Un miembro del Gobierno canadiense declaró la semana pasada, en el marco del roce por el llamado del Presidente Donald Trump a la renegociación del TLCAN: “amamos a nuestros amigos mexicanos, pero nuestros intereses nacionales están primero y la amistad viene después”. De acuerdo con un informe del Instituto Fraser, el 74 por ciento de las concesiones para exploración minera en México son canadienses. Y, de acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, de norte a sur del país, al menos 17 mineras canadienses han dañado a comunidades mexicanas.
Fuente: Sin Embargo
Además de afectar su medio ambiente contaminando sus aguas, hay casos de tres asesinatos y diversas amenazas e intimidaciones contra los ejidatarios relacionados con estas firmas. ¿Cuál amistad? Los canadienses suelen venderse en el mundo como una nación defensora de los derechos de los más débiles, de una supuesta convicción igualitaria, de solidaridad con los pueblos. pero apenas tiene oportunidad o le llega alguna presión, y esos principios se los guarda para después.
Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).– Alrededor de cien elementos de la Policía Federal, del Ejército Mexicano y de la policía estatal de Durango, además de elementos de la policía del municipio de Mapimí, en agosto de 2012 intentaron disolver un campamento establecido frente a la mina La Platosa, de la empresa canadiense Excellon, la cual violó un contrato de renta de mil 100 hectáreas con la comunidad La Sierrita de Galeana. Dos meses después, un grupo de sujetos con palos y piedras desalojó la protesta a golpes.
“No hubo heridos, pero sí nos encañonaron. Nos ponían los cañones de las armas en el estómago”, afirmó el presidente del Comisariado Ejidal, Daniel Pacheco. “Cualquier movimiento en falso que nosotros hubiéramos hecho… el Ejército nos tenía rodeados”.
Un informe de las organizaciones Alerta Minera Canadá y United Steelworkers concluyó que aquella ocasión “las autoridades mexicanas, al ser presionadas con regularidad y constancia en el ámbito político, penetraron el plantón pacífico a favor de los intereses de Excellon”.
Daniel Pacheco contó a SinEmbargo que cuatro años después sigue recibiendo amenazas e intimidación. Le llegan mensajes de texto a su celular de ladas de Nayarit, Chihuahua y Nuevo León. “Ya déjense de chingaderas”, “dejen de estar molestando a Excellon, de todas formas van a perder”, dicen los textos.
El domingo pasado una patrulla de la Policía se estacionó frente a su casa durante la madrugada.
“No hay una mina en toda Latinoamérica que se haya retirado por daños a las comunidades. Se retiran cuando se acaba el mineral porque son empresarios. El gobierno de Canadá lo que quiere es seguir sangrando a México llevándose los minerales”, aseguró.
Además de la violación a derechos humanos, la empresa canadiense ha contaminado con arsénico las aguas de La Sierrita, una zona desértica.
“Un estudio de la UNAM dice que hay arsénico en el agua y [que] está al límite para usarse en la agricultura. Para consumo humano está cinco veces arriba de la norma”, afirmó Pacheco. Para abastecerse, la comunidad recurre a un pozo establecido a unos 5 kilómetros de la mina.
Tras varios años de juicio por pisotear el contrato que disponía que a cambio del arrendamiento de los terrenos la empresa tenía que pagar y dar diversos apoyos económicos a la comunidad, en noviembre el Tribunal Unitario Agrario determinó cancelarlo.
La autoridad ordenó a la minera la devolución de las mil 100 hectáreas a los ejidatarios. Sin embargo, detalló el Coordinador del Área de Justicia Trasnacional de la organización ProDESC, Juan Antonio López, esto sólo puede llevarse a cabo si la comunidad paga a la empresa 5 millones 612 mil pesos por haberle causado pérdidas de 90 millones de dólares al establecer el campamento durante tres meses. El abogado lo interpreta como una condicionante y un embargo a las tierras.
A su vez, ordenó el Tribunal, Excellon debe pagar a la Sierrita 5 millones 500 mil pesos por no haber cumplido con la construcción de una planta tratadora de agua como indicaba el contrato. Pero de acuerdo con López fueron también otras cláusulas las que la empresa violó. Esa cantidad de dinero no representa una compensación total si se toman en cuenta los daños a la comunidad y la falta del pago de becas, fondo social y renta por las tierras que han seguido utilizando durante tres años más sin pagar, dijo. Por cada año, la canadiense les debe 7 millones de pesos.
