El plan de desarrollo energético que el gobierno federal impulsa en la zona norte de Puebla, ha desencadenado un movimiento social generalizado que busca la declaratoria municipal para decretar zonas libres de actividad minera, hidroeléctrica y de hidrocarburos.
Fuente: Índigo
El plan de desarrollo energético que el gobierno federal impulsa en la zona norte de Puebla, ha desencadenado un movimiento social generalizado que busca la declaratoria municipal para decretar zonas libres de actividad minera, hidroeléctrica y de hidrocarburos: un movimiento que nació hace apenas cinco años en Centroamérica.
A la fecha son 95 los municipios de la entidad que ya tienen comprometida una superficie de más 630 mil 774 hectáreas de suelo, donde se pretende la perforación de 10 mil 92 pozos para la extracción de gas mediante la técnica de fractura hidráulica (fracking), la instalación de 12 minas a cielo abierto, la operatividad de siete plantas hidroeléctricas y la instalación de ocho ductos de hidrocarburos.
La totalidad de estos proyectos son rechazados por los habitantes de cada una de las regiones, lo que ha provocado un movimiento social impulsado por los pueblos originarios, el cual pretende solicitar a los gobiernos locales de los 95 municipios con proyectos de desarrollo, que se declaren territorios libres de minería, hidroeléctricas y fracking.
La más reciente manifestación del movimiento social que pretende la declaración de zonas libres de proyectos mineros, hidroeléctricos y de hidrocarburos tuvo lugar en el municipio de Ixtacamaxtitlán, donde los pobladores exigieron al alcalde la citada declaración para que frene el proyecto minero en ciernes.
Cabe recordar que en la localidad de Santa María Zotoltepec, según lo señalado por Rosario Taracena, vocera del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), la minera canadiense Almaden Minerals pretende crear una mina a cielo abierto que requerirá abrir un tajo de más de mil metros de diámetro -equivalentes a 140 campos de futbol- para explotar oro y plata.
“Venimos a manifestar de manera contundente nuestro rechazo al proyecto minero de Almaden Minerals por los abusos y las violaciones que está cometiendo en nuestros territorios y comunidades campesinas e indígenas; y también que se cierren las puertas a este proyecto y sea expulsado de manera definitiva de nuestras comunidades”, señaló la activista Ignacia Serrano de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa del Agua y de la Tierra Atcolhua.
Antes que la comunidad de Ixtacamaxtitlán solicitara a su alcalde la declaratoria de zona libre de minería para este municipio, fueron los municipios de Actopan y Alto Lucero, en Veracruz, los primeros en lograr una declaratoria municipal sobre la no actividad minera, hidroeléctrica o petrolera en sus municipios.
Posterior a los municipios de Actopan y Alto Lucero se sumaron a este movimiento los ayuntamientos de Acacoyagua, en Chiapas, y Zanatepec e Ixtepec, en Oaxaca, donde los pobladores lograron que el cabido de esos municipios decretara la actividad extractiva como una forma de atentado al medio ambiente, la seguridad sociedad y a la salud pública.
El primer antecedente que se registró en este tipo de movimientos sociales data de 2013 en Honduras, luego que el municipio de El Negrito-Yoro declaró a la minería como actividad prohibida en esa localidad, seguido por el municipio de Cabañas en San Salvador, donde la comunidad de Cinquera se opuso a la operación de un proyecto minero en la zona.
Ahora, tras el movimiento que está resurgiendo en la zona norte de Puebla tras la postura declarada por los defensores del medio ambiente en Ixtacamaxtitlán, también el municipio de Caltepec podría declararse como zona libre de minería, luego que una asamblea popular, en la comunidad de Santiago Acatepec, decidió cerrar la puertas a la minera Sumex.
En esta región, la minera se quiere apoderar de más de mil 500 hectáreas en la zona de Zapotitlán, Acatepec, en los límites con Oaxaca, para explotar la arcilla de ese territorio por una concesión de más de 50 años, donde pretende pagar a la comunidad 35 pesos por tonelada de mineral extraído, por lo que se ha solicitado también la declaratoria municipal de zona libre de minería.
