Después de lo ocurrido con La Oroya y la minera Afrodita, el Ejecutivo abrió un tercer frente de conflictividad potencial el mes pasado, al emitir el proyecto de ley 3817 sobre desplazamiento forzado interno. El Ejecutivo presentó al Congreso de la República dicho proyecto de ley, buscando modificar el artículo 8 de la ley 28223 para que sea el Ministerio de la Mujer el ente que autorice los desplazamientos en caso de inversiones en gran escala.
Ver la primera parte Negar la contaminación y desmovilizar
La terca vocación por la conflictividad socioambiental del gobierno (segunda parte).
Lima – 22/03/2010. Después de lo ocurrido con La Oroya y la minera Afrodita, el Ejecutivo abrió un tercer frente de conflictividad potencial el mes pasado, al emitir el proyecto de ley 3817 sobre desplazamiento forzado interno. El Ejecutivo presentó el 4 de febrero al Congreso de la República dicho proyecto de ley, buscando modificar el artículo 8 de la ley 28223 para que sea el Ministerio de la Mujer el ente que autorice los desplazamientos en caso de inversiones en gran escala. Hecho que recién trascendió públicamente el 22 de febrero, cuando la congresista Juana Huancahuari Páucar dio la voz de alerta a través de una nota de prensa. “La Ley de desplazamiento interno que ampara a las personas o grupos de afectados por conflictos armados o desastres naturales pretende ser utilizada para promover megaproyectos de inversión minera, hidrocarburos y represas que serían declarados de interés superior o primordial”, indicó la congresista en su comunicación. También cuestionó que el proyecto haya sido enviado a las comisiones de Justicia y de la Mujer del Congreso para su discusión, pero no a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, algo necesario dado su posible impacto en la integridad social, política y económica de las comunidades y pueblos de la Amazonía.
Otras críticas al proyecto la acompañaron pronto desde la sociedad civil y política, siendo una de las voces más autorizadas la de Isabel Coral, experta en desplazados por la violencia política. Coral cuestionó que con el proyecto se pretendiera eliminar la palabra “forzado” del concepto de “desplazamiento forzado” y se pretendiera anular lo concerniente al proceso de consulta previa, en aras de los proyectos de inversión y desarrollo. “La ley actual establece que el desplazamiento que no es ocasionado por situaciones de violencia, debe ser consultado a la población y adecuadamente informado para proceder al mismo, lo cual no se haría con esta decisión”, declaró a una emisora local. Por su parte, el Programa Social Indígena de la asociación Derecho, Ambiente y Recursos naturales (DAR) sostuvo que el proyecto de ley vulnera derechos colectivos de los pueblos indígenas y además no es aplicable a los mismos. Su reciente informe “El Desplazamiento Forzado Interno: El Caso De Los Proyectos De Desarrollo” concluye que el Estado no puede ejecutar acciones de promoción del desplazamiento de los pueblos indígenas debido a que “dicho desplazamiento no está permitido”. El informe añade que el desplazamiento forzado tiene un tratamiento distinto cuando se trata de pueblos y comunidades indígenas. De acuerdo al principio iuris pro hominem de los derechos humanos, en caso existan dos normas aplicables al mismo supuesto, se preferirá aquella disposición que reconozca mayores derechos a los beneficiarios, vale decir, el artículo 9º de la Ley de Desplazamiento Interno que los excluye del desplazamiento.
A la fecha, el proyecto se encuentra aún en revisión en las comisiones mencionadas y ningún miembro del Ejecutivo ha respondido crítica alguna. Sin embargo, la congresista Elizabeth León, presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro peruanos, Ambiente y Ecología, ha puesto un virtual freno congresal al declarar que el polémico proyecto de ley no puede ser debatido por el pleno del Congreso, mientras no se apruebe la Ley de la Consulta Previa, o habría conflictos innecesarios. Y también pidió que el proyecto sea debatido en su Comisión.
