo de 2011.

Fuente: Caballero Verde

Llama la atención que la Sentencia no tenga ninguna rigurosidad jurídica y que no exprese objetividad, pues solo se ha basado en que la familia Chaupe no ha presentado pruebas para desvirtuar su responsabilidad cuando conforme a ley no le toca a los denunciados probar su inocencia sino al denunciante probar la culpabilidad. Igualmente la sentencia ha considerado como únicas pruebas para sentenciar, las inspecciones realizadas por la policía y la fiscalía en las que se acredita que la familia Chaupe estaba asentada en el predio, sin embargo el elemento fundamental que se debió acreditar es que la empresa minera era la real poseedora del terreno, situación que no se pudo comprobar a lo largo de la investigación. Por último el Ministerio Público se centró en defender la propiedad de la empresa minera respecto a este predio, sin embargo en este proceso no se discute ese tema sino la posesión del bien, habiendo así incurrido en una falta conocida como sustracción de la materia.

La Sentencia fue apelada ante las instancias superiores y se espera una reevaluación del caso y un fallo que esté acorde con las normas y la justicia.

La sentencia fue recibida por los inculpados en medio de lágrimas y la desesperación de la madre de esta familia, Máxima Acuña Atalaya, la llevó a sufrir un súbito ataque nervioso que la mantiene a esta hora internada en el hospital de Celendín.

En el siguiente video se muestra como la policía y la fuerza de seguridad golpean a la familia Chaupe y encima les denuncian:

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Como se recordará esta familia tiene un predio denominado “Tragadero Grande” ubicado en Sorochuco el cual está dentro de la concesión del proyecto minero Conga. La familia poseía este terreno desde el año 1994 teniendo sus títulos de posesión otorgados por la Comunidad campesina de Sorochuco.

En Mayo del 2011 la empresa minera Yanacocha sorprendió a esta familia presentándose en su terreno con maquinaria pesada pretendiendo realizar una trocha carrozable, aduciendo que ese predio era de su propiedad y que lo habrían comprado en el año 2001 directamente a los directivos de la comunidad. Con títulos de propiedad en la mano intentaron desalojarlos violentamente con sus fuerzas de seguridad y policía privada, les destruyeron su precaria choza donde vivían, los golpearon e incluso se llevaron sus humildes enseres con la finalidad de obligarlos a irse del lugar.

La familia resistió este ataque, y aun sin vivienda y a la intemperie se quedaron en su terreno por cuanto no tenían a donde ir. Sus familiares y vecinos los ayudaron proveyeron de una carpa y comida para poder resistir en el lugar, e incluso meses después los ayudaron a construir nuevamente una pequeña vivienda. La familia Chaupe denunció ante la fiscalía de Celendín a la empresa minera por este ataque y por intentar usurpar su propiedad, pero el Ministerio Público archivó su denuncia.

La empresa minera no se quedó tranquila e intentó hasta en tres oportunidades desalojarlos nuevamente de manera violenta de esta propiedad sin embargo la familia se resistió. Por este motivo Yanacocha interpuso una denuncia por supuesta usurpación de su propiedad por parte de los Chaupe. La Fiscalía de Celendín quien había desestimado la denuncia de la familia Chaupe esta vez sí admitió y formalizó la denuncia de la empresa minera, por lo que se inició un proceso penal contra los Chaupe que el lunes llegará a su fin con la Sentencia que se les dictará.

A lo largo del proceso ha llamado poderosamente la atención la actuación del Ministerio Público quien no se ha limitado a defender su acusación sino que de manera airada, impetuosa y hasta agresiva ha defendido a la empresa minera Yanacocha (más que su propio abogado), tratando de generar por todos los medios condiciones para sentenciar a esta familia acusándolos una y otra vez de ser usurpadores, pese a que ni él ni la empresa lograron presentar pruebas suficientes para acreditar que Yanacocha sea la real posesionaria de este predio.