En las penumbras de la Enoteca del Fondo Vitivinícola, sesenta y tres consejeros, técnica y científicamente capacitados, profesionales, en su mayoría remunerados, que tenían la responsabilidad de: “…asegurar una mejor calidad de vida para la población de Mendoza”; muy alejados de las problemáticas, las realidades y las soluciones de los mendocinos para un O.T. verdaderamente consensuado para las presentes y futuras generaciones, aprobaron a mano alzada un documento que, desoye los aportes orales y escritos planteados por el pueblo en la Audiencia Pública y en otros procesos de participación y deja vía libre para que se instale, en nuestro territorio, el modelo extractivo tantas veces repudiado por la sociedad en su conjunto.
Por Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura AMPAP
El Plan Provincial de Ordenamiento Territorial (PPOT), reglado por ley 8051, tiene entre sus objetivos: “Promover el desarrollo territorial equitativo y sostenible de la Provincia, de las áreas urbanas, rurales y naturales, en el oasis y las zonas no irrigadas de las distintas cuencas hidrográficas y regiones existentes (…) a fin de asegurar una mejor calidad de vida para la población de Mendoza, en congruencia con los principios de equidad social y equilibrio/ territorial tendientes a lograr un desarrollo sostenible y sustentable, (…) mediante la implementación paulatina de programas, planes y proyectos.”
Miembros de las Asambleas por el Agua, participaron en la construcción del Proyecto de Plan Territorial en las diversas instancias en que fue posible. En algunas regiones, el proceso se redujo a completar formularios “dirigidos, acelerados y burocráticos”, como fue el caso del oasis Sur, violando el derecho a acceder, según lo establece la ley, a: talleres, debates, y análisis, como parte del proceso. En otros Departamentos de la Provincia, los Directores de Ordenamiento Territorial, desconocían los formularios para la inscripción a la Audiencia Pública, dificultado el seguro acceso a la misma y el cumplimiento del art 15 de la Resol 109/96.
A nivel provincial, la instancia legal de la consulta popular, solo se llevó a cabo mediante la web, excluyendo a los ciudadanos que no tienen acceso a este tipo de instrumento informático. Las exposiciones de la audiencia, estuvieron controladas por el instructor, que inescrupulosamente, abría la compuerta a los lisonjeros funcionarios que a “canilla libre”, sin cumplir los procedimientos pertinentes, adulaban el Plan; mientras, que al resto de los mendocinos, nos fue “cortado el chorro” a los dos minutos. Estas acciones, forman parte de las irregularidades que impidieron el absoluto ejercicio del deber y derecho constitucional de participación ciudadana en la construcción de las Políticas de Estado.
En la reunión con autoridades del Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales, se admitieron falencias fundamentales, desde lo legal, técnico, procedimental y conceptual sobre el “borrador” del Proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial, como: “la afirmación de modificar la Ley 7722, asegurando que no es congruente con el Modelo de Ordenamiento Territorial deseado por no permitir el desarrollo de la minería metalífera; o la omisión de la Ley de Protección de Glaciares y la adecuación al inventario de los mismos; la exclusión de Áreas Naturales Protegidas (ANP) ya existentes, y de las proyectadas que figuran en el informe ambiental 2012 publicadas por el mismo Ministerio.”; esto fue reconocido en los medios periodísticos, por el Ministro Guillermo Elizalde asumiendo las falencias del Proyecto.
El documento final, deber ser analizado y aprobado por el Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial (CPOT), teniendo en cuenta, los aportes de las diversas instancias de participación ciudadana, respondiendo, además, a las observaciones realizadas en la audiencia pública.
El jueves 24 de abril, en horas de la tarde, se reunió el CPOT, (63 consejeros representantes de instituciones públicas y privadas, presidido por el actual Ministro de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales), para la aprobación definitiva del proyecto de Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, que posteriormente, deberá ser presentado a la Legislatura para ser sancionado como Ley. Proyecto que continuaba con los mismos vicios enumerados en la Audiencia Pública, salvo la exclusión expresa de la Ley 7722 en cuanto a su modificación y la inclusión de la Ley de Glaciares, como resultado de la participación de las asambleas.
En las penumbras de la Enoteca del Fondo Vitivinícola, sesenta y tres consejeros, técnica y científicamente capacitados, profesionales, en su mayoría remunerados, que tenían la responsabilidad de: “….asegurar una mejor calidad de vida para la población de Mendoza”; muy alejados de las problemáticas, las realidades y las soluciones de los mendocinos para un O.T. verdaderamente consensuado para las presentes y futuras generaciones, aprobaron a mano alzada un documento que, desoye los aportes orales y escritos planteados por el pueblo en la Audiencia Pública y en otros procesos de participación y deja vía libre para que se instale, en nuestro territorio, el modelo extractivo tantas veces repudiado por la sociedad en su conjunto. Un proyecto desvirtuado en su esencia, un “Cheque en blanco”, que afirma como prioritario, un programa de compatibilización y actualización de la normativa vigente para la preservación y administración del recurso hídrico.
Esta parodia de aprobación inmediata, está instigada por el apuro absurdo del Poder Ejecutivo Provincial que, carente de anuncios relevantes, necesita incluir, un tema trascendental para “todas y todos” en el discurso del 1 de Mayo, como si el Ordenamiento Territorial fuera una especie de trofeo de una gestión, por demás inepta e intrascendente, que carece de otros anuncios relevantes para lucir, en sintonía con su delirio de “espíritu grande” (y con los intereses espúreos de sus ex compañeros megamineros y socios del Estudio BRGPG) Este gobernador, ¿ex? abogado de la Barrick, ordenó apretar el levantamanos automático de los 63 consejeros.
En este contexto DECLARAMOS que:
EL PROYECTO TAL CUAL FUE APROBADO, NO TIENE LICENCIA SOCIAL, ya que el 90% de la población lo desconoce, por lo tanto es ilegal desde el procedimiento necesario de participación ciudadana.
Dudamos de los entes de ordenamiento territorial, de sus procesos acelerados y anti-democráticos en la toma de decisiones.
Dudamos de los “profesionales”, comprometidos laboral e ideológicamente, que actúan como simples “levantamanos”.
SEGUIREMOS ADELANTE, LUCHANDO, A CADA PASO QUE SE DÉ.
ALLÍ ESTAREMOS PARA EXIGIR UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA DEFENDER NUESTROS BIENES COMUNES Y SOCIALES, PORQUE “NO SE COMPRA, UNA PATRIA QUE NO SE VENDE”
¡¡ LEGISLATURA ALLÁ VAMOS!!!!!
AMPAP – Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura
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