El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, firmó un contrato-ley con la empresa Minera Panamá (subsidiaria del gigante minero canadiense First Quantum Minerals) para que explote por 20 años con posibilidad de prórroga la mina de cobre más grande de Centroamérica. El mismo, fue aprobado por el Congreso, pero ocasionó masivas protestas durante una semana. La consecuencia directa de la magnitud que ha tenido el rechazo del pueblo, fue el anuncio de Cortizo de realizar un referéndum el 17 de diciembre para que los panameños decidan si se deroga el contrato-ley minero. Si bien es un paso atrás para la minería, y para la empresa canadiense que vio caer sus acciones, estaremos expectantes de la decisión del pueblo de aceptarlo o seguir luchando directamente por la derogación.
Por: Noalamins.org
Foto de portada: Luis Acosta / AFP
Desde el lunes 23, miles de panameños comenzaron a manifestarse contra el gobierno en Ciudad de Panamá, en protesta porque el presidente Laurentino Cortizo firmó un contrato con Minera Panamá que fue aprobado por el Congreso de Panamá. Esta empresa es la subsidiaria del gigante minero canadiense First Quantum Minerals, y según el acuerdo con el Estado, sería la encargada de explotar por 20 años prorrogables la mina de cobre más grande de Centroamérica. (1)
El jueves 26 de octubre, una muchedumbre compuesta por estudiantes, médicos, religiosos, obreros, profesores, grupos indígenas, y demás miembros de la sociedad civil, hizo sonar cacerolas y ondeó banderas panameñas, al protestar por cuarto día consecutivo en contra del contrato ley firmado el viernes anterior. El Estado respondió con el accionar de agentes antimotines parapetados tras grandes vallas que protegían los edificios gubernamentales y tiraron gases lacrimógenos para dispersar la multitud. Ni los gases ni la lluvia los frenó, sino que siguieron marchando por distintos sectores de la ciudad. (2)
Por su parte, los ocho gremios del transporte de carga decidieron ese mismo día paralizar completamente sus servicios por cuestión de seguridad, debido a los bloqueos por las protestas en la principal carretera del país y otras vías. Afirmando además que, de no resolverse el conflicto en el término de dos días, el país sufriría desabastecimiento de alimentos, medicamentos, insumos médicos, gas, combustible y más. El presidente de la Cámara Nacional de Transporte de Carga, Roberto Araúz, informó que se trataba de aproximadamente 900 camiones los que se encontraban parados en la carretera Panamericana, que cruza todo el país y lo comunica con Centroamérica. (3)
Las protestas exigen la derogación de una ley que selló el acuerdo, negociado después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional en 2017 el contrato de explotación original de la mina de cobre. Los manifestantes consideran que el nuevo contrato también es “inconstitucional” y que la actividad minera representa una amenaza para el medio ambiente. El gobierno lo defiende argumentando que contempla aportes mínimos anuales de la minera al Estado por 375 millones de dólares, diez veces el monto del acuerdo inicial. (4)
En coincidencia, la Conferencia Episcopal Panameña critica la aprobación por parte de la Asamblea Nacional del contrato entre Estado y Minería Panamá para la explotación de cobre, porque responde a un modelo consumista y extractivista que amenaza la vida humana y el ambiente. El episcopado pide un pronunciamiento de la Corte Suprema y reivindica el derecho a la legítima protesta, sin represión, violencia y amenazas”.
Cabe destacar que, “ al menos 4 demandas de inconstitucionalidad han sido presentadas, dos ya fueron aceptadas por la Corte Suprema. En opinión del ex-fiscal especializado en delitos contra el ambiente, Giovanni Olmos, estas denuncias responden a que el gobierno otorgó concesiones con estudios de impacto ambiental antiguas, que no están enfocadas al nuevo proyecto. Añade que, según su criterio, se está violando el Acuerdo de Escazú, que establece que la ciudadanía tiene derecho a información ambiental”.
El 27 de octubre, se realizó la mayor manifestación, reuniendo a unas 50.000 personas que en una marea humana recorrió en forma pacífica la capital panameña. La joven Camila Aybar Monteagudo, una activista digital-ambiental, afirmaba en una entrevista a EFE: “Los jóvenes (…) nos estamos apoderando de la calle y no nos vamos a ir hasta que se derogue un contrato minero que no fue consultado con la ciudadanía, que es totalmente abusivo y con el que en solo tres días el Gobierno panameño aprobó la destrucción de 40 años de nuestro país”. La joven activista criticó que ese contrato “aprueba que una empresa minera pueda tener la mina más grande de cobre de todo Centroamérica en un país que no es minero, y en una ubicación que es un área protegida que se conoce como el Corredor Biológico Mesoamericano que contiene la biodiversidad más rica de 8 países”. (5)
Entre los manifestantes también se encontraba el reconocido activista ambiental Ricardo Wong, presidente de la Fundación PRO-MAR y del Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, además de miembro del colectivo organizador. Wong explicó a EFE que un punto importante del malestar colectivo es que “la mayoría de los artículos (del contrato) van en contra del Estado panameño. Pareciera que fue escrito solamente por la First Quantum”. “Es más que un contrato minero, le estás dando puerto, le estás dando generación eléctrica, les permites hacer urbanizaciones, centros comerciales, eso no debe estar dentro de un contrato minero. Se ve que es algo fuera de lo común. No lo comprendemos”, dijo. “Estás dándole a una transnacional beneficios exorbitantes sin una razón lógica, y nunca han sido justificados”, sentenció. (6)
Y es que Panamá es muy sensible a todo lo que sea cesión de territorio, después de convivir durante casi un siglo con los estadounidenses tras la construcción del Canal, que administraron y controlaron hasta el año 2000.
Ante la enorme presión ejercida por las protestas populares que se prolongaron por una semana, el presidente de Panamá anunció su decisión de prohibir el otorgamiento de nuevas concesiones mineras en el país. La medida, rubricada a través de un decreto ejecutivo Nº23/2023, responde al malestar provocado por la ola de protestas que exigían derogar el contrato-ley firmado. No obstante, a pesar del anuncio presidencial, las protestas continuaron, dejando un saldo de al menos 13 heridos y más de 100 detenidos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que usaron gases lacrimógenos para reprimir a los manifestantes. (7)
Como consecuencia de la magnitud que ha tenido el rechazo del pueblo, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, anunció un referéndum para que los panameños decidan si se deroga el contrato-ley minero. La fecha establecida para el referéndum sería el 17 de diciembre. Si bien es un paso atrás para la minería, y para la empresa canadiense que vio caer sus acciones, estaremos expectantes de la decisión del pueblo de aceptarlo o seguir luchando directamente por la derogación.
Esta situación es esperanzadora para todos los pueblos que resistimos a los extractivismos defendiendo los territorios.
Referencias:
(1) (2) (3) (4) Multitudinarias protestas en Panamá
(5) (6) Un tsunami ambientalista inunda Panamá contra la minería.
(7) El presidente de Panamá detiene nuevas concesiones mineras
