Los Ngäbe cierran desde hace cinco días la única carretera que conecta al país con Centroamérica y el gobierno los mantiene incomunicados. Unos 5.000 indígenas del pueblo Ngäbe mantienen un duro pulso con el gobierno de Panamá por cuenta de la minería.
El pasado martes cerraron la carretera Interamericana, única vía de comunicación del país con Centroamérica, en protesta por el incumplimiento de un acuerdo firmado con el Gobierno de ese país hace un año y que puso fin a una protesta similar. Hay desabastecimiento en mercados de las ciudades de Panamá, David o Bocas del Toro y el Gobierno ha comenzado a importar combustible desde Costa Rica.
Sesenta organizaciones de derechos humanos de Latinoamérica y las Naciones Unidas en Panamá han pedido al Gobierno que negocie urgentemente y que evite el uso de la fuerza dados los antecedentes. En febrero de 2010, la acción policial contra los Ngäbe se saldó con un civil muerto y decenas de heridos y, unos mese antes, durante una huelga de trabajadores de las bananeras de la misma etnia, terminó con 8 civiles muertos y unos 600 heridos a manos de la Policía, según una comisión de investigación designada por el propio Gobierno.
Son ya cinco días de cierre que tiene atrapados a unos 300 camiones en la vía y a otros 600 en Paso Canoas, la frontera entre Panamá y Costa Rica. Las pérdidas económicas se calculan en unos 8 millones de euros, según la Cámara de Comercio de Panamá, pero las pérdidas políticas son incalculables.
El Gobierno mantiene el pulso, negándose a negociar en la zona de las protestas y asegurando que ha cumplido los acuerdos de 2010. El hecho que ha provocado la nueva protesta es la retirada en el último momento del artículo de la nueva ley minera que se debía aprobar en la Asamblea Nacional en enero de este año. El artículo 5 de la Ley 415 indicaba la prohibición de las “explotaciones mineras y de la construcción de hidroeléctricas” en la Comarca Ngäbe-Buglé, el territorio autónomo reconocido por el Estado al pueblo originario más numeroso de Panamá.
Organizaciones, como el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, Human Rights Everywhere o la Asamblea Ciudadana (que agrupa a unas 60 asociaciones sociales de Panamá), han lanzado una alerta ante la presencia, reconocida por el gobierno, de unos 800 policías antidisturbios en la zona y el corte inesperado en la noche del jueves de todas las comunicaciones de telefonía móvil en la zona. Antes del corte de las comunicaciones, el Ejecutivo evacuó a la mayoría de los civiles atrapados en el corte de la vía en un puente aéreo gratuito entre las ciudades de David y Panamá. El presidente, Ricardo Martinelli, volvió a acusar anoche a “opositores que quieren sembrar el caos” y a “elementos foráneos” de estar detrás de las protestas indígenas. Rogelio Montezuma, presidente de la Coordinadora Ngäbe, respondió: “El presidente busca excusas para justificar sus mentiras. Pensar que somos manipulados es despreciarnos”.
La minería en Panamá
La Comarca Ngäbe-Buglé guarda uno de los tesoros más deseados por las compañías multinacionales mineras: Cerro Colorado. Los estudios indican que es la segunda reserva latinoamericana de cobre y empresas de Canadá, así como el gobierno de Corea del Sur ambicionan estos tesoros.
El proyecto supondría un fuerte impacto ambiental al tratarse de minería a cielo abierto, prohibida en la vecina Costa Rica, y el desplazamiento de numerosas comunidades indígenas. El conflicto social por cuenta de la minería y los megaproyectos económicos no es nuevo. Los pueblos originarios y los campesinos en Panamá han mantenido una pelea con éste y con anteriores gobiernos por la explotación de recursos naturales en sus áreas. Dos ejemplos significativos son el proyecto minero de Petaquilla, que afecta en su primera fase 13.000 hectáreas del Corredor Biológico Mesoamericano, y los casi 70 proyectos de hidroeléctricas que se desarrollan en la provincia de Chiriquí afectando a las cuencas de los ríos y a la ganadería tradicional
