Con 12 propiedades mineras en Canadá, el Grupo Willis bajo la razón social “Black-fire” o “Fuego negro” opera en Chiapas. Pesa en su contra acusaciones de malas prácticas, de abusos, contaminación ambiental e incluso, la muerte de Mariano Abarca Roblero, miembro de la red mexicana de afectados por la minería (REMA) y del frente cívico de Chicomuselo.
Por: José Luis Castillejos Ambrocio
Su rubro es la explotación de la Barita, un mineral cuyo uso principal es en la industria petrolera y en aplicaciones en la pintura como un pigmento con resistencia a los ácidos y en el sector automotriz donde reemplaza al asbesto como producto friccionante en la fabricación de balatas para frenos y sirve a la industria del vidrio como fundente.
La codiciada Barita sirve, además, como protección en los cuartos de rayos X debido a que con su alta densidad es capaz de absorber la radiación. Substituye en ciertos casos al plomo y en la industria médica al ingerirse y ser un medio de contraste sirve en las radiografías del aparato digestivo.
Blackfire Exploration, Ltd., tiene poder y activos en la Columbia Británica, Canadá, y Chiapas, México, a través de su filial mexicana Blackfire Exploration México S de RL de CV. A la par de ese poderío marcha las denuncias de que es una empresa poco responsable lo que llevó al gobierno del estado más septentrional de México a clausurar sus operaciones.
Desde hace un buen tiempo Mariano Abarca Roblero, miembro de REMA venía oponiéndose a Backfire. Sus protestas fueron silenciadas, con su asesinato, el pasado 27 de noviembre a manos de un sicario que lo ejecutó. La empresa canadiense ha intentado desmarcarse del asunto pero las acusaciones de organismos no gubernamentales y de campesinos amenazan con ahogarla.
En agosto del 2008 tres supuestos trabajadores de “Fuego Negro” llegaron hasta la casa de Mariano Abarca en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, portando los chalecos de “Bllackfire” y golpearon a su hijo. Al intentar defenderlo, el luchador social cayó al suelo con un golpe en la cabeza, y los empleados del consorcio canadiense lo siguieron golpeando al tiempo que a su mujer la tenían encañonada.
Ni los golpes, ni las amenazas mellaron la fortaleza de Mariano quien continuó denunciando la falta de agua en los arroyos y las consecuencias de las detonaciones, así como la contaminación de los ríos que, llenos de lodo han acabado con los peces, con ganado y otros animales muertos.
Las autoridades ejidales, ejidatarios y pobladores de la colonia Nueva Morelia del municipio de Chicomuselo, levantaron un acta el 7 de septiembre del 2009 donde asentaron las amenazas de la empresa canadiense Blackfire, con sede en Calgary, Alberta y del robo que hacen en sus tierras.
Las quejas motivaron la intervención del Gobierno del Estado y el posterior cierre de la empresa que ahora amenaza con demandar a la administración de Juan Sabines Guerrero a la que pretende reclamarle una indemnización de 800 millones de dólares como “compensación” por los daños que ha sufrido por el cierre de su mina de barita en diciembre de 2009.
Otra perla es el documento firmado por Artemio Avila Cervera, director de Blackfire Canadá y también Gerente General de Responsabilidad Social, Blackfire de México que prueba que ha realizado pagos por un total de al menos 204 mil 022 pesos mexicanos a Julio César Velásquez Calderón, Alcalde del municipio de Chicomuselo por “servicios no oficiales” en beneficio de Blackfire México. La empresa también ha proporcionado al alcalde otros beneficios, como billetes de avión para él, su familia y sus asociados.
Una delegación de organizaciones no-gubernamentales canadienses visitan Chiapas entre el 20 y 27 de marzo para poder analizar mas a fondo la situación y han iniciado una serie de contactos para determinar cómo frenar el modus operando de esta empresa.
La red mexicana de afectados por la minería está exigiendo que el gobierno federal mexicano actúe de inmediato para cancelar todas las concesiones mineras otorgadas a Blackfire, y expulsar a la empresa de México por violar derechos humanos fundamentales y por haber planeado el asesinato de Mariano Abarca Roblero en noviembre 2009, razón por la que algunos de los trabajadores de blackfire han sido arrestados.
Hasta la fecha Blackfire ha incumplido las promesas de desarrollo de carreteras y tanques de almacenamiento de agua y en cambio ha generado un impacto ambiental negativo, ha fomentado un clima de amenazas, asesinato y corrupción y ha empobrecido aún más a la población local.
La empresa “Fuego Negro” lleva a cabo la extracción de la barita a cielo abierto en tres áreas en Chicomuselo: Plátanos, Torre 1, y Mirador y cuenta con un área de procesamiento y almacenamiento de la barita ubicada a 7 kilómetros al sur de las áreas de exploración de 1.5 hectáreas, donde se ubica maquinaria, material acumulado.
Blackfire se encuentra actualmente en conversaciones con las autoridades del gobierno para construir una terminal de minerales en el puerto de Chiapas en una zona estratégica del mundo que sirve de puerta de enlace desde Central y América del Sur a los mercados asiáticos.
De permitirse la operación, este puerto permitirá Blackfire para vender mineral de hierro y la producción de titanio para los clientes asiáticos y Tapachula sería su centro clave de comercio con América Central.
El gobierno ha dado Blackfire un acuerdo por escrito de 500 por 300 metros de la primera línea de playa y de los derechos a la tierra tanto como se requiere en el puerto. Como tal, Blackfire ha enviado una carta a las autoridades de Puerto de Chiapas, solicitando 300m de frente de muelle a que se construyó después de comenzar su mina de barita.
Después de estas denuncias se desconoce si las autoridades portuarias van a construir una línea ferroviaria como estímulo para la instalación y construcción del muelle.
Que el “Fuego negro” de la empresa no consuma los intereses de Chiapas.
