Los pobladores afectados interpusieron cinco amparos para denunciar las irregularidades cometidas por el gobierno federal y la empresa tras la contaminación de 40 millones de litros de solución de sulfato de cobre acidulado (CuSO4) proveniente de la mina Buenavista del Cobre, la cuarta más grande del mundo y subsidiaria de Grupo México.
Fuente: Animal Político
La infraestructura que debía retener los químicos utilizados en la mina Buenavista del Cobre estaba a medio construir y carecía de un sistema de detección y control de derrames, lo que permitió la contaminación del río Sonora en agosto de 2014, según consta en las inspecciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
Esto forma parte de la investigación realizada por los Comités de Cuenca del Río Sonora y la organización PODER, en la cual también se revela que la mina opera desde 2011 sin un “Plan de Manejo de Residuos” que debería ser aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
Ante ello, los pobladores afectados interpusieron cinco amparos para denunciar las irregularidades cometidas por el gobierno federal y la empresa tras la contaminación de 40 millones de litros de solución de sulfato de cobre acidulado (CuSO4) proveniente de la mina Buenavista del Cobre, la cuarta más grande del mundo y subsidiaria de Grupo México.
La Alianza Méxicoleaks, de la que Animal Político forma parte, participa en la difusión de la investigación iniciada en 2013 por las organizaciones y que se dará a conocer este martes 4 de agosto.
Julieta Lamberti, investigadora de Poder, explica que el área donde se manejaban los lixiviados (químicos para obtener el cobre) era “un de lámina que aún estaba en construcción”, sin los aditamentos, como una válvula que contuviera los líquidos, pudo llegar hasta el río Sonora.
Según los representantes de la mina, esta área estaba en reparación, pero las fotografías de las inspecciones –obtenidas a través de solicitudes de información-demuestran que “ni siquiera estaban construidos”.
Además, la PROFEPA detectó que la mina no contaba con sistemas de detección y control de derrames, lo que “explica que no existieron los elementos para controlar un derrame” a los que estaban obligada la empresa, según la Ley Minera.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, señaló en otra inspección que “el terreno en donde se encuentran los represos -en los que desde mayo y junio de 2014 se captan y procesan lixiviados- tiene un avance de 50% en la construcción”, explica la investigación.
Aunque la empresa aseguró que el derrame fue causado por un exceso de lluvia, la
SEMARNAT, la PROFEPA y la Secretaría de Salud desmintieron esa versión, toda vez que el 6 de agosto se registró una precipitación de 5 milímetros y en los tres días previos no llovió. En cambio, para que ocurriera una inundación, se requerirían entre 50 y 100 milímetros de nivel pluvial .
Violaciones a derechos humanos
Los Comités de Cuenca del Río Sonora interpusieron cinco amparos contra la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la mina Buenavista del Cobre, por la violación de los derechos humanos de los habitantes de siete municipios de Sonora.
Se trata de una estrategia jurídica que podría “cambiar el estándar de actuación de la autoridad y las empresas”, afirma el abogado de la organización Poder, Luis Miguel Cano López.
Esto porque los amparos están basados en la defensa de los derechos humanos según los tratados internacionales, pues las leyes en el país son “insuficientes” para hacer que los responsables reparen de daño causado, explica el litigante en entrevista.
Los cinco amparos ya fueron aceptados por distintos juzgados de Sonora entre el 30 de abril y la primera quincena de julio y de ganarlos, el caso de los afectados sería “emblemático” y repercutiría en otras situaciones similares.
Los comités de Cuenca denuncian que no fueron consultados para que la minera Buenavista del Cobre obtuviera una concesión en Cananea, por lo que el amparo busca que se obligue a la autoridad a hacerlo.
“Los tienen que tomar en cuenta para que participen y sus opiniones sean tomadas en cuenta”, porque, como se vio en el derrame en el río Sonora, los habitantes son los primeros afectados, asegura el abogado.
Otro amparo es por el incumplimiento del programa de remediación ambiental, que solo ha avanzado en una de las cinco fases previstas y del cual, la SEMARNAT ni siquiera tiene el proyecto, según respondió en una solicitud de información.
El amparo contra la SAGARPA es por la “omisión” para instrumentar el Programa de Reactivación Agropecuaria que prometió a los productores agropecuarios de los siete municipios afectados el 14 de septiembre de 2014.
Aunque la violación de derechos humanos es cometida por el Estado y sus instituciones, el equipo jurídico de Poder también incluye a la minera Buenavista del Cobre en un amparo de esta naturaleza, pues la reforma a la Ley de Amparo permite señalar a una empresa con una concesión como “autoridad”.
El agua, ¿se puede tomar?
Aunque la Comisión Federales para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) confirmó que el agua del río Sonora es apta para el consumo humano al registrar un nivel de metales aceptables de acuerdo a las normas de la Comisión Nacional del Agua, los 22 mil habitantes de los siete municipios afectados se niegan a consumirla.
Precisamente por eso es que otro de los amparos se refiere a que se garantice “agua de calidad”, explica el abogado Cano López. Esto, porque la “normatividad en México es poco exigente” y más bien debía medirse y compararse con los más altos y “protectores” estándares interpuestos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Jesús Armando Enríquez, agricultor e integrante del Comité de Cuenca Sonora, asegura que 22 mil habitantes de los siete municipios perdieron cultivos en 2013 y en 2014, los alimentos de sus cosechas tienen un crecimiento anormal.
“El cacahuate no se dio. El sorgo es más pequeño y las plantas no se ven con la misma vida”, dice. Además, a su hijo de cinco años le salieron llagas alrededor de la nariz, luego manchas en los brazos poco después del derrame. Aunque no ha sido analizado sus niveles de metales en la sangre, los médicos locales afirman que la contaminación del río podría ser un factor.
