Conflicto. Huelga por proyecto minero cumple su quinto día. Presidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén, se reunió con manifestantes, pero no logró convencerlos de suspender las protestas.
Fuente: diario La Repúblcia
28/03/2011. El distrito arequipeño de Cocachacra cumple hoy su quinto día de huelga indefinida a raíz de la inminente puesta en marcha del proyecto minero Tía María a cargo de la empresa Southern Perú. Luego de algunas horas de reunión tensa con las autoridades de Arequipa, entre ellas el presidente de la región, Manuel Guillén, los manifestantes señalaron que no aceptarán una tregua.
Como se recordará, la resistencia antiminera de los frentes de defensa locales, debilitada últimamente, fue retomada con violencia el pasado miércoles, cuando alrededor de unos 1,500 manifestantes organizados intentaron tomar la Panamericana Sur sin conseguirlo luego de que policías antimotines se lo impidieran.
Pese a ello, los enfrentamientos se han repetido con igual grado de violencia. El rechazo a la extracción minera proviene principalmente de pobladores del valle de Tambo ante el temor de que esta provoque la contaminación de sus cultivos y las disputas por el uso del agua.
La principal actividad económica en la zona es la agricultura, con 12 mil hectáreas cultivadas. El conflicto estalló en agosto del 2009, cuando los pobladores de esa región impidieron que la empresa Southern exponga el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Ha transcurrido un año y siete meses sin que el proyecto obtenga la licencia social.
En los denuncios mineros de Tía María y La Tapada, ubicados en territorio de Cocachacra, provincia de Islay, se pretende obtener 120 mil toneladas anuales de cátodos de cobre. La difusión del proyecto comenzó el 2006 y todos se mostraban a favor. Los alcaldes incluso hablaban de los beneficios que podrían conseguir con los ingresos por canon minero. Autoridades y habitantes participaban en diversas actividades programadas por Southern.
Sin embargo, el conflicto se agravó a inicios del 2010. El alcalde de Deán Valdivia, Richard Ale, aseguró que la empresa sacaba provecho de la necesidad de empleo de la población, llegando al punto de engañar a jóvenes con el programa de capacitación de Southern, a quienes se les habría hecho creer que serían contratados.
Guerra por el agua
A los problemas de comunicación, aceptados por la empresa, se sumó que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Tía María planteaba tres posibilidades para usar los 7 millones de metros cúbicos de agua al año que requiere el proyecto. Consideraron tres alternativas: agua subterránea, agua superficial y agua desalinizada, las cuales fueron cuestionadas por la población, dado que el 80% de la población del valle vive del agro.
En setiembre de 2009 se realizó una consulta vecinal y el 95% de la población le dijo no a la minería. Sin embargo, el referéndum no era vinculante.
La audiencia pendiente
En su intento por conseguir la licencia social, Southern Perú descartó el uso de aguas superficiales y subterráneas, inclinándose por la desalinización, pero el Frente Amplio de Lucha de Tambo concretó su segunda paralización en noviembre de 2010. La población estaba más dividida que nunca.
En diciembre del año pasado, el Minen emitió resoluciones directorales 397 y 398 que disponían la aplicación de mecanismos alternativos de participación ciudadana sobre el EIA. También ordenaron que un organismo internacional (UNOPS) revise el EIA.
Southern Perú tuvo plazo hasta el 2 de marzo para hacer observaciones al EIA. La Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del Ministerio de Energía y Minas se pronunciará primeros días de abril para ver si el proyecto es viable o no.
Datos
Ambicioso. El proyecto más importante de la empresa Southern es Tía Minera, que de ser puesta en marcha requerirá casi mil millones de dólares.
Sin peligro. Por el momento los pobladores asintieron en regresar a su pueblo y no retomar sus intenciones de tomar la carretera Panamericana Sur para protestar.
Observaciones al proyecto Tía María
La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) informó que detectó 138 observaciones y sugirió corregirlas antes de aprobar el documento, lo que terminó dándole un nuevo impulso a la corriente antiminera.
La DGAAM ya aclaró que estas 138 observaciones serán la base del reporte final que emitirán ellos sobre el EIA. Una vez que la empresa sea notificada, dispondrá de 90 días para corregirlas. Incluso pueden tener una segunda posibilidad al levantar los cuestionamientos. Finalmente, la DGAAM del MEM aprobará o desaprobará el proyecto que tiene previsto una inversión de mil millones de dólares.
Los miles de manifestantes de la provincia de Islay cumplen la tercera paralización contra el proyecto desde agosto de 2009. Desde miércoles, se enfrentan policías contra manifestantes. Se resisten a dialogar en Lima, consideran que los mecieron muchas veces y reiteraron que no quieren la minería, pero sí la actividad agricola.
