Empresas canadienses son las interesadas en extraer minerales en la zona de Actopan. Aunque la Semarnat otorgó permisos para que la empresa explore la zona, los ejidatarios han demostrado su rechazo a este tipo de proyectos que devastarían la región y el tejido social de las comunidades.
Fuente: Regeneración
El pasado 5 de noviembre, la empresa Minera Gavilán, SA de CV, filial de la canadiense Almaden Minerals, obtuvo un permiso de 90 días para realizar trabajos de exploración en la zona de Actopan. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), fue la instancia que otorgó dicho permiso de informe preventivo para el proyecto “El Cobre” bajo el número 30VE2015MD096 y el cual pretende buscar el metal del mismo nombre y abrir una mina.
La autorización para los trabajos que incluían la realización de 9 barrenos en las comunidades de San Juan Villa Rica, Los Baños, Ojital, El Porvenir y Tinajitas del municipio de Actopan, comenzó el 28 de octubre de 2015 y terminó el 28 de enero de este año, sin embargo, habitantes de las comunidades denunciaron recientemente que la empresa continua con los trabajos de exploración aun cuando el tiempo permitido para ello, ya fue superado.
Según Emilio Rodríguez Almazán, integrante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), el problema con estas empresas es que avanzan con mentiras, engaños y dádivas hacia las comunidades.
“Los ejidatarios y avecindados de estas comunidades pues tienen mucha incertidumbre porque han escuchado que la empresa les platica que va a haber empleo, desarrollo, les ofrecen pequeños ingresos a quienes les dan permiso de pasar por su tierra”, dijo.
Aseguró que las personas están consternadas por la poca información que la empresa ofrece sobre el proyecto minero que, en palabras de Rodríguez Almazán, “transforma los medios y las formas de vida de las comunidades en donde se instala por los daños al medio ambiente, a la salud y a todo el tejido social”.
El activista, mencionó que aún es momento de detener a la empresa puesto que apenas está considerando la etapa de exploración, por ello, como organización, buscarán que las comunidades se declaren como municipios libres de minería toxica.
“La empresa no tiene información suficiente que le permita ejercen una inversión bastante alta y que hagan compra de autoridades o que comiencen a usar otras estrategias que les significaría más dinero, entonces es momento de que Actopan y las comunidades aledañas, se informen más y que de manera conjunta, decidan se declare este municipio o por lo menos las comunidades, como territorios libres de este tipo de actividades”.
Las afectaciones de la minera
Emilio Rodríguez, recordó el caso del derrame en el río Sonora, provocado por Grupo México al explotar una mina de cobre y dijo que “ese es el tipo de daños que provocan y ese es el escenario de corrupción entre las empresas y los gobiernos para hacer caso omiso cuando se instalan, exploran y hay accidentes como este. Por supuesto que no hay dinero que pague esa afectación que se genera no por un año ni por un mes, es una afectación que se genera de manera permanente.
Además, otro punto que preocupa a los ambientalistas es que justo en los cerros donde se ubica la mina para el proyecto “El Cobre”, se encuentra el sitio RAMSAR de la Mancha, lugar de manglares que se vería afectado ante la apertura de la mina.
Sobre el uso de grandes volúmenes de agua para la actividad minera, Rodríguez Almazán expuso que las autoridades dan todas las facilidades para que las empresas hagan uso no solo del suelo sino del líquido para que funcionen este tipo de minas, privilegiando así a las empresas para que la contaminen con metales pesados.
“Se hace evidente la facilidad con que las autoridades en sus tres órdenes de gobierno permiten este tipo de proyectos. El asunto es que existe una cosa que se llama derecho humano al agua y Constitución, la cual reconoce de manera puntual que el respeto de los derechos humanos prima sobre cualquier otra cosa”.
Y es que en la explotación, se despiden metales pesados como plomo, cadmio, arsénico y mercurio, que están asociados de manera natural a las empresas que buscan cobre y oro pero no se “llevan” los demás minerales, se despiden a través del aire y de las nubes que se generan por fraccionar los cerros.
“Estos metales se depositan en el ambiente, se depositan en las casas, en el pasto y genera de manera paulatina a través de una exposición prolongada problemas muy severos y lamentablemente las mujeres son las primeras en afectarse porque tienen mayor uso del agua que se contamina y tienen una constitución biológica que facilita, en el momento en que están embarazadas, que los metales se dirijan justo hacia los fetos, hay casos de partos prematuros, malformaciones y todos esas cosas no son reconocidas por las empresas donde se instalan este tipo de proyectos”.
Entre las afectaciones, también se encuentran las lesiones en la piel, irritación en los ojos y problemas en los riñones a causa del consumo de agua contaminada.
Emilio Rodríguez exhortó a la población a apoyar para que ni en Actopan ni en otros municipios o estados, se realicen este tipo de actividades que destruyen los modos de vida y únicamente generan ganancias para los dueños de las empresas.
Sobre los permisos a la minera y la omisión de las autoridades
Aunque la empresa obtuvo los 90 días de permiso, ejidatarios han informado que continúa con la exploración, aun cuando la fecha final en que podían realizar trabajos, fue el 28 de enero. Al respecto, el delegado de la Semarnat en Veracruz, Antonio González Azuara, aseguró que si minera “Gavilán”, violó los permisos, deberá ser castigada.
“Si ellos exceden esos días de exploración entonces tendría que intervenir Profepa, nosotros lo que hacemos es dar por recibida la información del informe preventivo y el promovente tendría que cumplir con lo que se estipula”.
Y aseguró que si la empresa amplió los plazos, la primera actuación debe ser de parte de Profepa y “en función de eso, valorar la aplicación de una sanción”.
Como en otros casos de instalación de megaproyectos en Veracruz, los ciudadanos aseguran que las autoridades ambientales “se echan la bolita” y se “ven lentos” ante los trabajos que realizan las empresas para explorar zonas donde podrían instalar sus proyectos. Dejan en la indefensión a pobladores que, preocupados por sus territorios, han tenido que organizarse para defenderse ante la incapacidad de las autoridades y sus dependencias.
