La mayor parte de los proyectos mineros se ubican en los estados con menos agua del territorio nacional. El norte del país apenas cuenta con 30 por ciento de la disponibilidad del líquido a escala nacional, pero concentra 416 –de 757– proyectos mineros en cuyos procesos de extracción de metales se utiliza el agua como recurso principal. El mapa de la ubicación de los proyectos mineros de las empresas con capital extranjero coincide con el de acuíferos sobrexplotados –aquellos cuya recarga es menor a la extracción– que reporta la Comisión Nacional del Agua.
En su conjunto, la industria minera tiene presencia en 26 estados. El mayor número de proyectos se encuentra en Sonora, con 180; Chihuahua, 112, Durango, 82; Sinaloa, 80; Zacatecas, 62; Jalisco, 46; Oaxaca, 32, y Guerrero, 21.
Un ejemplo del alto consumo de agua de esta industria es el de la Minera San Xavier, ubicada en la zona árida de Cerro San Pedro, San Luis Potosí. Al día ocupa 32 millones de litros mezclados con 16 toneladas de cianuro, es decir 33.6 litros por segundo, para extraer oro y plata, indica el grupo Pro San Luis Ecológico.
La minería “utiliza millones de litros de agua cada día para la lixiviación de oro, que se mezcla con el cianuro. Hemos visto que en muchas regiones donde se da esta actividad, las comunidades río abajo se quedan sin agua, hay cuarteaduras en las montañas, y a la gente le llega el agua contaminada y sufren por los deslaves”, indica Gustavo Castro, de Otros mundos.
Considera que esto “provoca una nueva generación de desplazados ambientales. En la medida en que las montañas y en otras áreas se genera esta actividad a cielo abierto, y si además se suma el cambio climático, se facilita la erosión de tierras agrícolas y afecta bosques primarios”.
Para las empresas, indica, ha resultado fácil extraer oro y plata a cielo abierto, sin necesidad de hacer túneles. Tumban la capa forestal, raspan el suelo para extraer el mineral y no asumen el costo ambiental. “Hay una violación sistemática a las leyes ambientales y no dejan recursos al país, se llevan toda la riqueza”.
En todas esas regiones hay acuíferos sobrexplotados. Hay 13 en el noroeste del país que incluye Baja California, Sonora y Sinaloa; hay 15 más en la zona del Río Bravo, así como 24 de las cuencas centrales del norte, y 30 en la cuenca Lerma Santiago Pacífico, entre otros.
Sin embargo, para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la industria tiene un consumo bajo de agua y “la minería no es por mucho el gran consumidor de agua”, sostiene Mauricio Limón, subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental.
En entrevista indica que 75 por ciento del consumo del agua del país es del sector agrícola, 15 por ciento corresponde a ciudades y servicios, y 10 por ciento restante a la industria en su conjunto, entre las que está la minería.
“La preocupación por el mayor consumo del liquido debería está en la agricultura. El impacto que la minería puede tener sobre el agua es el mismo que se da en todos los sectores que requieren cambio de uso de suelo forestal. La ley de este rubro señala que cuando se va a dar un cambio de uso de suelo en terrenos forestales se debe analizar que no se comprometa la recarga de acuíferos, la erosión de suelos y que no se comprometa la biodiversidad”, explica.
En impacto ambiental se incluyen todas las actividades que requieran un cambio de uso de suelo en terrenos forestales y deben demostrar que cuentan con agua: si no lo hacen se niega la autorización, apunta.
Información de la Conagua indica que en el norte del país se encuentra 30 por ciento de la disponibilidad de agua, allí está 77 por ciento de la población y casi 87 por ciento del producto interno bruto (PIB). En el sur del territorio nacional está 23 por ciento de los asentamientos humanos y 80 por ciento del agua.
Francisco López Bárcenas sostiene que con esta industria se viola el derecho humano a un medio ambiente sano, lo cual es una garantía constitucional, de acuerdo con el artículo cuarto, pero la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la puede eximir de esa responsabilidad.
Explica que aunque esta ley indica que quienes produzcan residuos deben procurar su manejo integral para evitar riesgos a la salud y daños a los ecosistemas, hay dos disposiciones que trasladan la responsabilidad de reparar el daño causado y afectan directamente a los campesinos cuando arriendan sus tierras a las empresas mineras.
Una de estas disposiciones es el artículo 70 de la legislación y el planteamiento de que “los propietarios o poseedores de predios de dominio privado y los titulares de áreas concesionadas, cuyos suelos se encuentren contaminados, serán responsables solidarios de llevar a cabo las acciones de reparación que resulten necesarias, sin perjuicio del derecho a repetir en contra del causante de la contaminación”.
