Las disputas por actividades mineras en el país se acentuaron ayer, durante la vista pública que se efectuó en la Corte de Constitucionalidad (CC), en donde los sectores indígena y empresarial, así como el Ministerio Público (MP), fijaron sus posiciones cerradas en relación con la Ley de Minería. La Corte Constitucional de Guatemala dio trámite a la Acción de Inconstitucionalidad presentada en marzo por Autoridades Indígenas del país quienes han promovido el derecho ancestral de consulta en sesenta municipios, en la que han participado más de un millón de personas, entre niños, niñas, jóvenes, adultos, abuelos y abuelas.
Fuente: diario Prensa Libre
La vista, que se tenía previsto que comenzara a las 9.30 horas, comenzó 45 minutos después, en medio de tensión por parte del personal de seguridad de la CC. La Policía llegó al lugar para proteger esa sede debido a que decenas de indígenas se ubicaron frente al inmueble para respaldar a líderes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas Mayas, Garífuna y Xinca.
Para entrar, los abogados que representan a estas agrupaciones tuvieron que esperar a que concluyera una audiencia.
Sin embargo, no todos fueron tratados igual. Los representantes del sector empresarial ingresaron a la CC sin los obstáculos que les pusieron a los indígenas. El presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Industriales y Financieras (Cacif), Andrés Castillo, entró por el área del parqueo de magistrados y por allí se retiró.
Se pudo constatar que hubo una audiencia a las 9 horas, pero mientras esta se desarrollaba los abogados del sector empresarial permanecieron en la sala del primer piso de la Corte. Los indígenas esperaron en la calle.
Antes del inicio de la vista pública, Manuel Bail y Diego Cotí—líderes indígenas— efectuaron una ceremonia maya ante unas 80 personas que pudieron entrar a la sala en donde se celebró la audiencia.
Posturas
En la diligencia, el primero en exponer sus argumentos fue Cotí, quien habló en k’iche’, por lo que el pleno indicó que lo traducirán al español y luego de analizarlo emitirán el fallo. Después la abogada Lucía Xiloj pidió la anulación de la Ley de Minería —Decreto 48-97— por considerarla inconstitucional. Dijo que la actividad extractiva afecta a los indígenas, debido que las licencias otorgadas al amparo de esta legislación se encuentran en áreas pobladas.
Karla Valenzuela Elías, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, solicitó reformar la citada Ley para que incluya las consultas populares, al amparo del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) porque, agregó, el Estado está obligado a instaurar procedimientos de buena fe.
En contraposición, Mario Fuentes Destarac, abogado del sector empresarial, rechazó modificaciones a la Ley y enfatizó que el convenio referido no estaba vigente cuando se aprobó esa normativa.
Focos de conflicto
La explotación minera ha generado descontento, por sus secuelas.
Cerro Blanco, se encuentra en Asunción Mita, Jutiapa, y la licencia le fue otorgada a la empresa canadiense Golcorp. La señalan de contaminar el Lago de Güija.
San Rafael, en San Rafael Las Flores, Santa Rosa; es de Goldcorp y Tahoe. La población está en contra, por la contaminación y daño al ambiente.
El Tambor, en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, es propiedad de Exmigua. Se cree que contamina afluente de los dos poblados.
Marlin,situada en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos. La licencia fue otorgada a Montana Exploradora, y es señalada de contaminar el agua y el ambiente.
Ministerio Público solicita reforma
El Ministerio Público, por medio de la fiscal Karla Valenzuela Elías, pidió a la CC que en su fallo exhorte al Congreso a que haga cambios a la Ley de Minería —Decreto 48-97—, en donde se establezca que en todo proceso de exploración y explotación minera debe otorgarse participación a la población indígena que pueda ser afectada, en observancia del Convenio 169 de la OIT.
“Esa reforma es necesaria porque la explotación minera causa daños ecológicos y como consecuencia de ello puede poner en riesgo los intereses económicos, la supervivencia y la integridad cultural de los pueblos indígenas”, expresó Valenzuela Elías.
Adversa legislación para Pueblos Indígenas
Lucía Xiloj, abogada de los pueblos indígenas, solicitó a los magistrados que al emitir la sentencia se anule la normativa en discusión porque hay una vulneración a los poblados en donde están asentados los proyectos mineros.
“La Ley de Minería es inconstitucional porque contraviene la Ley de Amparo y la Constitución, y por ello pedimos que se expulse del ordenamiento jurídico de nuestro país”, dijo.
Explicó que el Congreso de la República al momento de emitir el Decreto 48-97 violentó el derecho a la consulta y privilegió derechos económicos particulares.
Empresarios a favor de norma
Mario Fuentes Destarac, en representación del sector empresarial, se mostró a favor de la Ley de Minería al considerar que llenó todos los requisitos para su aprobación y además porque no es excluyente.
El jurista explicó que la legislación no es arbitraria ni “sacada de la manga”, sino que obedece a un mandato constitucional. Subrayó que toda ley produce una afectación sobre todos los destinatarios.
“La Ley de Minería tiene como características su generalidad, impersonalidad y abstracción, y consecuentemente no tiene una dedicación especial”, aseveró.
