Una mina a cielo abierto en Veracruz preocupa a pobladores y medioambientalistas, que advierten sobre la peligrosidad del proyecto que se encuentra en las inmediaciones de la central nuclear de Laguna Verde.
Fuente: DW
Hace unos días, organizaciones civiles y de defensa de la tierra conmemoraron el Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto, que se celebra desde 2009 por iniciativa de activistas mexicanos y canadienses. A la convocatoria se sumó la organización alemana Salva la Selva, que llamó a movilizaciones en todo el mundo frente a las embajadas canadienses, por ser ese país el principal promotor de una actividad que, según estos grupos, deja desolación, pobreza y muerte.
La actividad minera en México es prioritaria frente a cualquier otro uso del suelo, una actividad de utilidad pública, según la Ley Minera de 1992, que reformó el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. “Esta argumentación permite a las empresas mineras que participan en bolsa entrar a las grandes ligas de la especulación, pues de lo que se trata es de demostrar a sus accionistas que cuentan con la propiedad del subsuelo, una propiedad que se deriva de las concesiones que son otorgadas por el ejecutivo federal”, afirma el activista Emilio Rodríguez, de la Asamblea Veracruzana de Defensa Medioambiental, LA VIDA.
Según la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), la Secretaría de Economía mantiene en concesión más de 25.000 permisos para la exploración y explotación del subsuelo. Poco menos del 70% son para la explotación a cielo abierto, entre ellos, Caballo Blanco. La veta fue descubierta en 1995, comprende más de 19 hectáreas en los cerros de La Paila y de la Cruz y ha cambiado cuatro veces de propietario desde 2008. La minera canadiense Candelaria Mining Corp compró en 2016 la concesión a Timmings Gold Corp por 12,5 millones de dólares. “Lo que ellos esperan explotar son cerca de 600.000 onzas de oro seguras, más 400.000 inferidas, es decir, probables. Es un volumen de un metro cúbico de oro lo que está en el cerro de La Paila”, explica el activista Emilio Rodríguez. La actividad de explotación es inminente.
Industria extractiva
Aunque México no es considerado un clásico país minero como Perú, Bolivia, Ecuador o Chile, la reducción de los ingresos petroleros por la caída de los precios de crudo ha impulsado la actividad extractiva. “Es el mayor productor de plata en América Latina y la producción de oro se ha multiplicado por diez en los últimos 15 años”, afirma el representante de la Fundación Heinrich Böll (cercana al partido alemán de Los Verdes) en México, Dawid Danilo Bartelt.
El experto explica que la explotación de oro a nivel mundial es muy limitada por la dificultad que implica. “Por cada tonelada de piedra que se tritura con cianuro, mercurio y agua se obtiene un gramo de oro. Es un metal que es principalmente utilizado en joyas, pero también como reserva de divisas, lo que está intrínsecamente vinculado a la especulación”.
Bartelt destaca que se trata también de un metal estratégico, pues se utiliza en la producción de teléfonos celulares. “En una tonelada de viejos celulares hay más oro que en una tonelada de roca en una mina, pero desde el punto de vista especulativo el oro es tan importante, que es la quintaesencia del valor. Por eso en todo el mundo excavan como locos buscando oro. Es necesario aplanar montañas enteras para obtener un grano”.
Eso explica, según el experto, el alto potencial de conflicto social que representan las minas a cielo abierto. “Para obtener oro son necesarias grandes cantidades de agua y generalmente el oro se encuentra en terrenos montañosos en donde el agua es escasa. En el peor de los casos, todos los químicos que son necesarios para su extracción contaminan los mantos acuíferos y ríos subterráneos”. Incluso, medida por su beneficio económico, la minería tiene un gran potencial de conflicto, pues ni siquiera genera empleo que beneficie a la población local. “Los empleados que trabajan en las minas son traídos de fuera, como las máquinas y el capital”.
¿Qué se queda en el país?
El experto alemán advierte que para México el beneficio es marginal. “En el marco de la reforma fiscal de 2013, México introdujo mayores impuestos sobre el producto extraído y sobre las concesiones otorgadas. Sin embargo, como sucede en muchos otros países de América Latina, una cosa es la ley en el papel y otra es la práctica”. Las ganancias, según el experto, regresan en su mayoría a los países de proveniencia, en este caso, a Canadá, de donde proviene la mayoría de las empresas mineras activas en México.
Por su parte, el geólogo del Instituto de Geofísica de la UNAM, Carles Canet Miquel, destaca que México es una potencia mundial por sus recursos y producción de plata y de muchos otros elementos y sustancias minerales, lo que atrae a empresas extranjeras. “Las empresas canadienses se dedican principalmente a la exploración. Buscan zonas en donde hay un potencial de exploración y cuando tienen ya una evidencia de que hay alguna riqueza que no se había encontrado hasta el momento, se dedican a la especulación, venden acciones, etc.”
Canet subraya que de todos los proyectos de exploración, un porcentaje muy pequeño culmina en la explotación minera. “Además, lo que suele ocurrir es que no siempre sale lo que el mercado requiere para que un lugar sea económicamente explotable. Eso depende no sólo de la cantidad de metales o de minerales que tenga una zona, sino de las variaciones en los precios de los mismos”.
La ley no siempre se aplica
El experto subraya que cualquier proyecto minero supone un riesgo para el medio ambiente y para la salud y por lo tanto antes de arrancar las operaciones, deberían, si aplican la ley, hacer un estudio riguroso de impacto ambiental. “Pero el problema es que la ley no siempre se aplica. La impunidad está generalizada en el país entonces no creo que un sector se encuentre libre de eso”.
El físico Bernardo Salas destaca que la concesión para explotar la mina de Caballo Blanco ha sido irresponsable debido a la cercanía a la central nuclear de Laguna Verde. “Cuando se autoriza la construcción de una central nuclear debe cumplir con el requisito de estar localizada en un lugar de baja densidad de población, sin actividades industriales, pesqueras, agrícolas o ganaderas importantes. Así que permitir a una minera es un despropósito que complicaría los objetivos del Plan de Emergencia Radiológica Externo”.
Bernardo Salas destaca que las detonaciones de explosivos podrían causar sismos que provocarían un mal funcionamiento de los reactores nucleares. La Secretaría de Recursos Hidráulicos canceló una presa de agua que se ubicaría en la parte montañosa de Laguna Verde. Igualmente fue suspendida la construcción de un ferrocarril que iría de Veracruz a Tampico. Según Salas, esas fueron decisiones responsables, a diferencia de Caballo Blanco.