El cuarto frente de conflictividad, en apariencia más complejo y avanzado, referido al proyecto de la hidroeléctrica de Inambari, se potenció cuando el 26 febrero el Ministerio de Energía y Minas publicó la propuesta peruana del Acuerdo para el suministro de electricidad al Perú y la exportación de excedentes al Brasil, también (mal) llamado Acuerdo de Integración Energética Perú-Brasil. Aunque esta propuesta fue enviada por el gobierno peruano al brasileño el 17 de febrero. La propuesta alude básicamente a los lineamientos generales, compromisos de las partes, exceso de oferta, situaciones de emergencia de corto plazo, solución de controversias, suficiencia de generación para el Perú y desarrollo sostenible. Sobre este último punto, recién en el artículo 9 de la propuesta se indica que las actividades que se realicen deberán efectuarse respetando el “uso sostenible de los recursos naturales, la conservación del ambiente, el patrimonio arqueológico y cultural” procurando el bienestar social y económico de las comunidades. Pero esto sólo tiene el tenor de una vacía declaración de principios. La propuesta peruana también indica que la capacidad acumulada de todas las centrales será de 6 mil MW, destinadas a cubrir las necesidades del mercado interno y a exportar los excedentes a Brasil. Además, las concesiones para la generación hidroeléctrica y de transmisión se darán por un plazo de 30 años, y el costo de las instalaciones de transmisión que se construyan recaerá en Brasil. El punto quizá más favorable de la propuesta es el referido a las condiciones de emergencia y/o situaciones que pongan en riesgo la seguridad del abastecimiento al mercado peruano a corto plazo: “el Perú podrá reducir y suspender la exportación de energía a Brasil”, con el acuerdo de las partes. Pero, de mantenerse ese texto en el acuerdo final, queda la duda de qué ocurriría si para ello no hay acuerdo de una de las partes, vale decir, de Brasil.
Si bien se anunció que dicho acuerdo se firmaría a principios de marzo, hasta la fecha el gobierno no anuncia nada nuevo al respecto, lo cual no es señal democrática. A lo mucho, el 2 de marzo se realizó el primer “Conversatorio sobre la Interconexión Eléctrica Perú – Brasil. Proyecto Central Hidroeléctrica Inambari”, en San Gabán Puno. En la exposición participaron funcionarios del Ministerio de Energía y Mina, además de los representantes del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES) y los Ministerios de Ambiente, Transportes y Comunicaciones, entre otros, que fueron recibidos con carteles en contra del proyecto. Así, no resultó extraño que dicho evento no lograra atenuar el malestar social latente, y el 4 y 5 de marzo varias organizaciones sociales de Puno realizaron un paro regional de 48 horas, poco difundido en Lima. Los actores fueron la Confederación de General de Trabajadores del Perú-Puno, los frentes de defensa de las provincias de El Collao, Azángaro y San Román, la Asociación de Transporte Interprovincial, el Gobierno Regional Puno y la Universidad Nacional del Altiplano.
Su protesta obedeció a la falta de un estudio de impacto ambiental, las posibles consecuencias que traería la hidroeléctrica de Inambari a los pobladores de las zonas aledañas, la falta de información por parte del Gobierno y el no sentirse escuchados por el mismo. Aunque la alcaldesa de la provincia de Carabaya, Nancy Rosell Angles, anunció que su zona no pararía, estando a la espera de conocer las medidas con las cuales se controlará y compensará el impacto socioambiental que generaría la hidroeléctrica. Por lo pronto, los temas de Inambari y el acuerdo energético Perú-Brasil se están debatiendo públicamente en varias páginas de internet y el Congreso de la República, a través de varios foros, pero el Ministerio de Energía y Minas no destaca por participar en ellos. No extrañaría tampoco que el acuerdo con Brasil sea firmado pronto sin considerar los aportes ciudadanos, si es que no lo ha sido ya, y sea dado a conocer en vísperas de semana santa (Continuará).
Raúl E. Chacón Pagán
