Los trabajos de la empresa RM Pacific Group S.A. de C.V. en la mina cercana a Canoas fueron suspendidos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), debido a que carecen de la autorización en materia de impacto ambiental y forestal emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la construcción del camino. Ejidatarios de Canoas se manifestaron en el palacio municipal de Manzanillo para exigir al alcalde Virgilio Mendoza Amezcua negar los permisos de uso de suelo para la minera y denunciar que personal armado al servicio de la minera se desplaza por el territorio.
Fuente: Perriodismo y Noticias Manzanillo
A través de un comunicado de prensa, la dependencia federal informó que la empresa utilizó maquinaria pesada para construir un camino de terracería que conduciría de El Arrayanal hacia la mina denominada “Eva”, lo que generó una modificación de la topografía y la vocación natural del terreno provocando afectaciones en la topomorfa, además de que la vegetación forestal fue removida en una superficie de 7 mil 200 metros cuadrados, explicó la institución.
“De haber seguido tales actividades de cambio de uso de suelo sin ningún tipo de medidas de prevención, mitigación o restauración, los daños al ambiente habrían continuado incremetándose con mayor afectación forestal, pérdida de suelo y disminución de captación y erosión, por lo que es necesario que el proyecto sea sometido a evaluación de impacto ambiental y forestal”, informó la Profepa.
La clausura total temporal fue impuesta con base en el artículo 170 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para lo cual se colocaron los respectivos sellos distribuidos en las áreas afectadas.
La semana pasada, habitantes del Ejido de Canoas, situado a 4.5 kilómetros al oeste de la mina, denunciaron ante la Profepa y la Comisión de Derechos Humanos los trabajos de la mina porque consideran que afectará los ríos que surten de agua a su comunidad y a otras cinco cercanas.
En marzo, el delegado de la Semarnat, Ernesto Pasarín Tapia, aseguró que RM Pacific Group S.A. de C.V. contaba con la autorización de su dependencia para iniciar los trabajos de la mina.
El lunes pasado, ejidatarios de Canoas se manifestaron en el palacio municipal de Manzanillo para exigir al alcalde Virgilio Mendoza Amezcua negar los permisos de uso de suelo para la minera y denunciar que personal armado al servicio de la minera se desplaza por el territorio.
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Vecinos temen por sus vidas
El alcalde, Virgilio Mendoza Amezcua, declaró que suscitado de la incertidumbre que viven los habitantes de Canoas al ver la presencia de gente armada en la mina “La Eva” se llevará a cabo un operativo con la policía municipal y fuerzas federales para verificar esta situación e impedir que se den hechos que pongan en riesgo la vida la gente de esta comunidad.
Esto lo dio a conocer luego de sostener una reunión con los habitantes de Canoas, quienes se manifestaron el pasado, lunes, para pedir el apoyo del presidente municipal.
Mendoza Amezcua indicó que se debe de tener una coordinación con las demás dependencias y ver porque existe esta situación. “No podemos permitir que se asiente este tipo de gente que intimide a las personas de Canoas”.
Agregó que no se puede ser rehenes de este tipo de grupo de personas armadas que intimide y pueda afectar la tranquilidad y seguridad de las personas que habitan en Canoas y en otras comunidades.
Señaló que se le brindará el apoyo a la gente de Canoas para que se solucione el conflicto con la mina “La Eva” e impedir que sean amenazados o intimidados por grupos de personas armadas.
No quieren minería
Los vecinos sostienen que esta mina afectaría no sólo a sus cultivos sino a los manantiales que surten de agua a varias comunidades del municipio de Manzanillo. Debido a la negativa de los habitantes para permitir el libre paso de la maquinaria, la empresa RM Pacific Group S.A. de C.V. decidió hacerlo por la comunidad de El Arrayanal. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que inició una investigación por las actividades mineras en esta comunidad.
De acuerdo a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), para la instalación de esta mina se derribarían más de 2 mil árboles en la zona, asimismo se estableció que el camino de acceso al lugar -denominado Fracción II de la antigua Hacienda El Cacao- sería a través de Canoas y no a través El Arrayanal.
La semana pasada ejidatarios de Canoas acudieron a la Profepa para denunciar a la empresa por ecocidio y solicitar al delegado Ciro Hurtado Ramos la detención de los trabajos pues de lo contrario el agua del río cercano se verá contaminada.
Para los inconformes, esta mina afectaría -situada a 4.5 kilómetros al este de Canoas- no sólo a sus cultivos sino a los manantiales que surten de agua a las comunidades de Huizcolote, El Ciruelito, Cedros, El Llano, La Marina y Loma de Ávila de Camacho.
Hurtado Ramos se comprometió a investigar el caso a través de una visita de inspección, además de que comprobarse la falta de permisos para la tala de árboles, se detendrá la actividad de la minera, además de aplicarse las multas y medidas de restauración en el lugar.
La semana pasada, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que inició una investigación por las actividades mineras en esta comunidad. Indicaron que un equipo de visitadores se trasladó a este municipio para recabar la información necesaria.
En febrero pasado, la asamblea del Ejido de Canoas determinó rechazar la instalación de una mina en un terreno cercano a su comunidad. Sin embargo, el delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Ernesto Pasarín Tapia, mencionó semanas después que la Manifestación de Impacto Ambiental había sido autorizada y que la mina, al encontrarse en un terreno ajeno al Ejido, iniciaría sus labores en cualquier momento.
En enero 2014, el Congreso del Estado exhortó a los tres órdenes de gobierno a rechazar o revocar cualquier permiso o autorización de explotación de una mina en la mencionada comunidad.
