En entrevista en el programa Diálogo Libre, que se transmite a través de www.prensalibre.com, Érick Archila, ministro de Energía y Minas (MEM), explicó cuál es el objetivo del Estado en cuanto a impulsar una nueva ley de minería.
Fuente: diario Prensa Libre
[image: Durante el programa Diálogo Libre, Érick Archila, ministro de Energía y Minas, explicó la postura de la dependencia que dirige respecto de la ley que norme la industria extractiva.
Durante el programa Diálogo Libre, Érick Archila, ministro de Energía y Minas, explicó la postura de la dependencia que dirige respecto de la ley que norme la industria extractiva.
A continuación, la plática con el funcionario.
El Ejecutivo desistió de reformar los artículos 125 y 242 de la Constitución, que establecían el derecho de participación del Estado hasta en 40 por ciento de las compañías mineras, pero la ley que rige esa industria aún lo contempla. ¿Cómo lo plantea el Estado?
El reto es modernizar el sector de la industria extractiva. Guatemala es un país de reciente ingreso en esta industria (2003) y parte del lineamiento cuando asumió este gobierno fue cómo modernizar al sector. Por supuesto que hay que corregir los errores que se hayan encontrado.
La legislatura actual data de 1997, por lo que se requiere una nueva visión. Desde enero hasta junio promovimos una propuesta a la reforma de la ley que lleva el análisis de propuestas anteriores. En julio se entregó al presidente Otto Pérez Molina una propuesta, y se consideró que no era conveniente en este momento plantearlo como una reforma constitucional, y lo que se buscó fue dejarlo plasmado en una ley.
Las compañías estatales en el sector de la industria extractiva están presentes en varios países. Es importante, porque hay proyectos que requieren acompañamiento del Estado.
En este momento, si viniera una compañía que quisiera ser socia del Estado, no hay ningún marco jurídico que lo permita, y de allí la importancia de la ley.
¿Esto podría aplicarse con las licencias existentes o con proyectos futuros?
Debe ser con los proyectos futuros, ya que hasta ahora solo existe una mina en operación que es Marlin. Las demás tienen licencias de exploración. Lo que se busca es dejar los marcos teórico, práctico y legal, para que si de aquí a 15 años se quiere desarrollar una nueva operación, el Estado pueda contemplar la posibilidad de participar.
¿Cuántas licencias de explotación están autorizadas y cuántas solicitudes hay?
Hay que entender que la minería se divide en dos: la de orden no metálico y la de metálico.
Hay 170 licencias de explotación, pero licencias de explotación minera de material metálico solo existe la de la Mina Marlin. Las otras están en fase de exploración.
Analizamos algunos proyectos que han cumplido con mucho de la fase de exploración y pueden cumplir los requisitos para empezar con la explotación.
¿Cuáles son esos proyectos?
Uno es Tahoe Resourcers, propietaria de la mina San Rafael Las Flores, en Santa Rosa, y Compañía Guatemalteca de Níquel, en Izabal.
¿Cuáles son los destinos de las regalías?
Este era uno de los temas primarios que el presidente Otto Pérez impulsó.
El porcentaje de regalías que tenía el país era de 1 por ciento, y lo que se hizo fue llegar a un consenso comparando marcos de otros países de Latinoamérica, y el 28 de enero se firmó un convenio de regalías voluntarias para pasar de 1 por ciento a 5 por ciento.
La idea es dejar plasmado ese 5 por ciento en ley, ya que de momento solo es un acuerdo voluntario, y eso puede repercutir en las decisiones futuras de las empresas.
Ha habido críticas en cuánto a que no existe un fondo minero para el cierre técnico de una minera. ¿Cómo está la situación en ese sentido?
Promovemos la reforma a la ley minera. Es una modificación de 33 artículos de los 80 que tiene. El cierre técnico no puede hacerse al final de la operación, debe hacerse de manera permanente en la producción minera.
La ley plantea un seguro para ese cierre. Si la compañía quiebra a mitad de su licencia, este seguro permitirá al Estado tener fondos y garantías necesarias para cubrir daños ambientales y otros gastos.
¿En la propuesta de reforma se incluirá el tema de la consulta popular?
Eso no corresponde a mi cartera. En la ley se contempla que exista un mecanismo de información.
La empresa que quiera llegar debe tener un mecanismo de información. El tema de la consulta no es vinculante con la actualidad.
Creemos que desde antes del proyecto se debe uniformar. Es un modelo que hemos visto en otros países como Chile. El tema de la consulta tendría que ir reglamentada.
Al momento de asumir el cargo, implementamos el Viceministerio de Desarrollo Sostenible.
Es una unidad que debió haber existido desde antes.