No es un caso aislado. De acuerdo con el informe del Instituto Fraser, el 74 por ciento de las concesiones para exploración minera en México son canadienses. Mientras, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina ha registrado, de norte a sur del país, que 17 mineras canadienses han dañado a comunidades mexicanas, algunas de ellas con usos y costumbres propias.
Además de afectar su medio ambiente, se han documentado tres asesinatos, y diversas amenazas e intimidaciones contra los ejidatarios.
En México, el Observatorio de Conflictos Mineros ha detectado 37 casos, de los cuales la hoja de maple destaca en varios.
Estas son las mineras “amigas” señaladas por los comuneros de dañar su comunidad y cometer otros actos de agresión en su contra: Metallica Resources en San Luis Potosí; Minefinders en Chihuahua; Great Panther en Guanajuato; BlackFire en Chiapas; Torex Gold en Guerrero; Alamos Gold en Sonora; Vista Gold en Baja California Sur; Continnum Resosurces en Oaxaca, Linea Gold Corp en Chiapas y Oaxaca; Gold Group en Veracruz; Almaden Minerals en Puebla; Fortuna Silver en Oaxaca; Araganout Gold en Baja California; Excellon en Durango; First Majestic Silver Corp en Coahuila y Zacatecas; Gabfer en Colima y Samalayuca en Chihuahua.
De acuerdo con Juan Antonio López, para que una empresa minera pierda la concesión –otorgada por la Secretaría de Economía– debe haber incumplimientos a la Ley Minera: no haber cumplido con las labores de exploración o extracción; no pagar impuestos con base en sus ganancias; o emprender acciones contra la soberanía nacional, por ejemplo.
El Presidente Enrique Peña Nieto, con playera verde fosforescente y short negro, corrió “casi 5 kilómetros” en Canadá durante una mañana a finales de junio del año pasado junto al Primer Ministro de ese país, Justin Tradeau. Siete meses después, ya con Donald Trump como Presidente de Estados Unidos y la inminente desaparición del TLC, un miembro del gobierno canadiense declaró que sus intereses nacionales están primero y la amistad con México es secundaria.
“Amamos a nuestros amigos mexicanos, pero nuestros intereses nacionales están primero y la amistad viene después”, dijo desde el anonimato.
Canadá le ha dado la espalda a México durante el tenso debate sobre el TLC iniciado por el republicano Donald Trump.
Desde la cancelación de la visa que había sido impuesta a los mexicanos para ingresar a ese país, ambas naciones no habían tenido roces.
Con un intercambio comercial bilateral que en 2015 alcanzó los 34 mil millones de dólares, Canadá y México se mantienen como el tercer socio comercial uno del otro. El país de la hoja de maple es el cuarto mayor inversionista de aquí. Entre el 200 y el 2014 inyectó más de 22 mil 780 millones de dólares, según cifras oficiales.
Pero no toda la inversión canadiense ha dejado a México un buen sabor de boca: el Observatorio de Conflictos Mineros ha detectado 37 disputas en territorio nacional, de las cuales, 17 empresas de Canadá destacan en 19 de ellos.
A continuación los casos:
1. El cerro San Pedro ubicado en San Luis Potosí históricamente fue un lugar donde se realizaban actividades mineras artesanales y ahora es atracción para la minería trasnacional. Es una zona que no dispone de grandes cantidades de agua lo que hace más riesgosa la actividad minera.
Desde la década de los 90 la empresa San Xavier –subsidiaria de Metallica Resources de procedencia canadiense– opera fuera de la ley y “terminará comiéndose” al cerro para la extracción de oro, de acuerdo con el Frente Amplio Opositor.
La organización ha desarrollado la mayor oposición a la actividad minera de esa firma por sus impactos en el agua, en el ambiente, en la salud de la población y el efecto negativo en actividades alternativas que pueden desarrollarse en la zona.
2. Campesinos del Ejido Huizopa, en Chihuahua, protestaron ante la Mina de Oro Dolores de la empresa canadiense Minefinders. El proyecto de extracción a cielo abierto ha sido ilegalmente desarrollado en sus tierras porque, argumentan ejidatarios, la Secretaría de Medio Ambiente solo dio el permiso de uso de suelo para 500 hectáreas, pero la firma ocupa 3 mil 458 hectáreas para sus labores.
La Asamblea Permanente de Huizopa exige que la empresa deje de estar “enriqueciéndose a costa de la pobreza de los ejidatarios y devastando los recursos naturales”.
3. La actividad de la empresa minera canadiense Great Panther contamina el agua de las presas La Soledad y La Esperanza en Guanajuato al arrojar fierro, manganeso, arsénico y selenio.
