En 15 años, el gobierno federal otorgó 10 mil títulos de explotación a particulares (56% del total de concesiones), quienes “revenden” las licencias a empresas extranjeras y nacionales, “lucran con un bien de la nación”.
Fuente: El Universal
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El gobierno federal otorgó 17 mil 785 títulos de concesión minera entre diciembre de 2000 y junio de 2015. En el sexenio del ex presidente Vicente Fox se dieron 5 mil 76 permisos, mientras que en el de Felipe Calderón la cifra se disparó hasta 9 mil 956. Para junio de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto había entregado 2 mil 753.
Una revisión de la base histórica de concesiones mineras muestra que, en los últimos tres sexenios, ha venido aumentado el número de títulos otorgados a particulares.
Fox Quesada dio 2 mil 156 concesiones mineras a personas (42.4% del total); Calderón Hinojosa, 6 mil 102 (61.3%) y Peña Nieto, mil 808 (65.7%). En los primeros 15 años de este siglo se entregaron 10 mil 66 títulos a particulares, lo que representa 56.5% del total de títulos otorgados.
La extensión de subsuelo que se les concede a ciudadanos también ha aumentado. La administración de Fox Quesada cedió 548 mil 339 hectáreas [0.3% del total de la superficie continental del país]; Calderón Hinojosa otorgó 6 millones 304 mil 725 hectáreas [3.2% de la superficie de México] y Peña Nieto autorizó 2 millones 637 mil 969 [1.3% del territorio].
En 2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió a la Secretaría de Economía que “los requisitos para el otorgamiento de concesiones mineras contenidos en la normativa federal son mínimos y de fácil cumplimiento, por lo que no se encuentra garantizado el correcto uso y aprovechamiento de los recursos naturales, ni que se proporcione un beneficio a la nación”.
La auditoría sobre el estado de los derechos concernientes a la minería recomendó que “la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Economía, analice la conveniencia de revisar la normatividad y los requisitos para el otorgamiento de concesiones mineras, a fin de que éstas se autoricen a partir de premisas que garanticen utilidad pública y beneficios a la nación”. Esto no se ha hecho.
Mayra Montserrat Eslava Galicia, abogada y coautora del libro El mineral o la vida, explica que entre las personas que están adquiriendo concesiones pueden identificarse dos grupos: prestanombres [de empresas] y especuladores.
Los que las ceden pronto son, por lo general, prestanombres. Los que las retienen más tiempo son especuladores. Esperan el momento más adecuado para sacar una mayor ganancia. “Al fin que la concesión es por 50 años, tienen tiempo para especular”, asegura la especialista.
El costo del trámite de cada solicitud de concesión minera va de los 443 pesos (entre una y 30 hectáreas), hasta 137 mil 790 (más de 50 mil hectáreas), más un pago variable por hectárea extra. Posteriormente, las empresas y particulares realizan un pago semestral que se calcula en proporción a la cantidad de hectáreas.
Esquema de compra-venta
Este equipo de investigación analizó los movimientos en los títulos de concesión minera de los 10 particulares beneficiados con más hectáreas en cada uno de los últimos tres sexenios y encontró que, al menos en los casos de los otorgados en las administraciones panistas, los particulares los han cedido o intentado ceder a compañías nacionales y extranjeras, en un esquema que funciona como modelo de apartado del subsuelo para después lucrar con él.
Manuel Langarica Ramos, la persona más beneficiada por extensión del subsuelo en el sexenio de Fox Quesada, con seis títulos de concesión minera por 23 mil 547 hectáreas, en Guachinango, Ameca y Cuautla, Jalisco, hizo transmisión por aportación a Minera El Cobre de Jalisco SAPI de CV —una sociedad anónima promotora de inversión, que en minería son generalmente empresas dedicadas sólo a la exploración—, y ésta, a su vez, hizo cesión de derechos total onerosa a Minas Chaparral, SA de CV. Langarica Ramos también hizo cesión de derechos total onerosa a la Compañía Minera de Atengo, S de RL de CV.
El principal beneficiado en el sexenio del ex presidente Calderón Hinojosa fue Jorge Jiménez Arana, a quien EL UNIVERSAL, en su nota del 14 de septiembre de 2014, “México, en poder de las mineras”, ubicó como representante legal de la minera canadiense Blackfire Exploration México. Jiménez Arana obtuvo ocho permisos que le conceden una superficie de 580 mil 304 hectáreas —área de extensión similar a la del estado de Colima—, en los municipios de Acapetahua, Mazatán, Pijijiapan y Suchiate, Chiapas.
Blackfire Exploration México ha tenido problemas con el gobierno mexicano por infringir normas ambientales, de acuerdo con el informe elaborado por United SteelWorkers, Common Frontiers y MiningWatch Canadá.
En la administración de Peña Nieto, la persona más beneficiada por extensión de tierras ha sido Juan Carlos Astiazarán Nieves, con seis títulos de concesión por 264 mil 558 hectáreas, en las localidades de Carbo, Hermosillo, y en Pitiquito y San Miguel Horcasitas, Sonora. Astiazarán Nieves pertenece a una familia grande de ganaderos, mineros y políticos sonorenses. Estos títulos de concesión no registran movimientos. Todavía los tiene en su poder.
De las 10 personas más beneficiadas con concesiones en el presente sexenio, la mayoría no ha cedido sus títulos. María Montserrat Eslava dice que esto se puede deber a que los precios de los minerales han caído y están esperando un mejor momento para hacer negocio.
Agujeros convenientes
El marco legal es propicio para permitir que las lagunas existentes den cabida a este modus operandi en el terreno de las concesiones mineras. En su artículo 19, la Ley Minera asienta que “las concesiones confieren derecho a transmitir su titularidad a personas legalmente capacitadas para obtenerlas”.
Especialistas explican que la palabra transmitir incluye una variedad de posibilidades: desde traspasar, ceder o vender.
Viéndolo así, vender un título de concesión es legal, aunque la ley no lo mencione como tal. Sin embargo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27, prohíbe “lucrar con los bienes de la nación”, y un título de concesión minera es justo eso.
Así lo explica Juan Antonio López, abogado y coordinador del área de Justicia Transnacional del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales AC (ProDESC): “Una concesión no se puede vender, estarías lucrando con un bien de la nación, por eso [en las tarjetas de registro del Sistema de Administración Minera, SIAM, donde se asientan todos los movimientos de un título] a la mayoría le llaman cesiones [gratuita u onerosa], aunque el trasfondo es que sí implican un intercambio monetario”.
Julieta Lamberti, investigadora de Project Poder, un movimiento ciudadano que promueve la transparencia y la rendición de cuentas en América Latina, asegura que “los otros grandes afectados son las personas que no saben que están viviendo en un terreno cuyo subsuelo está concesionado a un particular”.
Lamberti explica que si el concesionario vende el título, el comprador querrá poner una mina. Así, las plantaciones y construcciones tendrán que quitarse y los pobladores, irse.
Este reportaje fue realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS y el sitio digital Pie de Página (PdP)
