Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) de Canadá alertaron de una catástrofe ambiental en la región de la Sierra de Chiapas, “debido a que existe una devastación ambiental que puede generar un colapso en caso de fuertes lluvias”, dijo Rick Arnold, de la organización Fronteras Comunes.
Por Gabriela Coutiño
Chicomuselo, Chiapas – 23/04/2010. Hay una grave deforestación, hay contaminación de los cuerpos de agua, y la gente ya no se puede bañar en los ríos porque se ha enfermado de la piel, el ganado se está muriendo, y en muchas comunidades se han perdido los mantos freáticos, hay muerte de pescado, agua contaminada y muchas enfermedades”, señalaron en conferencia de prensa.
Luego de realizar un recorrido por el municipio de Chicomuselo, donde sostuvieron reuniones en los ejidos Nuevo Morelia y Grecia con los habitantes de la zona, los integrantes de las Ongs canadienses, Vigilancia Minera de Canadá, Fronteras Comunes de Canadá, Trabajadores Unidos de la Industria Siderúrgica, Consejo de Canadienses, Comité por los Derechos Humanos en América Latina, Red de Solidaridad Regional del Atlántico, Sierra Club Canadá, Apoyo Mutuo Misionario y Comité de Justicia Social, señalaron que la minera Blackfire debe de ser suspendida definitivamente.
Gustavo Castro Soto, vocero de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), explicó que en la zona, la maquinaria de la minera sigue con los sellos de la Secretaría del medio Ambiente y Vivienda del gobierno del estado, “pero el problema es ambiental, hay una grave deforestación, una contaminación de los cuerpos de agua y la gente ya no se puede bañar en los ríos porque se ha enfermado de la piel”, dijo.
En conferencia de prensa las Ongs canadienses y Castro Soto expusieron que en su visita a Chicomuselo se reunieron con unas 100 personas representantes de 15 comunidades de la región, quienes les manifestaron su rechazo a la mina, por la contaminación que produce.
Sin embargo, señalaron que en la zona hay otros grupos de personas que está a favor de la presencia y explotación de la minera BlackFire, “porque quieren seguir recibiendo los 60 mil pesos mensuales que la empresa les daba, aunque no haya cumplido con la construcción de obras comunitarias”.
Al encuentro con la prensa también acudieron habitantes del ejido Grecia, entre ellos, el hijo del líder Mariano Abarca asesinado, José Luis Abarca Montejo, además de Marín Roblero Morales, y Neftalí Pérez Pérez, quienes expusieron que la mayoría de los pobladores afectados por la mina seguirán en su lucha hasta las últimas consecuencias hasta que las máquinas sean retiradas.
De acuerdo vocero de la REMA, hay temor de que la empresa Blackfire esté esperando el momento político para que vuelva a operar, “la comunidad espera que ya no regrese, por ello, será fundamental contar con estudios de impacto ambiental, el daño es irreversible por la explotación a cielo abierto en un estado tan rico en medio ambiente”, dijo castro Soto.
Para los integrantes de la REMA BlackFire Exploration debe de ser suspendida definitivamente, pero a la vez debe indemnizar a las comunidades afectadas por la extracción de barita a cielo abierto, así como debe de ser investigada hasta las últimas consecuencias por el asesinato del líder social, Mariano Abarca Roblero.
Por su parte la delegación de canadienses explicaron que están recabando información que presentarán al gobierno de su país, por evidencias de corrupción de la Corporation Blackfire, de violación a derechos humanos, a derechos colectivos y por acusaciones de la muerte de Abarca Roblero ocurrida el 27 de noviembre .
Rick Arnold, de la organización Common Fronteras, comentó que las organizaciones canadienses estaban al tanto de la actuación de Blackfire, “percibíamos que algo andaba mal, la gente estaba inconforme, y el asesinato del líder Mariano Abarca generó un escándalo internacional, subió a otro nivel de conocimiento el caso en Canadá”.
Agregó que al regresar a su país las Ongs van a hacer un relato de los acontecimientos para que se enjuicie a la empresa Blankfire, sobre corrupción que es lo que le compete a su país, “el soborno en el extranjero se sanciona, ya hemos puesto la demanda ante la Policía Montada en Canadá”.
En Chiapas hay problemas contundentes, tenemos las pruebas más fuertes en contra de la compañía, la gente está a la espera de justicia y creo que lo menos es ponerles atención y resolverle sus problemas, aseveró.
En su oportunidad, Mark Rowlinson, abogado para la industria metalúrgica de Canadá y representante de los trabajadores mineros en aquel país, sostuvo que preocupa en su país la situación que se ha generado por la compañía en este estado.
“Vamos a llevarlo a nuestro gobierno, nada más, empezaría por el impacto del medio ambiente, creemos que hay que poner alerta, puede ser algo mucho más grande, es muy grande la devastación, y eso puede generar una avalancha de los cerros en las lluvias”.
“Pero además, hay un engaño de la empresa a los habitantes de la zona, no hay una ganancia de todos, sí una manipulación para que se le permitiera la explotación de barita, pero no se ve ese beneficio más que para la empresa”.
Para la delegación canadiense los afectados podrían demandar para recibir una compensación desde Canadá, “sería una acción legal que ellos podrían iniciar pero en las cortes canadiense, por daños ambientales, presunto asesinato, por impacto ambiental, violación a derechos humanos y daños a la salud”, apuntaron.
