LOS PUEBLOS ORIGINARIOS NUNCA HAN PEDIDO MORATORIAS; UN PRESIDENTE DEMOCRÁTICO DEBE SER CONGRUENTE CON LOS RESULTADOS DE LAS CONSULTAS COMUNITARIAS DE BUENA FE.
El anunció del Presidente de la República de Guatemala de presentar una iniciativa de ley en el Congreso de la República para decretar “una moratoria por dos años para no dar más licencias para la minería metálica” en el país, mientras comienza el debate por una nueva Ley de Minería, en el Legislativo, no es novedosa ni trascendente para los Pueblos Originarios de Guatemala; su antecesor, el Señor Alvaro Colom Caballeros ya lo había ensayado.
Retraer la moratoria para el otorgamiento de licencias mineras, es otra evidencia de lo precipitado e improvisa actitud del actual gobernante con la que se levanto la moratoria predecesora.
Aún, cuando los Pueblos originarios habían presentado una acción de inconstitucionalidad en contra de la actual Ley de Minería, el Ejecutivo realizó dos acciones desesperadas: a) la suspensión de la moratoria dejada por su predecesor y, b) la presentación de una iniciativa de reforma de la Ley de referencia.
Con la suspensión de la primera moratoria, masivamente se otorgaron inconsultamente licencias de mactividad minera en territorios indígenas y, con la iniciativa de reforma de la ley, se evidencia la falta de patriotismo el resguardo de la soberanía nacional. Esta iniciativa maquiavélica detalla que, en caso de que se apruebe una reforma al Decreto 48-97, Ley de Minería, o se cree una nueva Ley, el recién entregado proyecto quedaría derogado.
La iniciativa de ley de Moratoria -“suspensión de la emisión de licencias”- no tendrá vigencia de forma inmediata, ya que esta tiene que ser leída en el Pleno, enviarse a la Comisión de Energía y Minas para buscar su dictamen y luego retornar el proyecto para iniciar su discusión.
Esta iniciativa es una “cortina de humo y un perfecto show” que buscar apaciguar la resistencia comunitaria, los conflictos originados por la imposición del modelo minero en el país. Esta propuesta es contradictoria, cuando en año y medio el Ejecutivo ha entregado alrededor de cien licencias de minería metálica.
Los pueblos no han pedido moratorias en las consultas comunitarias; los pueblos han exigido al Gobierno respeto a las decisiones emitidas desde las consultas comunitarias de buena fe, en las cuales, se han rechazado rotundamente el modelo de muerte encubierto en la actividad minera.
Guatemala, no necesita saquear al país para generar su propio desarrollo, la actividad minera no es la alternativa única ni prioritaria para un modelo de desarrollo integral.
Huehuetenango, julio de 2013
ASAMBLEA DE PUEBLOS DE HUEHUETENANGO –ADH-; MIEMBROS DEL CONSEJO DE PUEBLOS DE OCCIDENTE –CPO-
