Las últimas evidencias sobre el asesinato de Berta Cáceres apuntan al Estado hondureño como responsable. Los tres militares implicados en el caso habrían recibido entrenamiento contrainsurgente de parte de los EE.UU. Los acusados del asesinato de Berta Cáceres recibieron entrenamiento en Estados Unidos y pertenecían a las fuerzas de inteligencia militar de Honduras de acuerdo a lo reflejado en el expediente jurídico del caso, reseña el periódico británico The Guardian.
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Fuente: TeleSUR
Las evidencias contenidas en el expediente apuntan a la hipótesis de que la muerte de la activista indígena fue una ejecución extrajudicial. Así lo había denunciado ya el único testigo de la muerte de la indigenista, Gustavo Castro, quien señala al Estado hondureño como responsable.
Cáceres se oponía al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que dejaría sin agua al pueblo indígena Ienca. En la noche del 2 de marzo de 2016 varios sujetos ingresaron a su casa y le dispararon. La activista había recibido al menos 33 amenazas de muerte.
Hasta ahora van ocho personas capturadas y señaladas como responsables del asesinato. Tres de ellos son militares hondureños, quienes habrían recibido entrenamiento militar por parte de los Estados Unidos.
Mariano Díaz Chávez es un veterano de las fuerzas especiales hondureñas y desde 2015 se encontraba al frente de la inteligencia militar del país. Díaz y el teniente Douglas Giovanny Bustillo — también detenido por el asesinato y exempleado de la empresa responsable del proyecto hidroeléctrico — habrían recibido entrenamiento antiterrorista en EE.UU. en 2005. Bustillo recibió entrenamiento en la infame Escuela de las Américas.
El tercer militar detenido, el sargento Henry Javier Hernández, es un francotirador y se convirtió en informante de la inteligencia militar cuando se retiró en 2013. Los tres visitaron el pueblo de La Esperanza, donde vivía Cáceres, en varias ocasiones, de acuerdo a los registros telefónicos.
Sergio Rodríguez, ejecutivo del proyecto Agua Zarca también fue detenido. La empresa responsable del proyecto era Desarrollos Energéticos S.A. (Desa), cuyo presidente, Roberto David Castillo Mejía, es miembro retirado de los servicios de inteligencia militar.
Desde el golpe de Estado contra el expresidente Miguel Zelaya en 2009, al menos 120 activistas han sido asesinados en Honduras. El país centroamericano fue declarado el lugar “más peligroso para defender el planeta”, según un informe de Global Witness. La organización denuncia una relación entre la clase política y empresarial del país y la represión y asesinato de activistas políticos en los últimos años.
