La economía del río Sonora se encuentra en quiebra luego del derrame de 40 mil metros cúbicos tóxicos mineros ocurrido el 6 de agosto de 2014 en la mina Buenavista del Cobre, que contaminó siete municipios de la región. Un proyecto de reactivación económica de 307 millones de pesos en beneficio de la población afectada en Sonora no ha sido puesto en marcha pese a la petición de ayuda de los habitantes.
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Fuente: Excelsior
Los 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico y metales pesados que escaparon hace dos años de un represo de Grupo México acabaron de un día para otro con la forma de vida de alrededor de 25 mil habitantes de la región.
Después de la tragedia ambiental, ya nada fue igual en los pueblos de la zona, que se mantenían principalmente de la agricultura, ganadería, comercio y turismo.
Jesús Bracamontes Ruiz es un pequeño productor de dulces de leche típicos en Ures, quien durante un par de meses no vendió absolutamente nada por el temor de la gente a que las vacas estuvieran enfermas, por lo que todos los días lucha por volver a levantar su negocio.
“Nosotros nos recuperamos dos tres, pero hay personas que no han visto la suya. Es más, dejaron de hacer lo que hacían”, señaló.
El propietario del comercio llamado Jamoncillos La Tampiqueña señaló que hubo familias que mejor emigraron en busca de nuevas oportunidades.
“Y los demás seguimos batallando, creyendo que algún día se va a componer esto, porque no puedes dar todo por perdido, algo que hiciste con tanto sacrificio no lo puedes dejar así tampoco”, indicó.
Martín Peña Molina es a su vez representante de una huerta productora de nuez y quien durante dos meses no pudo regar sus árboles de nogal debido a que los pozos contenían metales pesados.
Las pérdidas para la Sociedad de Productores Rurales de Banámichi fueron validadas por el Fideicomiso Río Sonora, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), pero el pago de la indemnización nunca llegó.
“Dictaminaron positivo las pérdidas que habíamos tenido en cuanto a cosecha, pero nunca nos pagaron; ahí era un millón 800 mil pesos que tuvimos de pérdida, en lo que fue la cosecha por falta de agua”, manifestó.
A Ramón Aguirre Moiza, habitante de Bacanuchi, municipio de Arizpe, le fue peor, porque alguien más cobró el cheque por sus parcelas de frijol y sorgo que resultaron afectadas.
“Aquí vinieron a ofrecernos los cheques, no los agarramos, porque según esto íbamos a negociar más, y ya después cuando fuimos a Hermosillo por nuestro dinero salimos cobrados, porque alguien más se nos adelantó”, relató Aguirre Moiza.
Programa de reactivación
A lo largo del río Sonora este tipo de historias se repiten; pagos exhorbitantes para algunos y nada para otros. Una situación que todavía hoy tiene dividida a la población.
El compromiso asumido por la minera es que en el corto plazo pondría en marcha un programa de reactivación económica para sacar adelante a las familias damnificadas.
Un oficio en poder de Excélsior establece que la delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en el estado propuso desde el 21 de octubre de 2014 un Plan Integral de Desarrollo y Productividad en los siete municipios del río Sonora, que requería de una inversión de poco más de 307 millones de pesos, pero la empresa responsable del derrame tóxico hizo todo lo posible por bloquearlo.
El proyecto, que sigue guardado en algún cajón de escritorio del Fideicomiso Río Sonora, contemplaba recursos para el desarrollo de infraestructura y equipamiento tecnológico.
Otros objetivos fueron hacer un mejor manejo de la disponibilidad del agua con obras de retención y conducción para el riesgo tecnificado; renovar genéticamente el hato ganadero y continuar realizando muestreos de los niveles de toxicidad por metales pesados durante los próximos cinco años.
Wenceslao Cota Montoya, delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob) en Sonora, reconoció que desgraciadamente se tienen problemas con el Comité Técnico del Fideicomiso Río Sonora, “porque no se ha dado respuesta oportuna a los compromisos ya creados”.
“Hay que reconocer que se ha actuado con lentitud y no se ha visto con mucha objetividad el desarrollo regional, ya no individual o grupal, sino el desarrollo de toda la región del río Sonora, que sufrió un impacto tremendo en su economía, en materia agropecuaria, en materia turística y comercial”, manifestó.
El riesgo
Ante esta situación de falta de cumplimientos de los acuerdos por parte de la mina Buenavista del Cobre, diversos sectores de la sociedad en la entidad advierten sobre el riesgo de un estallido social.
David Gracia Paz, alcalde de Ures, dijo que hasta ahora, la gente ha sido prudente, “pero yo no sé cuánto tiempo se vaya a poder sostener esto, en la medida en que no se respete la palabra empeñada”.
Por su parte, el diputado local Fermín Trujillo Fuentes, integrante de la recién creada Comisión Especial del Río Sonora en el Congreso del estado, advirtió que si en un momento dado la población se levanta, “yo con gusto me voy junto a ellos para que se cumpla con lo prometido, ni más ni menos, porque no puede haber marcha atrás en las demandas”.
Este diario contactó a la gerente de Comunicación de la mencionada compañía, Kristel Lima, con el objetivo de solicitar una entrevista con algún representante de la empresa minera a casi dos años de la tragedia ambiental en el río Sonora, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta
