Indígenas de la comunidad de San Miguel del Progreso, en la Montaña de Guerrero, pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determine la constitucionalidad de la Ley Minera y si ésta se apega a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Fuente: Proceso
Luego de ser favorecidos por el Poder Judicial de la Federación con la suspensión de un permiso para la extracción de plata, las autoridades comunitarias y agrarias de ese poblado de menos de 4 mil habitantes del municipio de Malinaltepec reclamaron la intervención de la Corte, al considerar que el gobierno de México viola los derechos de los pueblos indígenas por no consultarlos en la entrega de concesiones para la explotación minera.
En rueda de prensa, el comisario de bienes comunales de San Miguel del Progreso, Agapito Cantú Manuel, reprochó que la Secretaría de Economía (SE) haya pasado por alto el segundo constitucional sobre derechos indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce el derecho de los pueblos originarios a ser consultados e informados sobre la puesta en marcha de proyectos en su territorio.
“Nuestra lucha no es por nosotros, es por las generaciones futuras, sabemos que si se instalan las mineras, van a contaminar los manantiales que alimentan los ríos que dan agua a toda la Montaña y llegan hasta Acapulco; van a acabar con los árboles, los animales, la tierra de la que comemos”, explicó Cantú Manuel.
Luego de 10 horas de viaje, autoridades indígenas e integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan (CDHMT) llegaron al Distrito Federal para hacer la solicitud a la SCJN y entregar cartas de rechazo a la Ley Minera tanto en la Presidencia como en la Cámara de Diputados y el Senado.
Armando Campos, de Tlachinollan, informó que, de las 700 mil hectáreas que integran la región de la Montaña de Guerrero, unas 200 mil están concesionadas a empresas mineras, la mayoría extranjeras.
Las concesiones más grandes son Corazón de las Tinieblas y Reducción del Corazón de las Tinieblas, que comprenden 43 mil 700 hectáreas, propiedad de la Minera Holchschild, de capital británico con sede en Perú; La Diana, de 16 mil hectáreas, propiedad de la canadiense Vendome, y Toro Rojo, de poco más de 9 mil hectáreas, de la empresa Montero Minas.
El año pasado los indígenas me’phaas de San Miguel se enteraron de que 84% de su territorio estaba concesionado por 50 años para ser explotado por Holchschild por lo que, con el apoyo jurídico de Tlachinollan, iniciaron un juicio de amparo para cancelar la concesión y para que se declarara inconstitucional la Ley Minera.
El 12 febrero de este año, explicó el abogado Isidoro Vicario, el Poder Judicial de la Federación falló a favor de los campesinos de San Miguel, se reconocieron las violaciones al derecho a la consulta en tanto se ordenó a la SE ordenó adoptar las medidas para suspender, cancelar, modificar o revocar la concesión minera que afecta el territorio indígena.
Sin embargo, en la notificación girada por el Juzgado Primero de Distrito del 21 Circuito, el Poder Judicial no se pronuncia sobre la constitucionalidad de la Ley Minera, de ahí que el pueblo de San Miguel interpusiera un recurso de revisión para que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa fije una postura al respecto y declare la cancelación definitiva de la concesión.
“La empresa no puede hacer nada desde que se interpuso el amparo, y con la resolución deja al arbitrio de la SE tomar una de cuatro opciones, pero nosotros decimos que debe declararse la cancelación porque eso es lo que pide la comunidad”, apuntó Vicario.
La abogada Maribel González agregó que el 13 de marzo la SE interpuso un recurso de revisión, alegando la falta de interés legítimo de los indígenas, quienes no habían comprobado su calidad de pueblos originarios, así como que el Poder Judicial carecería de facultades para ordenar la cancelación de las concesiones mineras toda vez que la nulidad de las mismas sólo puede realizarse a través de un proceso administrativo en la misma dependencia.
Apenas ayer, las autoridades comunitarias y agrarias del pueblo de San Miguel solicitaron a la SCJN atraer el caso, en espera de que los ministros resuelvan sobre la admisibilidad antes del periodo vacacional de verano.
Después de destacar que es el primer amparo que una comunidad indígena gana contra las concesiones mineras, Isidoro Vicario resaltó que sería importante que la Corte se pronunciara sobre la constitucionalidad de la ley en el sector, “desde la perspectiva de derechos humanos y derechos indígenas; si eso ocurre, todos los pueblos que en estos momentos están siendo afectados por la minería se verían beneficiados”.
Cantú Manuel contó que ante la amenaza de las mineras, autoridades municipales y agrarias de 22 pueblos de la región de la Montaña conformaron el Consejo de Autoridades Indígenas en Defensa del Territorio.
“Nos estamos uniendo para no permitir que entren las mineras a nuestro territorio, que para nosotros es sagrado, queremos que éste se conserve para nuestros nietos”, puntualizó.
