Fuerzas de seguridad que estaban a disposicíon de mineras. Compromiso de sacar el contingente militar que se encuentra en la planta cementera de San Juan Sacatepéquez, en la minera de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos y en la explotadora de níquel, en El Estor, Izabal. Sin embargo, el presidente Álvaro Colom rechazó la demanda de los campesinos de ordenar el cierre de dichas empresas, amparándose en la defensa de la inversión extranjera y el empleo.
Fuente: diario Prensa Libre
16/10/2009. Tras una reunión de varias horas entre dirigentes campesinos y delegados del Ejecutivo en la que participó también el presidente Álvaro Colom, el Gobierno se comprometió a retirar al Ejército de varios lugares conflictivos.
Después de que se dieron a conocer los acuerdos, Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC) informó que no se descarta que se lleven a cabo manifestaciones, debido a que el Gobierno no accedió a la liberación del Ramiro Choc, quien fue capturado y acusado de dirigir una invasión y depredación de áreas protegidas en Izabal, y a la expulsión de las mineras.
Al respecto, el presidente Colom se comprometió a efectuar una reunión de trabajo con autoridades del Ministerio de Gobernación el próximo 21 de octubre hablar del tema, pero exhortó a los campesinos a que esa demanda sea planteada ante los órganos jurisdiccionales.
Además, remarcó la importancia de fortalecer el papel rector y normativo del Estado y las implicaciones económicas que tendría el retiro de las empresas en la generación de empleo e inversión productiva.
Sin embargo, el gobernante ordenó una investigación sobre los hechos ocurridos recientemente en El Estor, Izabal, incluyendo el papel de la Gobernadora Departamental de ese municipio en el caso.
Entre los puntos en los que hubo acuerdo destaca el compromiso del Ejecutivo de ordenar el retiro del contingente militar que se encuentra en la planta cementera de San Juan Sacatepéquez, en la minera de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos y en la explotadora de níquel, en El Estor, Izabal.
En la reunión, que tuvo lugar en el Fondo de Tierras (Fontierras), ubicado en la zona 9, y se prolongó durante casi seis horas, participó el presidente Colom, pero después de que se lograron los principales acuerdos, el mandatario se retiró y el diálogo continuó entre los campesinos y delegados del Gobierno.
Colom accedió el pasado lunes a reunirse con los activistas para poner fin a las presiones de miles de campesinos que se manifestaron ese día y que bloquearon las entradas a la capital y carreteras del interior del país, jornada en la que hubo un manifestante muerto y dos más heridos en un incidente violento ocurrido en el puente El Caminero, Mixco.
También se acordó que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) acompañará una investigación para identificar a los grupos armados que han perpetrado los crímenes contra los manifestantes en Lívingston y El Estor, Izabal; San Miguel Ixtahuacán, San Marcos y San Juan Sacatepéquez.
El presidente se comprometió a no otorgar nuevas licencias de exploración ni explotación minera hasta que se logre un consenso en la Mesa Nacional de Minería que será instalada a corto plazo.
También acordaron dar a conocer los resultados de un monitoreo realizado en agosto pasado sobre el impacto ambiental para la instalación de la cementera en San Juan Sacatepéquez.
Otro punto del acuerdo señala que el ministro de Ambiente, Luis Ferraté, en representación del Ejecutivo, junto a dos representantes de los otros dos poderes del Estado, efectuarán una visita de campo a la cementera en San Juan Sacatepéquez para determinar el impacto ambiental de ese megaproyecto en el ambiente del lugar, la cual debe realizarse durante la primera quincena de noviembre.
Movimiento campesino rechaza postura oficial sobre minería
El movimiento campesino observó hoy que la conflictividad entre las poblaciones por la explotación minera en Guatemala aumentará y se ha adelantado a responsabilizar al presidente Álvaro Colom, que ayer se negó a actuar en contra de las empresas que extraen mineral durante una reunión para discutir sobre la problemática del campo.(Foto: campesinos aguardan mientras se discuten los acuerdos con el gobierno)
“Creemos que el presidente cometió un grave error. En lugares donde hay minería también hay conflictividad y rechazo popular, como San Juan Sacatepéquez, Jalapa e Izabal, y en cambio defiende a empresas que no dan empleo masivo pero sí contamina el ambiente y las fuentes de agua, y hasta evaden impuestos”, dijo hoy el dirigente Daniel Pascual, que ayer participó en la reunión con Colom.
El gobernante rechazó la demanda de dirigentes campesinos de ordenar el cierre de dichas empresas, en defensa de la inversión extranjera y el empleo. El Gobierno afirma que no ha entregado ni entregará licencias mineras sino hasta que se promulgue una ley que dé participación a las comunidades donde se explotarán minerales.
La postura de Colom irritó al movimiento campesino, que nuevamente amenaza con bloqueos como los del 12 de octubre, que impidió la movilidad en las entradas a la capital y en carreteras principales.
Pascual anunció que las protestas continuarán si no existe interés en atender las demandas que han exigido las poblaciones afectadas.
En San Juan Sacatepéquez, la población está dividida por la instalación de una cantera cementera, mientras que la Iglesia Católica encabeza el rechazo popular en contra de la actividad minera en las montañas del municipio de Santa María Xalapán, Jalapa.
Entre tanto, en el Estor, Izabal también existe un conflicto sobre el tema, el cual se exacerbó tras la muerte violenta de un maestro durante un desalojo de campesinos de un terreno que la Compañía Guatemalteca de Níquel reclama como suyo, para un proyecto de explotación de ese mineral.
