Unas 50 organizaciones sociales y no gubernamentales, así como activistas de la desaparecida Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), hicieron público un pronunciamiento para que el gobierno de Gabino Cué esclarezca el crimen del activista Bernardo Vásquez Sánchez y se logre la cancelación de la operación de la mina de plata de la comunidad indígena de San José “El Progreso”.
Fuente: Milenio
19/03/2012. Las organizaciones además exigieron se cancele la operación de la mina de plata de la comunidad de San José “El Progreso” y desaparezcan los poderes municipales en tal demarcación. También exigieron a los diputados locales revisar la ingobernabilidad que priva en el municipio de San José El Progreso para que se logre la desaparición de los poderes municipales de tal demarcación.
Los inconformes emplazaron al gobernador Cué para que encuentre y castigue a los autores del crimen del también dirigente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO).
Los organismos no gubernamentales aceptan que hace dos meses la víctima reportó una cadena de agresiones hacia los pobladores de San José del Progreso, ante su oposición a la operación de la mina “La Trinidad”, propiedad de la compañía México-estadunidense Cuzcatlán, por lo que exigieron dirigir una línea de investigación contra los concesionarios de la empresa.
Agrega que las quejas por la intimidación a Vásquez Sánchez habrían sido presentadas ante el Comité contra la Discriminación Racional de la Organización de las Naciones Unidas, quien después dictó recomendaciones al Estado mexicano para su atención. Y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CID) que pretendía dictarle a su favor medidas cautelares.
Los inconformes y profesores reiteraron que la minera “Cuzcatlán” no está cumpliendo con la normatividad al ocupar el agua de la comunidad.
“Por la escasez del agua, se pone en riesgo la sobrevivencia misma de la comunidad. También el proceso de explotación a cielo abierto y la lixiviación para extraer el mineral, puede llevar a la contaminación de los mantos freáticos”, asentaron.
Mientras tanto, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) requirió a los gobiernos federal y estatal que el “artero asesinato” de Vásquez Sánchez no quede en la impunidad porque puso en alto las violaciones al derecho cometidas por la compañía México-canadiense Cuzcatlán y la corrupción del presidente municipal de San José del Progreso, Alberto Mauro Sánchez.
“Volvemos a exigir a los gobiernos que cumplan su obligación de investigar a fondo e impartir justicia. La credibilidad se agota y su oportunidad de demostrar que son capaces de impartir justicia pronta vuelve a estar en entredicho”, advirtieron.
