La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) instó al Estado de Guatemala, en su informe anual, a implementar las recomendaciones formuladas en los cinco estudios anteriores.
Fuente: diario Prensa Libre
24/03/2011. Alberto Brunori, representante de Navi Pillay, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó: “La alta comisionada urge al Estado a hacer uso de la base de datos sobre el seguimiento de recomendaciones. Propone a las instituciones correspondientes implementar con celeridad estas sugerencias”.
Además, invitó a los partidos políticos —en el contexto electoral— “a comprometerse con la implementación de estas recomendaciones, así como a incluirlas en sus agendas y a considerar acciones afirmativas en favor de las mujeres y los pueblos indígenas en sus planillas electorales y en instituciones públicas”.
La Oacnudh hizo una compilación de las recomendaciones efectuadas en los informes correspondientes del 2005 al 2010, las cuales, según Brunori, “constituyen una guía completa, precisa y certera para que Guatemala avance en materia de derechos humanos”.
El informe de la Oacnudh refleja que persisten “formas de violencia severa, como el femicidio y el homicidio de personas socialmente marginadas”, y agrega: “Las funciones de seguridad continúan cediéndose de facto, tanto a entidades privadas, sobre las cuales no hay control efectivo, como a la fuerza militar”.
Además, critica la proliferación y disponibilidad de armas de fuego legales e ilegales, así como las amenazas y presiones a jueces, fiscales y otros sujetos procesales, y el hacinamiento en el que viven niños y adolescentes privados de libertad.
En cuanto a defensores de derechos humanos, el documento establece la importancia de que el Estado envíe un mensaje claro de reconocimiento a su trabajo, pues se tiene la percepción “equivocada” de que defienden a delincuentes.
En cuanto a los pueblos indígenas, detalla que persisten “esquemas estructurales de racismo en el ámbito político, económico y social”.
Agrega que las prácticas de discriminación racial y de género son “conocidas y toleradas, y en algunos casos cometidas por funcionarios del Estado”.
Oacnudh calificó de “alarmantes” las cifras de desnutrición, mientras Pillay expresa su preocupación por esa situación.
