En Chubut, existe una violencia institucional desatada contra el derecho la protesta. Esto se evidencia, ya que quedaron sistemáticamente impunes las decenas de denuncias por la feroz represión policial desatada en el marco del Chubutazo de diciembre de 2021, mientras se persigue y judicializa a quienes salieron a la calle a defender el agua y la vida, en una provincia que tiene casi 30 años de lucha ambiental en sus espaldas.
Por: Comisión contra la impunidad y por la justicia
En el día de hoy 8 vecinos criminalizados que participaron de aquella histórica pueblada que detuvo el avance de la megaminería debían recibir el veredicto.
Al vecino Mauricio Vargas se le imputó el delito de “incendio intencional con peligro común para los bienes, en concurso real, con hurto agravado” y la fiscalía pidió seis años de prisión para él. Lautaro Martínez se lo acusó de “daños agravados, concursados idealmente entre sí, en concurso real con hurto agravado” y una posible pena de cuatro años de reclusión por eso. El mismo pedido de cárcel le corresponde a G.V. (adolescente) por “daño y hurto agravados”. Nicolás Díaz (hurto agravado) y Brian Díaz (daño agravado) tienen una condena solicitada de tres años de prisión. Damián Diaz fue acusado por daño agravado y se solicitó 1 año y 8 meses de prisión. Para Lurdes Molina Leguiza (daño agravado), en cambio, la fiscalía pidió dos años de cárcel. A Lucas Espinoza se lo imputó por “daño agravado” solicitando una pena de 1 año y 8 meses de prisión.
Nada de esto es gratuito para quienes sufren la tortuosa persecución judicial y el escarnio público.
Hoy solo 7 vecinxs llegarán a esta instancia judicial.
Hace unas horas pudimos conocer la desgarradora noticia de que Lautaro Martinez se habría quitado la vida en vísperas de la sentencia.
Como ya venimos denunciando hace años, la fiscala María Florencia Gómez, amiga del poder político de turno, arma causas –sin pruebas- y lleva a juicio a luchadores sociales solo por el placer del pretendido disciplinamiento, aunque finalmente, muchos sean sobreseídxs o absueltos; ella parece disfrutar el proceso de escarnio público y fusilamiento mediático que pesa sobre ellxs cuando realiza las falsas acusaciones.
La Jueza María Tolomei en el año 2020, al terminar el juicio oral donde el Ministerio Público Fiscal criminalizó a 6 luchadores no a la mina por el solo hecho de manifestarse, sentenció: “Concluiré con una frase que entiendo refleja una síntesis perfecta de la relevancia o trascendencia que posee el sometimiento a juicio de cualquier persona imputada. Se sostiene allí que “Binder (Introducción p. 245) resalta con acierto que los juicios deben ser preparados convenientemente y se debe llegar a ellos luego de una actividad responsable (…) así como la publicidad implica una garantía en la estructuración del proceso penal, también tiene un costo: por más que la persona sea absuelta y se compruebe su absoluta inocencia, el solo sometimiento a juicio siempre habrá significado una cuota considerable de sufrimiento, gastos y aún de descrédito público. Por tal razón, un proceso correctamente estructurado tiene que garantizar, también, que la decisión de someter a juicio al imputado no sea superficial, apresurada o arbitraria”
La criminalización mata. Y es un crimen premeditado. Aplicado con alevosía, lo que agrava la responsabilidad. La criminalización como operación disciplinadora evidencia la crueldad punitivista como herramienta de dominación.
“La vida no vale nada si cuatro caen por minuto, y al final, por el abuso se decide la jornada”.
El poder político, el poder judicial y los medios de in-comunicación SON RESPONSABLES.
No hay consuelo. Desde la Red de Organizaciones por los Derechos Humanos en Chubut nos queda abrazar fuertemente a su familia y continuar la lucha en defensa de nuestros Derechos denunciando toda operación autoritaria.
