La minería en Guatemala viola los derechos humanos porque “se les impone un modelo económico y social que rompe su propio tejido social y los expone a graves riesgos por la contaminación que esta industria (la minera) provoca”, según un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) presentado hoy en la capital guatemalteca.
Fuente: EFE
Las violaciones a los derechos humanos se dan en el contexto de un estado débil, fragmentado y signado por la impunidad, indica el estudio “La industria extractiva en Guatemala: políticas públicas, derechos humanos y procesos de resistencia popular en el período 2003-2011”.
Según la coordinadora de la investigación, Semona Yagenova, a las comunidades guatemaltecas “se les impone un modelo económico y social que rompe su propio tejido social y los expone a graves riesgos por la contaminación que esta industria (la minera) provoca”.
Yagenova dijo durante la presentación este miércoles del estudio, en la sede de Flacso Guatemala, que la situación es consecuencia de un débil marco jurídico-institucional y los fuertes intereses del sector privado.
El estudio señala que la actividad minera en Guatemala se enmarca en un modelo basado en la explotación de los recursos naturales sin consulta previa con las comunidades, derivado de una reforma legal llevada a cabo en 1997 durante el Gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000), que se enfocó en una corriente de privatizaciones.
Precisa que entonces comenzó un proceso de adquisición de terrenos por parte de la trasnacional canadiense Goldcorp en áreas mineras en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, ambos en el departamento de San Marcos (oeste), después que el Estado le otorgó las licencias respectivas.
La Goldcorp, la única trasnacional en el negocio de la minería en Guatemala, comenzó operaciones en el país hace unos cinco años, en los que ha exportado minerales por un valor de 1.116,7 millones de dólares, según los datos de la empresa.
Óscar Morales, un dirigente de la comunidad de San Rafael Las Flores, en el departamento oriental de Santa Rosa, comentó a periodistas que los proyectos extractivos “no son viables en lo social, ambiental y económico”.
Desde el punto de vista de las comunidades, los proyectos mineros “nos dividen en lo social y en lo económico, porque no representan una vía para nuestro desarrollo, y en lo ambiental porque contaminan las fuentes de agua y acaban con los bosques para nuestros hijos”, argumentó.
Según las estadísticas oficiales, en 2011 Guatemala exportó metales y piedras preciosas por un monto de 941,6 millones de dólares, y el sector se convirtió en el tercer generador de divisas después del café y los artículos de vestuario.
Esa cifra fue superior a los 417,96 millones de dólares en divisas por las exportaciones que generó la industria extractiva, de acuerdo con el Banco de Guatemala (central).