4. Desde el año 2008 la empresa canadiense BlackFire intentó explotar en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, la mayor mina de barita del mundo, que prometía alcanzar un ritmo de producción de 360 mil toneladas anuales de esa piedra utilizada para la perforación petrolífera.
Pero los campesinos de los ejidos Grecia y Nueva Morelia se oponían con manifestaciones. En noviembre de 2009 fue asesinado Mariano Abarca Roblero, miembro de la organización de derechos humanos “Dos Valles Valientes”. La mina fue cerrada. El activista había presentado una denuncia contra la minera por amenazas de muerte.
Además, también han sido amenazados de muerte miembros del Comité de Derechos Humanos Oralia Morales en Frontera Comalapa, y del Comité de Derechos Humanos 10 de enero en Chicomuselo.
La firma canadiense no puede operar hasta que cumpla las regulaciones ambientales exigidas. El yacimiento se encuentra clausurado.
5. Un estudio de la Secretaría de Salud (Ss) y de la Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaeg) determinó en 2007 que existe contaminación grave en cuerpos de agua de Cocula, Guerrero, debido a derrames de arsénico de la empresa minera canadiense Media Luna, subsidiaria de Tex Gold.
Además, un dirigente de la coalición de Ejidos de Real de Limón denunció intimidación hacia la protesta. En general han habido hostigamiento contra ejidatarios por parte de la empresa.
6. La Mina de Oro Nacional, de la canadiense Alamos Gold, en la sierra alta de Sonora, está acabando con el pueblo de Mulatos. Su actividad de extracción ha dañado la salud de sus habitantes y compra las casas a precios muy baratos.
7. La Sierra de la Laguna, cadena montañosa en Baja California Sur, es una reserva ecológica protegida por su enorme variedad de especies endémicas. Sin embargo, desde el año 2010 la empresa canadiense Vista Gold intenta explotarla.
Hasta el momento la Semarnat ha negado el permiso a la trasnacional para implementar el proyecto Paredones Amarillos también llamado Minera Concordia y posteriormente Los Cardones, cuando Vista Gold se asoció con el Grupo Invecture, otro canadiense.
La Secretaría realizó una consulta a los habitantes del estado sobre el proyecto y la mayoría lo rechazó.
8. Mediante engaños a la población campesina del ejido Carrizal, en Chiapas, funcionarios de la canadiense Linear Gold Corp obtuvieron un permiso de exploración que intentaron convertirlo en luz verde para la explotación.
Han habido un detenido (ya liberado), hostigamiento policial y amenazas de muerte ante la resistencia de la población local y del Frente Regional Contra las Privatizaciones (FRCP-FNLS).
9. Las comunidades de San José del Progreso, Magdalena y otras localidades del municipio de Ocotlán, Oaxaca, acusaron que ilegalmente se entregaron concesiones a la empresa Natividad, de la canadiense Continnum Resosurces.
Tan solo en las actividades de exploración secaron manantiales y acuíferos de la zona de manera irreversible.
Los comuneros han tomado campamentos de la minera y cortado rutas de acceso, pero han sido reprimidos violentamente por la policía. Exigen la indemnización por los daños ecológicos.
10. El proyecto Caballo Blanco de la empresa canadiense Gold Group se encuentra en Alto Lucero, Veracruz, a tres kilómetros de la central nuclear Laguna Verde, con la autorización ambiental de Semarnat y Profepa.
Ha despertado fuerte oposición porque amenaza el medio ambiente y aumenta el riesgo de un accidente nuclear con consecuencias mortales. Además el área de actividad minera abarca manglares y vegetación.
De acuerdo con las imágenes publicadas por la propia empresa, se colocarán miles de toneladas de material removido en la cabeza de cuenca, las cuales serán objeto de deslaves severos cuyos sedimentos afectarán ríos, lagunas costeras y la ribera del mar de donde se extrae agua para el enfriamiento de los reactores de la nucleoeléctrica.
11. La empresa Almaden Minerals de Canadá efectúa dos trabajos tendientes a explotar yacimientos de oro, plata y cobre en la región de Ixtacamaxtitlán y uno más cerca de Tetela en Puebla.
Las poblaciones se oponen, pero en 2010 se inició la instalación de barrenos para la exploración del subsuelo.
12. La oposición a la mina La Trinidad en Oaxaca de la canadiense Fortuna Silver tiene registros desde 2009. El activista Bernardo Méndez fue asesinado en 2012 durante un enfrentamiento con la policía municipal. Otro activista fue herido a balazos.
Meses después el activista Bernardo Vásquez también fue asesinado a tiros. Su hermano y amiga resultaron heridos en el ataque. Nadie fue detenido.
