Recientemente hubo una reunión en el Congreso de la República en la que participaron organizaciones ambientalistas, de derechos humanos, representantes de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, del Ministerio de Energía y Minas (MEM), de la Cooperación Internacional, algunos partidos políticos y el Presidente del Congreso. El propósito de esta reunión fue conocer los avances en cuanto a la ley de minería y la viabilidad de plantear una moratoria a la ley. Lo sorprendente de la reunión es que el representante del MEM, ejemplificó cómo se calcula la entrega de regalías y citó como caso específico los cálculos que se han hecho a la mina Marlin operada por Montana Exploradora subsidiaria de la canadiense Goldcorp.
Por Rigoberta Menchú* publicado en Siglo 21
Recientemente se tuvo una reunión en el Congreso de la República en la que participaron organizaciones ambientalistas, de derechos humanos, representantes de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, del Ministerio de Energía y Minas (MEM), de la Cooperación Internacional, algunos partidos políticos y el Presidente del Congreso. El propósito de esta reunión fue conocer los avances en cuanto a la ley de minería y la viabilidad de plantear una moratoria a la ley en tanto se discute una nueva ley que podría ir en dos direcciones: prohibir totalmente la producción minera o permitir su explotación de manera regulada y en consulta con los pueblos ancestrales, tal como lo establecen los Convenios Internacionales ratificados por Guatemala. Lo sorprendente de la reunión es que el representante del MEM, ejemplificó cómo se calcula la entrega de regalías y citó como caso específico los cálculos que se han hecho a la mina Marlin operada por Montana Exploradora subsidiaria de la canadiense Goldcorp.
El Ministerio de Energía y Minas solo tiene la capacidad de hacer un muestreo aproximadamente al 20 por ciento del volumen de producción de la empresa Marlin. Con base en este porcentaje realizan un prorrateo y colocan concentraciones aproximadas. Quien saca de Guatemala los lingotes de oro y los lleva a Canadá, ni siquiera controla la producción total de esta empresa minera. En ese país la empresa vuelve a realizar un proceso metalúrgico para separar el oro de la plata y de otros minerales que se encuentren. Luego de que la empresa concluye este proceso, determina, de acuerdo con las declaraciones de comercialización, la cantidad que le dará al gobierno de Guatemala bajo el concepto de regalía. La empresa certifica y determina “cuánto va a donar” a Guatemala. Esta situación demuestra dos cosas importantes, la primera es que el gobierno no tiene la capacidad y autoridad de medir los volúmenes de producción de las empresas mineras, lo que supone un saqueo al estilo colonial, donde el gobierno facilita el robo descarado y se pone al servicio del explotador, y la segunda, un servilismo estatal ante las empresas mineras.
¿Cómo es posible que la SAT no tenga un control sobre el volumen de producción de la empresa minera y sí lo tenga para las tiendas de barrio? La SAT debe fiscalizar esta actividad extractiva con el fin de hacer cumplir la ley y deducir responsabilidades a quienes estén permitiendo este robo descarado.
Revisar la ley de minería y abrir una consulta popular amplia que involucre a los pueblos originarios, organizaciones y otras expresiones de la sociedad civil es impostergable. Para ello es importante dar el primer paso, que es aprobar una ley de moratoria, de por lo menos cinco años, mientras la población guatemalteca decide qué hacer. El Congreso de la República debe declarar esta ley moratoria de urgencia nacional para asumir su responsabilidad constitucional de defender los intereses del pueblo y no de aquellas empresas que siguen saqueando descaradamente los bienes del país. Estaremos vigilantes y defenderemos nuestros territorios.
* Premio Nobel de la Paz
