El Banco Mundial, brazo financiero de los intereses de los países desarrollados, publicó en 1996 el documento A Mining Strategy for Latin America and the Caribbean. Este documento sirvió para imponer, bajo la sutileza de recomendaciones, la política minera que los gobiernos desde México hasta la Patagonia, han incorporado en sus legislaciones para recibir a la megaminería transnacional.
Por Guillermo Maya Muñoz publicado en El Mundo
La agenda del BM, tanto en términos de las normas legales mineras como fiscales, se ha venido aplicando favorablemente para la megaminería transnacional. En Colombia, está agenda tuvo su interpretación más apegada a las recomendaciones del BM a través del código minero de 2001, que vuelve a regir las condiciones de la minería colombiana, después que la Corte Constitucional tumbó el Código de Minas de 2010, desde mayo 11 de 2013. La elaboración del Código Minero de 2001 tuvo la asesoría de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (Cida).
En cuanto a los beneficios fiscales, los tratos favorables a la megaminería transnacional son incontables: contratos de estabilidad jurídica y tributaria por 30 años; descuentos tributarios por inversión en bienes de capital; las regalías de deducen de los impuestos, y otros disparates semejantes. Además, la minería se está desarrollando sin las compensaciones adecuadas por la desaparición del recurso. La regalía del oro es 4%, que se descuenta de los impuestos. Tampoco se compensan los daños ambientales y humanos.
La megaminería, especialmente en el oro, con las nuevas técnicas de movimiento de grandes volúmenes de tierra, que exige grandes volúmenes de agua y cianuro, para remover la nube de oro que en ellos existe, deja como consecuencias la destrucción de los ecosistemas terrestres y acuáticos, que posibilitan la existencia humana, y la biodiversidad.
La megaminería destruye el patrimonio de las comunidades con la ilusión, siempre esquiva, de que la minería trae el desarrollo y el mejoramiento del nivel de vida de las comunidades. Ni lo uno ni lo otro. Nada más pobre que las regiones y pueblos en donde la megaminería ha asentado su actividad. El nordeste antioqueño y Choco son dos fracasos históricos monumentales en subdesarrollo y pobreza.
Por estas razones, las comunidades se movilizan en todo el continente y en Colombia, también. En el municipio de Piedras (Tolima), mediante una consulta popular, se rechazó la explotación minera en su territorio el pasado domingo 28 de julio. Los piedrunos votaron la pregunta elaborada por la alcaldía municipal y refrendada por el tribunal Superior del Tolima: “¿Está de acuerdo, como habitante del municipio de Piedras, Tolima, que se realicen en nuestra jurisdicción actividades de exploración, explotación, tratamiento, transformación, transporte, lavado de materiales, provenientes de las actividades de explotación minera aurífera a gran escala, almacenamiento y el empleo de materiales nocivos para la salud y el medio ambiente, de manera específica el cianuro y/o cualquier otra sustancia o material peligroso asociado a dichas actividades y se utilicen las aguas superficiales y subterráneas de nuestro municipio en dichos desarrollos o en cualquier otro de naturaleza similar que pueda afectar y/o limitar el abastecimiento de agua potable para el consumo humano, la vocación productiva tradicional y agrícola de nuestro municipio?”. No, fue la respuesta. El lobby megaminero dice que es una pregunta sesgada.
El municipio de Piedras ha sido escogido por la megaminera surafricana AngloGold Ashanti, que va a extraer el oro de la concesión de la Colosa (Cajamarca-Tolima), como lugar para procesar el material y depositar los deshechos mezclados con cianuro.
Las autoridades nacionales y el lobby megaminero se pronunciaron en contra del plebiscito popular, y cuestionan su resultado con argumentos tales, como que la activad minera está bajo la jurisdicción nacional, y que los entes locales no son idóneos para prohibir la minería y detener el progreso nacional (léase intereses megamineras transnacionales).
El ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo, les recordó a las comunidades que se han opuesto a que se sitúe la megaminería en su territorio, que aunque “es legítimo que las comunidades expresen su punto de vista, a través de consultas, es claro que el Estado es el dueño del subsuelo” (Estudian validez de consulta que veta minería en Piedras (Tolima), eltiempo.com, julio 29-2013).
Sin embargo, hay que recordarle al Ministro que los recursos son de la nación colombiana, que somos todos los nacidos y los acogidos en el territorio nacional; el estado es el instrumento político de la nación; y el gobierno es el agente administrativo de la nación. En este sentido, alegar mantener el monopolio de los recursos en manos del estado, ayudado con el monopolio de la fuerza, sin consideración con los intereses de la nación, significa una expropiación de los recursos naturales, por parte de la elite político-económica, para entregarlos a las megamineras transnacionales.
Los recursos mineros deben servir los intereses nacionales por encima de intereses particulares, y de los extranjeros, sin tener que pasar por las encima de las comunidades. ¿Qué es el oro? Nada frente a las fuentes de la vida, el agua y la tierra, y la riqueza del trabajo.
