Guatemala – 14/08/07. En octubre de 2005 la empresa Montana Exploradora de Guatemala inició con sus operaciones mineras en la región montañosa de San Marcos, en el altiplano occidental de Guatemala. Desde su inicio, los trabajos mineros están realizados sin el respaldo de las comunidades indígenas cercanas a la mina. Sin embargo, la empresa minera sigue insistiendo que la explotación minera está provocando el desarrollo de los pueblos en la cercanía de la mina.
Por Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE)
En octubre de 2005 la empresa Montana Exploradora de Guatemala inició con sus operaciones mineras en la región montañosa de San Marcos, en el altiplano occidental de Guatemala. Durante un periodo de diez años la compañía Montana, subsidiaria de la empresa canadiense Goldcorp, pretende sacar unos 2.67 millones onzas de oro. Con una producción anual de alrededor de 200 mil onzas de oro, los ingresos de la compañía son de un promedio de US$ 125 millones.1
Desde su inicio, los trabajos mineros están realizados sin el respaldo de las comunidades indígenas cercanas a la mina. Eso ha sido más que evidente durante al consulta comunitaria en las diferentes aldeas de Sipacapa, en 2005, cuando la gran mayoría de la población mostró su rechazo, y por los varios bloqueos de los caminos de acceso a la mina por los vecinos de San Miguel Ixtahuacán durante el transcurso de las operaciones mineras.
Sin embargo, la empresa minera sigue insistiendo que la explotación minera está provocando el desarrollo de los pueblos en la cercanía de la mina. Poco a poco las grandes máquinas de la empresa Montana están devorando las montañas. A tiempo se creará un cráter de 800 metros de diámetro y unos 250 metros de profundidad. Los camiones llevan a diario 4,023 toneladas de roca a la planta de procesamiento para ser trituradas.
La mina se encuentra en una zona muy poblada. A pocos metros del proyecto minero se encuentra la comunidad de San Miguel Ixtahuacán. Los vecinos de estas comunidades mencionan que fueron presionados a vender sus terrenos, dado que la empresa vino con el permiso del Ministerio de Energía y Minas (MEM) para iniciar la explotación. No vender el terreno, según la empresa, significaría un muy posible desalojo.
Un cartel que se encuentra en la vía pública entre San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, al lado de la mina, muestra un mensaje casi amenazante para quienes que manejan su vehículo por esta carretera.
El proyecto minero ha circulado con malla metálica (cerca o alambrada) los terrenos que compraron en las comunidades. Esa acción no es solo para proteger su “propiedad privada” sino también para aislar a las familias y las comunidades. Eso se está convirtiendo en una forma de presionar a las personas para que vendan sus tierras, pues al fin y al cabo el acceso a los mismos se ve dificultado. Además es obvio que el tejido social comunitario también sufre al tener este tipo de barreras.
Según los técnicos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), la región donde se implementó el proyecto es una región semi-desértica, cuando en realidad es la parte alta de la cuenca del río Cuilco y cumple una función primordial para el socio-ecosistema pues es una zona de recarga hídrica.
En contraste con esta actividad industrial, como lo es la minería química de metales, las comunidades realizan varias prácticas de conservación en sus tierras, con el objeto de hacer actividades productivas sostenibles y así mantener a su familia. La foto muestra las terrazas en áreas cercanas a la mina donde los habitantes cultivan maíz, frijoles y papas.
Las actividades directas de la empresa minera, como las explosiones para quebrar la roca de la montaña, al igual que actividades indirectas, como el paso de unos 40 camiones al día, han provocado que, hasta ahora, 57 casas en aldeas cercanas a la mina sufran grietas en sus paredes. A pesar de que las casas se empezaron a rajar desde el inicio de las operaciones mineras, la compañía descarta cualquiera relación.
Uno de las promesas de la empresa minera, al llegar a San Marcos, era asfaltar las diferentes carreteras de terracería en el área de la mina Marlin. Para empezar habrá que resaltar que esta tarea debe ser ejecutada por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y no por una empresa privada. La forma adecuada sería aumentar la recaudación tributaria para que el Ministerio tuviera fondos para realizar las obras correspondientes.
Al principio del año 2007 un tramo de 1 kilómetro en la carretera de San Marcos a San Miguel Ixtahuacán fue asfaltado por la empresa minera. La capa de asfalto después de apenas seis meses de uso ya se encuentra totalmente deteriorada. ¿Acaso eso es el “desarrollo” que prometió traer la Montana Exploradora de Guatemala?
En un cartel se ve el total de impuestos pagados por la empresa minera desde el inicio de las operaciones en 2005. Según la Ley de Minería, San Miguel Ixtahuacán, como municipio donde se realiza la explotación minera, debe recibir el 0.5% de todas las ganancias de Montana Exploradora. 2 Vemos que la municipalidad de San Miguel Ixtahuacán hasta el mes de junio de 2007 recibió el monto de Q 7.574.361,39 – una cantidad en dólares de $ 987.530,82. Siendo el 0,5% de sus ganancias, se puede concluir que las ganancias para la empresa (las ganancias totales menos el 1% de regalías) iguala una cantidad de Q 1.499.723.555,22 – en dólares: $ 195.531.102,38. Eso corresponde a la información publicada por el director centroamericano de Goldcorp, quien señaló que Montana producirá en el año 2007 una cantidad de oro “con el valor de más de US$ 125 millones”.3
Queda claro que la cantidad de dinero que la empresa paga al estado (el 0,5% de las ganancias más la Impuesta sobre la Renta) – hasta ahora Q 69.415.837,19 o US$ 9.050.304,72) – no les debería preocupar mucho.
A pesar de los desilusiones con la explotación minera de los habitantes en las municipios alrededor del proyecto Marlin, la empresa minera, sigue engañado la población, intentando hacerla creer que su presencia traería beneficios para todos; “fortaleciendo el desarrollo integral de San Marcos”, como dice un cartel.
No obstante, la población de San Marcos se ha dado cuenta de los impactos negativos que trae la actividad minara y ya no se dejará engañar tan fácilmente. Destaca la resistencia pacifica a través de las consultas comunitarias en que miles de marquenses, adultos y jóvenes, han expresado su rechazo a la minería de metales, al igual su apoyo a proyectos de desarrollo sostenible.
Más información: Comisión Pastoral Paz y Ecología – http:///www.resistencia-mineria.org
Diócesis de San Marcos, San Marcos, Guatemala, agosto de 2007
Notas:
1 Durante el último año el precio de la onza de oro ha fluctuado entre $650 y $700.
2 La Ley de Minería (Decreto 48-97 del Congreso) ordena que una empresa minera debe pagar al estado de Guatemala como regalía el 1% de sus ganancias, dividido en el 0.5% al municipio donde se realiza la explotación y 0.5% al gobierno central.
3 Goldcorp planea explotar oro en proyecto Cerro Blanco, en Jutiapa, El Periódico, 5 de julio de 2007.
