La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) en la que participa el Consejo de la Tiyat-Tlali (CTT), criticó la sumisión del gobierno mexicano ante las autoridades y las empresas mineras canadienses que presionan para la devolución de impuestos y quieren evadir el pago de regalías, como el caso de la Almaden Minerals que buscar extraer oro y plata en Ixtacamaxtitlán.
Fuente: Municipios
La organización opositora al extractivismo minero indicó que las exigencias del gobierno de Canadá se dan en el marco de la investigación para conocer las razones por las que durante el año pasado, los corporativos redujeron el pago de derechos cuando debía haber aumentado según la Reforma Fiscal.
En ese cambio estructural, precisó la Rema, expertos han detectado “lagunas o vacíos” que facilitan a las empresas la evasión en el pago de impuestos a través de actos de simulación como la supuesta renta de equipo a sus subsidiarias y al menos el 80 por ciento de ellas han presentado recursos legales con el argumento de que el pago de regalías es inconstitucional.
Este es el caso de Almaden Minerals que cuenta con 19 concesiones en el estado de Puebla -que actúa a través de sus subsidiarias Gorrión, Gavilán y Compañía Minera Zapata- que interpuso un juicio de amparo en contra del presidente de la república y los legisladores del Congreso de la Unión, con la finalidad de evadir el pago del 7.5 por ciento de las regalías que obtenga sobre la producción de minerales que establece la Ley Minera y contra la tasa del 0.5 por ciento a los ingresos derivados de la enajenación del oro, plata y platino.
“Esta acción jurídica refleja la verdadera cara de la minera canadiense, a la que sólo le interesa la ganancia económica. Además de su hipocresía, pues han dicho tanto a pobladores, como a las autoridades, que al sacar el oro y la plata de territorio de Ixtacamaxtitlán, el municipio se verá beneficiado económicamente por los impuestos que debe pagar. Pero esto es un engaño”, apuntó la Unión de Ejidos Atcolhua, que forma parte de la Rema.
“México es el segundo país que menos impuestos recibe de la actividad minera respecto del total de sus ingresos tributarios, el 1 por ciento de acuerdo con el informe ‘La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2016’ elaborado por la CEPAL. Con las reformas fiscales se estableció que el 80 por ciento de los recursos provenientes de los impuestos se debe destinar a un fondo para las comunidades donde se realizan los proyectos mineros; en el 2015, eso significó poco más de 2 mil millones de pesos, una ridícula suma considerando las multimillonarias ganancias de este sector extractivo y que en contraste, pueden recuperar millones de dólares del SAT, por devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA)”, apuntó la organización.
La Rema indicó que seis mineras canadienses podrían recibir más de 360 millones de dólares en devoluciones, “incluyendo 230 millones de dólares a Goldcorp, empresa responsable de daños irreversibles en la salud en cientos de familias mexicanas, devastación ambiental, agotamiento y contaminación de fuentes de agua, conflictos comunitarios, violencia y vínculos con el crimen organizado, en sus minas de Guerrero y Zacatecas”.
Por ello criticó que funcionarios y autoridades se plieguen “al servicio del gran capital en lugar de poner un alto al saqueo y depredación de las empresas extractivas canadienses, las cuáles, de acuerdo a investigaciones recientes, obtienen hasta un 40 por ciento de ganancia de su inversión y son responsables de por lo menos 44 asesinatos de personas -en once diferentes países- que ejerciendo su derecho al territorio, al agua, a la alimentación se opusieron a proyectos mineros, además de ser responsables también de la criminalización de más de 700 personas en doce países entre los cuales se encuentra México”.
