Nuestras comunidades de la Colorada, Petaquilla, Palmilla Nueva Lucha, Monte Virgen, Uveros, Belencillo vuelven a ser víctima de la codicia desenfrenada del capitalino ahora en su modalidad neoliberalismo; igual que con las incursiones anteriores del capital donde perdimos las tierras de nuestros abuelos, luego la franja central el territorio nacional con el ferrocarril y el canal, hoy perdemos las playas, montañas, ríos y la riqueza del subsuelo.
Por Coordinadora de Organizaciones campesinas e indígenas Coclecito
En una época en que la imagen puede desvirtuar la realidad, para garantizar los intereses de una minoría, las comunidades indígenas situadas dentro del territorio de concesión de minera Panamá otorgado en bochornosa alianza con el capital financiero internacional y colaboración de las autoridades locales (alcalde, representante, corregidores, policías e guardia de seguridad privada de la empresa minera Panamá) arremeten contra nuestra comunidad en el mejor estilo de los salvajes colonizadores. Con artimañas, que niegan incluso los más elementales principios sobre los que dicen levantar su sociedad de igualdad y oportunidades para todo (democráticas); a 523 años de la primera presencia del capital y bajo los igualmente falsos criterios de civilización que permitieron fueran negados a la humanidad y arrasados miles de seres humanos y sus grandes aportes culturales. Con la indignación más profunda surgida ante la complicidad con que el gobierno de turno, de igual manera que los anteriores; y toda la gama de partidos que sustenta su democracia corrupta, se doblegan a estos intereses foráneos.
Denunciamos que el día 13 de octubre del año en curso se hicieron presentes en nuestra comunidad el corregidor del área, un policía y dos miembros de la seguridad de la empresa minera Panamá, quienes serrucharon los horcones del depósito de mercancía que abastece de los víveres y enceres básicos para la sobrevivencia en que transcurre nuestra existencia, derribándolo y robándose cerca de 5,000 balboas en mercancía que se guardaban en dicho local, lo que afecta nuestra comunidad Colorada e igualmente el resto de comunidades del área. Este es el último elemento puesto en práctica por la empresa minera panamá protegido por el gobierno y que utiliza las autoridades locales como sus ejecutores de represión. Igualmente ha procedido el cierre de caminos utilizados por los habitantes de la región así con el uso de los ríos por los que transitamos con nuestras cargas y enfermos. Todo esto con la intención manifiesta y declarada de limpiar el área de población indígena y campesina. Este país es de todos los hombres y mujeres honrados que buscan forjarse un futuro para ellos y sus familias, no de ladrones y apátridas que lo venden por unas onzas de oro. Sepan todos que no vamos a dejar nuestra tierra y menos por una “legalidad” forjada para la satisfacción de intereses de grupos empresariales, sus aliados y cómplices.
Nuestra lucha constante de rechazo a la minería nos ha dado doblemente la razón, primero porque esa actividad fue concebida, legalizada e implementada por un grupo gansteril; bajo el manejo ambicioso y la ausencia de amor patrio y la baja condición moral de traficantes y contrabandistas que conforman los sectores empresariales, el soborno de presidentes, asamblea y demás autoridades, inclusos las normas de negocia internacional.
La empresa amparada por los gobiernos desde la patraña montada con la ley 9 del 1997 evade sus responsabilidades laborales, desde el gobierno de prd con balladares, en el gobierno panameñista de mírella,el PRD de martin y el CD de martineli e incluso el actual gobierno, que se desvive por tapar lo instalable, perjudicando con ello a cientos de trabajadores panameños que no han recibido sus salario, ni les fueron pagadas sus cuotas de seguro y otras prestaciones, luego del robo de la empresa Petaquilla. Y otras tanto de abusos cometido que prueban con creses los vínculos de estas empresas y los gobiernos mencionados.
Las violaciones a todas las legislación panameño tanto en materia ambiental, como otros compromisos económicos y fiscales, demuestran, cómo fue denunciado en su memento, que el estado no tenía ni jurídica, ni técnicamente condiciones para abordar semejante compromiso, que la insistencia en la aprobación e implementaciones este proyecto solo se justificaba por la ambicione de los grupos dominantes. Y el alto costa que este la significaba al estado y pueblo que subvenciona la actividad.
Denunciamos la pérdida de la biodiversidad provocada por la destrucción del territorio boscoso y la diversidad de flora y fauna así como envenenamiento y destrucción de más de 9 grandes ríos y costas con la construcción la planta para generar energía a base de carbón en punta rincón, donde ya han instalado un puerto por donde llevarán a cabo su saqueo.
Otro elemento es el daño a la soberanía nacional, pues en la práctica este territorio esta fura de la jurisdicción de las autoridades panameñas. La ley permite a la empresa la expansión de los terrenos bajo concesión sin más condición que sus propias “necesidades” con lo que pone en riesgo las tierras comunales y las tierras propiedad de los moradores del área de Donoso e incluso el distrito de La Pintada y Penonomé.
Esto situación que lesiona profundamente los intereses de nuestro pueblo no es punto de agenda de las clases dominantes y los medio de comunicación silencian el dramas que vivimos hoy el sector indígenas y campesinos. La empresa, experta en sobornos al amparo del gobierno y bajo la protección de las autoridades locales ofende nuestra dignidad como pueblo soberano y roba descaradamente nuestros recursos.
Nuestras comunidades de la Colorada, Petaquilla, Palmilla Nueva Lucha, Monte Virgen, Uveros, Belencillo vuelven a ser víctima de la codicia desenfrenada del capitalino ahora en su modalidad neoliberalismo; igual que con las incursiones anteriores del capital donde perdimos las tierras de nuestros abuelos, luego la franja central el territorio nacional con el ferrocarril y el canal, hoy perdemos las playas, montañas, ríos y la riqueza del subsuelo.
Con la pérdida de nuestra independencia como nación perdemos nuestra condición de hombres libres, situación que como pueblo jamás aceptaremos. Es por ello que demandamos:
La eliminación de la concesión para la explotación de la minería a cielo abierto, contenida en el contrato ley 9 de 1997.
El cese del hostigamiento y cerco que tiende esta nefasta alianza contra la comunidad campesina indígena.
El cese de la eliminación de los bosques.
El cese de la contaminación de los ríos y playas.
La recuperación de las tierras y ríos envenenados y expropiados.
El pago a los trabajadores de los compromisos laborales.
Que el gobierno asuma las obligaciones que le corresponden con la población.
A las comunidades que bordean la carretera a Coclecito, las riveras de los ríos Coclé del norte y Toabré, las llamamos a que frenemos los abusos y engaños de estas empresas mineras sembradoras de muerte; garanticemos que nuestros hijos y todos los seres que vivan en Panamá cuenten para siempre con esta frondosa y exuberante naturaleza que nos legaron nuestros antepasados y que nos da de comer.
Invitamos a todas las organizaciones nacionales e internacionales que se oponen a estos proyectos de muerte a que se pronuncien contra los desalojos forzados que se ejecutan en el área del proyecto de Minera Panamá y que juntos fortalezcamos la unidad por mejores días para nuestros hermanos campesinos e indígenas.
Por la patria y con la tierra
Coordinadora de Organizaciones campesinas e indígenas Coclecito
