El Fiscal Federal de Rawson Fernando Gelvez ha formulado el pedido de elevación a juicio a los procesados por defender el agua y el territorio que formaron parte de la manifestación de repudio en la ruta nacional Nº3, contra el avance extractivista que descartó sin tratamiento el Proyecto de Ley por Iniciativa Popular. Dicho funcionario judicial fundamenta que se los considera autores “criminalmente responsables” del delito del Art. 194 del Código Penal, pero en el texto del artículo no se contempla una situación habitual como es el ejercicio al derecho de realizar una protesta social pacífica. La criminalización está siendo la herramienta con que los gobiernos provinciales a través de los poderes judiciales intentan desmovilizar las resistencias sociales a las políticas extractivistas.
Por: Noalamina.org
Foto de portada: Nicolas Palacios – LUAN Colectiva de Acción Fotográfica
En el día ayer, los vecinos procesados por la causa originada en la justicia federal a partir de la protesta de mayo de 2021 en Trelew en la ruta nacional Nº3, comunicaron que el Fiscal Federal de Rawson Fernando Gelvez había formulado el pedido de elevación a juicio por considerarlos autores “criminalmente responsables” del delito del Art. 194 del Código Penal. Los acusados son defensores del agua y el territorio, que formaban parte de una gran movilización popular que repudiaba que la Legislatura Provincial había descartado sin tratamiento el Proyecto de Ley por Iniciativa Popular que fue presentado con el acompañamiento de más de 30.000 chubutenses. Esta decisión de los diputados, constituía el paso previo para eliminar todo obstáculo que impidiera habilitar la megaminería mediante la Ley de Zonificación Minera que sería aprobada 7 meses después y derogada a los 6 días ante la pueblada de rechazo que se denominó “Chubutazo”.
El pedido de elevación a juicio se realizó un día antes de que la causa prescriba y la interpretamos como un intento por desmovilizar las resistencias sociales a las políticas extractivistas.
Cada vez que se quiere instalar en la agenda la represión a los reclamos sociales se argumenta que son “delitos” contra el derecho a la libre circulación. Cabe destacar que el Art. 194 es antidemocrático desde su origen. No fue incorporado al Código Penal por una votación en el Congreso sino que fue incrustado de facto en 1968 por Juan Carlos Onganía a través del “Decreto-Ley” N°17.567. A pesar de ello, ningún gobierno posterior a esa dictadura se dignó a derogarlo. (1)
Un intento de cambio para contemplar el derecho a la protesta social, aparece en un Proyecto de Ley ingresado por la Diputada Margarita Stolbizer el 13 de mayo de 2003. El texto, indudablemente condice con la legislación de un país democrático, pero no fue aprobado. (2)
Art. 1: Sustituyese el art. 194 del Código Penal por el siguiente texto:
Art. 194.- “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de 3 meses años.
Cuando las conductas previstas en el párrafo anterior hayan sido cometidas por una reunión de personas que peticionan a las autoridades y no hayan ejercido violencia en las personas ni usado armas de fuego, la autoridad competente intimará el cese de las conductas y nombrará una comisión mediadora de tres miembros para que disuadan la protesta o canalicen adecuadamente la petición.
Si la comisión mediadora no tiene éxito se intimará por segunda vez el cese de las conductas, y si ella no es obedecida se podrá hacer uso de la fuerza pública para que cese la comisión del delito.
Si la comisión mediadora tiene éxito no serán punibles las conductas previstas en este artículo.
La comisión mediadora estará integrada por un funcionario vinculado al área o sector estatal al cual se dirige o vincula la petición, por quien propongan quienes dirigen o
representan la protesta y por un mediador que designe el juez.”
Todo lo resaltado en el párrafo anterior coincide con los motivos de la protesta y la forma pacífica con que ordenadamente, a requerimiento de la Policía de la Provincia de Chubut, fue desalojada la ruta N°3.
Los procesados son 5 vecinos, que fueron elegidos arbitrariamente entre los cientos que formaban parte de la manifestación, los mismos se autodefinen como “laburantes, profesionales, militantes populares y toda la diversidad que pueda caber en el grito NO A LA MINA. Somos defensores del territorio como tantos otrxs de Trelew, Rawson y Puerto Madryn y enfrentaremos un juicio porque esta justicia se pone a tono con el poder político y los intereses de las multinacionales”.
“Queremos dejar en evidencia la persecución y el amedrentamiento del Estado hacia lxs luchadorxs sociales. Sabemos que el modelo extractivista que intentan imponer constantemente a lo largo y ancho del país, no es posible sin la represión y la criminalización hacia quienes se oponen al mismo, en ese punto nos encontramos nosotrxs ahora, siendo criminalizadxs por ser parte de un pueblo que luchó, lucha y seguirá luchando”.
“De esta manera, es la única en la que se puede considerar que cometimos un delito al defender el agua. Nosotrxs estamos convencidxs de que hicimos lo que teníamos que hacer, que no fue ni más ni menos que ser parte de un pueblo entero que dijo que en Chubut no pasarán y no pasaron!”
“Fuimos abrazadxs desde todos los territorios a lo largo de estos dos años, estamos hermanadxs con cientxs de luchadorxs que atraviesan la misma situación frente a la justicia y esa es nuestra fortaleza, saber que no somos un caso aislado, sino mas bien parte de una clase que lucha por hacer cumplir sus derechos y por una vida digna, libre de opresores, libre de saqueos, que queremos elegir cual es nuestro destino como pueblo y no permitiremos que sigan digitando nuestro presente y futuro”.
“Seguiremos gritando que LUCHAR POR EL AGUA NO ES DELITO y enfrentaremos lo que se viene con la frente en alto, porque si hay algo que sabemos es que amamos nuestro territorio y jamás dejaremos de defenderlo”.
Desde las asambleas socio-ambientales de toda la Argentina, exigimos: ¡ABSOLUCIÓN YA!
Referencias:
