Los distritos donde se presentan mayor conflictividad son Áncash, Apurímac y Puno. La Defensoría del Pueblo registró durante mayo 225 conflictos sociales en el país, 172 de ellos en estado activo, de éste número el 62.79% (108 casos) son motivados por la actividad minera y 11% por as actividades hidrocarburíferas con 12.8% (19 casos).
Fuente: La Mula
Alrededor de 53 conflictos se encuentran en estado latente, según el Reporte Mensual de Conflictos Sociales 111. Las cifras difieren ligeramente del reporte de abril, en el que se dio cuenta de la existencia de 229 conflictos sociales de los cuales 175 estuvieron en estado activo y 54 en estado latente.
De acuerdo con el documento, la mayor cantidad de estos conflictos sociales se registraron en los departamentos de Áncash (31), Apurímac (23) y Puno (19).
El reporte indica que los conflictos socioambientales siguen siendo los más numerosos, con 149 casos (66.2%), cifra que comparada con el mes anterior (154) registra una disminución.
El segundo tipo de conflicto más numeroso corresponde a los asuntos de gobierno local, con 20 casos (8.9%).
Aquí se encuentran los conflictos con problemáticas que giran en torno a la falta de ejecución de obras, pedidos de vacancia, oposición a la implementación de políticas, falta de transparencia, etc.
El tercer tipo de conflicto es el de demarcación territorial, con 14 casos (6.2%), donde la problemática central radica en la imprecisión de los límites territoriales entre los distritos, provincias y departamentos.
De igual forma, el documento brinda información referente a tres conflictos sociales nuevos, uno socioambiental referido al caso de la comunidad campesina de Smelter (Pasco), donde los pobladores reclaman a las autoridades por la aparición de boquerones causados aparentemente por la actividad minera en la zona.
Asimismo, se mencionan dos casos más en Apurímac, uno por asuntos de gobierno local, donde los pobladores rechazan la decisión judicial de dejar en libertad al alcalde distrital, tras irregularidades en el proceso de revocatoria en su contra; y otro vinculado al tema de universidades.
Responsabilidades
Con relación a las competencias para la atención de los conflictos por parte de las entidades estatales, la obligación principal recae en el gobierno nacional en 145 casos (64.4%), seguido por los gobiernos regionales en 50 casos (22.2%) y los gobiernos locales en 19 casos (8.4%).
Durante mayo, 89 casos (52% de los casos activos) continuaron siendo tratados mediante procesos de diálogo.
De esta cifra, 51 conflictos fueron abordados mediante mesas de diálogo y comisiones de alto nivel, con la participación de la Defensoría del Pueblo en 42 de ellos.
