Dos veces se ha impedido la consolidación de proyectos mineros en una región mexicana llena de biodiversidad, pero la organización de la gente continúa. El pasado 26 de agosto, el proyecto minero Caballo Blanco-La Paila de la sierra costeña de Chiconquiaco (Veracruz, México) retiró el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) presentado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con la finalidad de comenzar la fase de explotación y extraer oro en un proceso a cielo abierto.
Fuente: RT
Tras una consulta pública, como establece la ley, en la que las comunidades de la región presentaron argumentos sólidos y mostraron una organización fuerte en contra del proyecto minero, finalmente, la empresa lo suspendió a finales de octubre de este año.
Es la segunda vez que un proyecto minero de extracción de oro a cielo abierto es cancelado en esta zona. En 2012, las comunidades pertenecientes a los municipios de Actopan y Alto Lucero se organizaron por primera vez y lograron la suspensión de este plan. Cinco años después, el proyecto fue vendido a otra empresa que decidió impulsarlo de nuevo.
Ascención Sánchez Vázquez, habitante de Los Baños (municipio de Actopan), explica que a las comunidades de esta región les preocupa mucho este tema: “Nos hemos estado organizando para manifestarle a la empresa Gavilán, subsidiaria del grupo financiero canadiense Almaden Minerals, que no queremos proyectos mineros en nuestro territorio”. Sin embargo, no ha sido una lucha fácil y ha requerido, además de la organización de las personas, la participación de académicos, especialistas y hasta de la iglesia local.
El oro, un recurso largamente deseado
En 2010, tras un proceso de movilizaciones por parte de algunas organizaciones ambientalistas, entre las cuales se contó con la participación de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), se conformó la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), clave durante en el proceso de lucha contra las empresas canadienses mineras que insisten en desarrollar proyectos extractivos de oro en la región de la sierra costeña.
Ascención Sánchez Vázquez explica el proceso de despojo que traman las mineras canadienses
A finales de los años 80, el contexto regional no era muy prometedor: construyeron una planta de energía nuclear a pocos kilómetros de las playas que bordean la sierra de Chiconquiaco y se convirtió en un símbolo de la necesidad de organizarse aún más para defender el medio ambiente y la tranquilidad de la vida.
Entre 2011 y 2012, el grupo canadiense Goldgroup Mining retomó una prospección minera efectuada en 1995 para intentar desarrollar la fase extractiva de oro y las comunidades campesinas, ganaderas y pesqueras de los dos municipios afectados se organizaron, tomaron como referentes las luchas antimineras en Baja California y en San Luis Potosí y lograron frenar ese proyecto.
Minera Cardel, subsidiaria del grupo canadiense, retiró a fines de 2011 la MIA por inconsistencias en el estudio, que fueron denunciadas por las comunidades afectadas. A pesar de ello, la empresa volvió a presentar una MIA en 2012 para lograr sus objetivos.
Con una buena estrategia jurídica y una investigación independiente acerca de los daños ecológicos que se tendrían, los municipios de Actopan y Alto Lucero decidieron utilizar los mecanismos de consulta pública y reunión informativa para presentar sus argumentos en contra de la minera, a pesar de que consideran que “son espacios de simulación”, en palabras de Emilio Rodríguez Almazán, integrante de LAVIDA.
Las comunidades afectadas por este proyecto denunciaron en su momento que Goldgroup Mining había dado ciertas dádivas económicas a algunas autoridades; de manera específica, a los presidentes municipales de Actopan y de Alto Lucero, pero también se acusó al entonces gobernador, Fidel Herrera, de ser beneficiario directo del proyecto, de ahí su declaración: “Veracruz se sacó la lotería, ¡tenemos oro!”.
El 5 de junio de 2012, en el Día Mundial del Medio Ambiente y ya con la MIA retirada, el nuevo gobernador y ahora preso por enriquecimiento ilícito, Javier Duarte, se declaró en contra del proyecto minero y, con esto, aparentemente la región quedó libre de minería extractiva, manteniéndose el uso de suelo forestal.
La riqueza de la diversidad
Adán Ves Lira, integrante del proyecto ecoturístico La Mancha (municipio de Actopan), indica que se trata de “una región con mucha diversidad biológica”, debido a que “existen varios ecosistemas que se forman a raíz de la cercanía de la montaña con la costa”, así como “microclimas y microcuencas que, a su vez, se transforman en diversos ecosistemas como humedales, lagunas costeras o manglares; incluso, por estar cerca de la costa, también se forman dunas costeras”.
El equipo del proyecto ecoturístico La Mancha, uno de los principales promotores de la biodiversidad en Actopan y Alto Lucero / Heriberto Paredes
Existen al menos seis lagunas que tienen diferentes usos, desde recorridos ecoturísticos hasta la pesca controlada, de las cuales un mínimo de dos tienen gran cantidad de manglares, que sirven para la reproducción de nutrientes necesarios para las especies animales que aquí conviven.
“La región de la Mancha —continúa Ves Lira— ocupa el primer lugar del estado de Veracruz en biodiversidady Veracruz ocupa el tercer lugar nacional. Nosotros nos encargamos de dar a conocer a toda la gente que nos visita la importancia de estos recursos y por qué debemos cuidarlos”.
Gilberto Martínez Castellanos, agente municipal de Villa Rica —una playa importante e histórica, ya que Hernán Cortés desembarcó ahí por primera vez en tierras continentales— también se muestra preocupado por la insistencia en la extracción minera, que puede contaminar severamente las playas.
“Nosotros somos pescadores y vemos que ese líquido que usan para la extracción del metal nos escurre y nos puede afectar”, también “en la contaminación del marisco y del pescado”. Las playas “están bonitas” y “tenemos miedo de que por esas afectaciones se acaben”. Además, unas tortugas “vienen a poner sus huevos cada año”, expone serio ese funcionario público local.
A pesar de la suspensión, las comunidades se mantienen organizadas
El proyecto minero Caballo Blanco-La Paila, así como todas sus ramificaciones, “acaba de ser suspendido porque ha retirado su Manifiesto de Impacto Ambiental al encontrar en Veracruz un pueblo organizado, un pueblo dispuesto a decirles: ‘no los queremos, se tienen que ir de aquí'”, expresa con firmeza Sánchez Vázquez. Tanto LAVIDA como miembros de las distintas comunidades, campesinos, pescadores, ganaderos y gente que se dedica al ecoturismo argumentaron el gran destrozo ambiental como uno de los factores más importantes para frenar este proyecto.
Tanto Candelaria Mining como Almaden Minerals no pudieron contra los argumentos y las investigaciones independientes que se les presentaron. Así, decidieron retirar su MIA y suspender su iniciativa, aunque en la población ha quedado la enseñanza de que los proyectos se pueden vender a otras empresas, convirtiéndose en amenazas cíclicas.
Por ello, a pesar de la suspensión, la organización no se ha frenado y LAVIDA continúa haciendo labores de información. Entre los diferentes sectores productivos continúan las reuniones para prevenir nuevos proyectos extractivos o de otra índole que atenten contra el territorio. Por su parte, el Gobierno veracruzano mantiene aún concesiones equivalentes a 243.000 hectáreas (3,36 % del territorio estatal) para prospección y exploración mineras.
“Tenemos que aprender a decir no. Aunque el proceso es largo, el mayor esfuerzo es decirle al Gobierno federal que esas concesiones las tiene que cancelar […], no le traen ningún bien a Veracruz”, concluye Ascención Sánchez Vázquez antes de llevarnos a recorrer las mejores vistas de las lagunas y las playas de esta región.
