Por orden del juez Sebastián Casanello, peritos técnicos del Instituto Nacional del Agua (INA) recogieron muestras del Río Jáchal, a raíz del derrame de más de un millón de litros de solución cianurada que reconoció la empresa canadiense Barrick Gold en la mina Veladero, de San Juan.
Fuente: Infobae
El magistrado investiga las responsabilidades políticas del derrame por la falta de control de la mina a nivel nacional y provincial. En ese expediente, solicitó que se tomen las muestras a 5 mil metros de altura. Si bien los peritos pudieron ingresar al predio de Barrick Gold, por las condiciones climáticas no pudieron ascender hasta el lugar determinado por el juez Casanello.
El objetivo de la toma es determinar las consecuencias del derrame. Hasta ahora las muestras tomadas por Barrick Gold, el Gobierno de San Juan y la Universidad Nacional de San Juan no encontraron cianuro por encima de los límites permitidos.
Sin embargo, los asambleístas de Jáchal desconfían de las tres fuentes y mandaron a analizar el agua a dos universidades de Mendoza. El primer estudio, realizado por UNCuyo, arrojó la presencia de metales pesados en la zona, pero desde el sector minero alegan que los valores son normales. El segundo, hecho por la UTN, detectó la presencia de cianuro en el dique Pachimoco.
Los asambleístas se quejan por la falta de información oficial. En efecto, el Gobierno tardó en reconocer lo que había pasado. Barrick Gold también. Primero lo negó –pese a que, según el reporte que brindó, ya lo había detectado–, luego habló de 15 mil litros, luego de 224 mil litros y finalmente –una semana después– admitió que fueron 1.072 litros.
“El 14 de septiembre pedimos al ministro de Minería, Felipe Saavedra, y al ingeniero Jorge Millón, titular del Departamento de Hidráulica, que informen qué pasó y cómo es el estado de las aguas superficiales y subterráneas. Hasta el día de hoy no hubo ningún informe detallado y preciso de qué ocurrió”, advirtió a Infobae el dirigente Saúl Zeballos. “Incluso presentamos un recurso de amparo para que Barrick Gold y el Ministerio de Minería de San Juan den los resultados de los monitoreos permanentes y automáticos que tienen en la empresa de agua, suelo y aire. Necesitamos saber esa información para quedarnos tranquilos o tomar precauciones”, añadió.
Los vecinos y asambleístas reaccionaron cortando el camino privado de acceso a Veladero, construido por Barrick Gold a través de glaciar Conconta. “Hubo que abrir el glaciar para trazar por ahí el camino que hoy tiene 35 metros de ancho para llegar a la planta y a los yacimientos. Al glaciar lo afectan por los camiones que se usan, de gran porte, y el incesante tráfico que hay. Ese glaciar le da agua a Tudcum”, denunció hace unos años un ex empleado de la minera, Fredy Espejo, echado en el 2001 tras informar que había encontrado animales muertos por acción del cianuro en el río Blanco.
La semana pasada, la policía llegó a la zona, reprimió ferozmente a los manifestantes y arrestó a una veintena, lesionando a varios de ellos en el ínterin. Lo hizo de noche, para evitar fotos y videos.
Otra causa por el derrame se tramite en Buenos Aires
Mientras tanto, la Justicia porteña aguarda que la Universidad de Cuyo envíe un estudio propio según el cual ya habrían detectado la contaminación en el Río Jáchal, a raíz de la presencia de varios metales, aunque desde el Gobierno de San Juan y los sectores vinculados a la minería se rechazó esta versión.
“Los análisis químicos y microbiológicos de la Facultad de Ingeniería de la UNCUYO, encargados por la Municipalidad de Jáchal, demuestran la contaminación de la cuenca del río Jáchal con metales pesados en dosis de hasta 14 veces por encima de los valores tolerables según la normativa nacional”, dice el documento que trascendió en la prensa.
“Nunca he visto un agravio o un ataque o una intención de dañar a la provincia de San Juan y al pueblo de San Juan como este”, replicó Gioja, que habló de información “distorsionada” y “falsa”.
Por el derrame, son dos las causas en trámite, una en San Juan, a cargo del juez Pablo Oritja, por el hecho en sí, y otra en Capital Federal, donde se sumaron varias denuncias en las cuales se investiga la presunta responsabilidad de funcionarios nacionales y provinciales por la falta de control en la empresa.