13. La empresa canadiense Araganout Gold planea instalar la mina San Antonio en la zona turística entre La Paz y Cabo San Lucas en el Golfo de California, pero su proyecto representa un riesgo para los acuíferos, riesgos a la salud por la contaminación del arsénico.
Los ejidatarios de la zona de Los Planes, San Antonio y San Luis han vendido o rentando sus terrenos y viven con la promesa de la generación de 350 empleos directos. Sin embargo, ciudadanos, investigadores, médicos y diversas organizaciones civiles, entre ellas el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Niparajá, Medio Ambiente y Sociedad, y Agua vale más que oro, han emprendido una campaña contra las compañías mineras por el daño a los mantos acuíferos.
14. Habitantes del pueblo zapoteco Magdalena Teitipac “lugar sobre las piedras”, al centro de Oaxaca, decidieron en Asamblea General expulsar a la compañía minera Plata Real, filial de la canadiense Linear Gold Corporation, por la contaminación generada en sus mantos durante los trabajos de exploración en su territorio.
De acuerdo con la Secretaría de Economía, la concesión otorgada para explotar oro y plata era para mil 653 hectáreas a cambio de entregar a los comuneros una contraprestación de 15 mil dólares durante los dos primeros años y luego 20 mil hasta 2057. Pero los habitantes no desean que siga operando por los graves daños a sus ríos y mantos.
15. El conflicto entre la empresa canadiense Excellon Resources y el ejido La Sierrita en Durango se originó por una serie de violaciones al derecho a la tierra, territorio y bienes naturales de los ejidatarios, luego de una violación al contrato por parte de la minera.
En 2008 los comuneros aceptaron rentarles mil 100 hectáreas, pero desde 2011 comenzó a operar fuera del territorio acordado. Ejidatarios realizaron protestas frente a la minera, pero el 29 de agosto del 2012 el Gobierno Federal de Durango y del municipio de Mapimí llevaron a cabo un operativo con más de 100 elementos del Ejército, Policía Federal, estatal y municipal, apuntando con armas y exigiendo terminar con la protesta.
Las protestas continuaron, y se interpuso una demanda para anular el contrato ante el Tribunal Agrario para recuperar las tierras. El proceso judicial continúa.
16. La minera La Encantada, de la canadiense First Majestic Silver Corp, opera en el ejido Tenochtitlán en Ocampo, Coahuila, a pesar de que las tierras pertenecen a la comunidad desde 1973.
La Secretaría de la Reforma Agraria giró una orden para que se les entregaran los terrenos. Aún así no se ha ejecutado la acción de desalojo contra la empresa que sigue explotando el predio del que se saca plata y allí mismo la procesan, contaminando los terrenos ejidales con metales pesados.
La Encantada es la principal explotación de First Majestic en México, que en 2012 reportó una utilidad bruta de mil 464 millones 679 mil pesos, pero sólo pagó 0.004% (68 mil 160 pesos) por derechos mineros.
Cansados de tanto abuso y de no tener respuesta ni ayuda de las autoridades, los ejidatarios irrumpieron cortando el camino de la mina durante el mes de junio del año 2013, a los pocos días fueron criminalizados y hubo un saldo de 16 detenidos.
17. La empresa con capital canadiense Gabfer planea emprender un proyecto minero en la comunidad nahua de Zacualpan, Colima, pero sus habitantes se han resistido.
Consignas como “Zacualpan libre de Minería” se han gritado en las calles de esta comunidad. Han exigido a las autoridades municipales la cancelación de las concesiones.
Durante febrero y marzo de 2014 realizaron cacerolazos y plantones fuera de la empresa.
18. El proyecto minero Del Toro, de la empresa multinacional First Majestic Gold Corp, ha contaminado el río San Rafael del municipio Chalchihuites, Zacatecas, lo cual ha provocado en sus habitantes alergias, infecciones en los ojos, malestares estomacales e incluso plomo en la sangre.
Asimismo, el ganado que ha tomado agua de ese río ha muerto. Dentro de la minera solo el 10 por ciento del personal es originario del lugar.
19. La empresa de capitales mexicanos y canadienses, Samalayuca Cobre, desde el 2012 busca desarrollar un proyecto en la Sierra de Samalayuca, Chihuahua, ofreciendo una inversión por 4 mil millones de dolares.
Sin embargo, las comunidades están preocupadas debido a que el proyecto se encuentra en el polígono de los Médanos, un área natural donde se encuentra la fuente de abastecimiento de agua más importante de la ciudad.
Académicos y habitantes han exigido una investigación sobre el riesgo de contaminación y las estrategias ante la posible escasez de agua.
